Sandra Rodríguez Nieto
En 2014 Alfredo del Mazo otorgó cuatro contratos al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, hoy prófugo de la justicia, por un total de cuatro mil 285.3 millones de pesos, cuando era titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Derivado de esos créditos, la administración de Chihuahua aumentó la deuda pública en más del 80 por ciento. Además de los préstamos, ese año, la dependencia encabezada por Del Mazo Maza también otorgó al Gobierno de Duarte Jáquez una garantía de Pago Oportuno que, de acuerdo con un boletín difundido por el Instituto Técnico para el Desarrollo de las Haciendas Públicas, permitió al chihuahuense una “mejora en sus calificaciones” crediticias.
El Gobierno de México y, en particular, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, tienen un presupuesto mayor a los 67 mil millones de pesos anuales para combatir el crimen y la inseguridad, pero sus resultados, destacan especialistas en la materia, son minúsculos, y el caso del ex Gobernador priista de Veracruz es un ejemplo de su fracaso.
El próximo 30 de abril, el Instituto Electoral del Estado de México cerrará la recepción de solicitudes para el trabajo de observación de las elecciones del 4 de junio; en cinco meses, informa, sólo 15 observadores ciudadanos se han registrado para supervisar esos comicios, que involucran 21 mil casillas y 11 millones de votantes. Académicos y políticos coinciden en que, aun cuando esos observadores no son interventores ni fedatarios públicos, su participación es un termómetro para medir el grado de avance democrático.
El Secretario de Gobernación tiene a su servicio la dependencia más robusta que se tenga registro. Apenas llegó, una serie de reformas le permitieron asumir tareas de seguridad e inteligencia que ninguno otro de sus antecesores tuvo. Miguel Ángel Osorio Chong tuvo sentado en su oficina al todavía Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, un día antes de que renunciara y se diera a la fuga.
El Gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz no sólo causó un probable daño al patrimonio del estado por más de 35 mil millones de pesos, también convirtió a la entidad en la más peligrosa de México, especialmente para ejercer el periodismo.
El priista Manuel Cavazos Lerma gobernó Tamaulipas del 5 de febrero de 1993 al 4 de febrero de 1999. El hoy Senador de la República fue investigado en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa por ligas con cárteles del narcotráfico y por su presunta relación con el asesinato del candidato a la gubernatura Rodolfo Torre Cantú. Tomás Yarrington Ruvalcaba, su sucesor en el Gobierno tamaulipeco, fue también Secretario de Hacienda en su sexenio. Sin embargo, a Cavazos Lerma no se le ha tocado. «El que nada debe nada teme, yo duermo muy tranquilo», ha dicho varias veces a la prensa.
Cuando algún político priísta se ve acusado de corrupción, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, se pronuncia por la prevalencia del castigo.
Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz cumple 181 días prófugo de la justicia mexicana, un día más de lo que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto tardó en recapturar a Joaquín Guzmán Loera, el supuesto narcotraficante más poderoso del mundo. Para analistas como José Antonio Crespo, Alberto Aziz Nassif y Daniel Vázquez Valencia el caso de Javier Duarte es una expresión mayúscula de la corrupción y la impunidad de la clase política en México, y de la falta de voluntad del actual Gobierno federal para ejercer la justicia, ya sea por complicidad o por omisión.
Si el combate a la delincuencia se midiera sólo por las cifras de homicidio doloso que registra el Ejecutivo federal, el Gobernador priísta de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, sería un éxito debido a que, entre 2011 y 2016, logró reducir ese indicador un 91.4 por ciento.
El Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa que en México está en riesgo el apoyo que los electores han dado desde hace años a los partidos que aplicaron el modelo económico neoliberal, consideró el académico e investigador de política binacional, Antonio Payán Alvarado.
John Kelly, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, expresó el miércoles que un Gobierno de izquierda en México no sería bueno ni para su país. La frase se tomó como una intromisión en el proceso rumbo a la elección de 2018 que, de acuerdo con la mayoría de las encuestas, lidera Andrés Manuel López Obrador. Este jueves, Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que el Gobierno de Donald Trump debe mantenerse fuera del proceso electoral, pero especialistas en la relación bilateral le recordaron a Videgaray Caso y al Gobierno de Enrique Peña Nieto que ellos fueron los primeros en meterse en la elección de EU, al invitar a Trump –entonces candidato del Partido Republicano– a visitar Los Pinos, el 31 de agosto de 2016.
Los integrantes del colectivo presentado esta mañana insistieron en que la existencia del “pacto de impunidad” entre políticos es lo que perpetúa la corrupción y hace que la justicia, cuando se aplica, sea sólo de manera selectiva.
El entorno en el que crecen los que los niños y adolescentes en el estado que gobierna Eruviel Ávila tiene rasgos de “inhumanidad”, dice Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim); la administración pública no los ve como sujetos de derechos, sino que los ha “convertido en mercancías y en objetos de hechos delictivos”, agrega.
No había pasado ni una semana del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea en Chihuahua cuando, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, la casa del reportero Julio Omar Gómez fue incendiada de manera intencional por agresores que también le dispararon a su guardaespaldas.
Por primera vez en su historia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llega a la antesala de la elección en el Estado de México, bastión de ese instituto político y origen del Presidente Enrique Peña Nieto, arrastrando el descrédito de tener a dos ex gobernadores prófugos de la justicia.
Las transiciones que hubo en varios estados del país, particularmente en Chihuahua, han sido el escenario ideal para reacomodos y el aumento de la violencia, consideró el abogado Jaime García Chávez. En entrevista con SinEmbargo, el también activista afirmó que la transición vino a tener este efecto [de violencia], y lo lamentable es que se haya querido encarar desperdiciando cuatro meses, dándole “chanza” [oportunidad] a Duarte y luego llevando a un cuadro de la PGR al escenario.