Ricardo Ravelo
La permanencia de los militares en tareas de seguridad, anunciada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), era de esperarse.
Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, podría quedar en libertad en muy pocos días. Quizá antes de la navidad, el ex mandatario abandone la prisión en la que fue recluido tras su captura efectuada en Guatemala en abril de 2017.
Los responsables de la seguridad de López Obrador y diversas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos llevan a cabo foros en el país para conocer las profundas heridas de una sociedad golpeada por el crimen organizado.
Dos pilotos del área de Servicios Aéreos de Veracruz –Esdras Morales y José Luis Crisanto– están desaparecidos luego de que, a principios de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, desatendieron un llamado de Manuel Muñoz Ganem, operador financiero del Gobernador de Veracruz, para realizar un vuelo urgente a la Ciudad de México.
Se trata de Marcos Even Torres Zamudio, quien según sus antecedentes públicos, es abogado de la familia Yunes Márquez, fue mentor del actual fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz. Es una persona a modo, un fiscal totalmente manipulable y que estará a las órdenes del gobernador y no de la sociedad. Así es la transparencia de Yunes Linares.
Cada sexenio se pone en marcha una nueva política para enfrentar al crimen organizado, pero al transcurrir los seis años de gobierno el resultado siempre ha sido un gasto excesivo en el “combate” a la delincuencia y lo frustrante para la sociedad es que la delincuencia sigue de pie generando violencia e inestabilidad en el país.
La amnistía propuesta por Andrés Manuel López Obrador para desactivar la violencia generada por el crimen organizado, no tuvo gran impacto electoral en el estado de Guerrero, particularmente en el distrito federal sexto –conformado por trece municipios– donde los dueños del poder absoluto son los jefes de Los Ardillos y Los Rojos, principales cárteles que operan en esa región.
López Obrador tiene una agenda enorme por desahogar. Uno de sus objetivos centrales, dijo él, es pacificar al país, devolverle la tranquilidad y en distintos momentos de su campaña aseguró que lograría ese objetivo en tres años, a lo mucho.
Bajo el mando de sus dos últimos administradores centrales –Aristóteles Núñez Sánchez y Osvaldo Santin Quiroz –el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se convirtió en una dependencia cuyos mandos no sólo prohijaron la corrupción sino que solaparon todo tipo de maniobras dando rienda suelta al contrabando en todo el país, negocio que opera sin dique de contención bajo protección de altos funcionarios de esa dependencia federal.
Para López Obrador no hay marcha hacia atrás. Esperemos que no se acobarde como lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, a quien le faltó valor
para defender el voto de la gente.
En baja California Norte, particularmente en la ciudad de Ensenada, estalló el escándalo mediático que salpica al candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien pregona ser un defensor a ultranza del periodismo libre y, sobre todo, de la libertad de expresión.
De pronto el relato parece un guión cinematográfico, por momentos una novela de ficción y a ratos son deslumbrantes los destellos de un cuento policiaco de G.K. Cherterton o de James Ellroy –célebre por su novela The Black Dahlia –. El protagonista no parece ser Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, sino Al Capone o Pablo Escobar, los grandes mafiosos de su tiempo. Pero en realidad en el libro Cazando a El Chapo compiten dos figuras: el capo sinaloense y el Agente Especial de la DEA, Andrew Hogan, quien lo capturó en México tras un largo seguimiento policiaco que para Hogan se volvió casi una obsesión. Imposible que el agente encubierto no sea protagonista en esta obra en la que paralelamente corren dos historias, la del cazador y su presa.
A pocos meses de que concluya la pesadilla sexenal de Enrique Peña Nieto, resulta catastrófico imaginar la herencia que dejará a su sucesor. Ni la mente más afiebrada de un novelista de ficción podría imaginar, a golpe de fantasía, el infierno que recibirían como país Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya o José Antonio Meade.
Juan Monreal ha realizado una labor informativa muy valiente en esa región y sin duda que por esa razón su vida corre peligro. Ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones y ahora está enfrascado en un juicio con una de las familias más poderosas de Durango, por décadas señalados públicamente de servir a los intereses del narcotráfico y al lavado de dinero.
El crimen organizado y en particular el narcotráfico, su expresión más violenta, serán decisivos en las elecciones del 1 de julio próximo. Así ha sido siempre. El dinero de la mafia circula en todas las campañas políticas, no existen controles por parte de los partidos y ni el INE, en este caso, tiene facultades para […]
En los sexenios panistas el descaro fue mayor porque se hizo todavía más evidente el vínculo entre los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa y, en particular, con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, extraditado a Estados Unidos.