Ricardo Ravelo
De acuerdo con diversas denuncias –las autoridades locales y federales ya analizan los pormenores – esta banda también utiliza el impacto de las redes sociales –Twitter y Facebook, principalmente — para consumar sus aviesos fines.
No es todo: Ríos Farjat le dice además que se detectaron al menos otros tres boletines –P006, P008, Y P0010 – mediante los cuales dan a conocer disposiciones normativas que sobrepasan temas técnicos u operativos y que requieren aprobación previa, como ya se señaló.
La postulación de Leyzaola Pérez en Tijuana genera preocupación y no menos miedo. Y no es para menos: su historial como militar y policía está manchada por 19 recomendaciones por violación a los derechos humanos, 20 indagatorias siguen abiertas en el fuero federal y común, además de que también tiene expedientes que se revisan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Y los proyectos terminaron en un verdadero fiasco, la corrupción por encima de los proyectos.
En la etapa civil, el primer grupo de élite que se abocó a estas tareas fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la siniestra policía política del régimen, creada por Miguel Alemán Velasco. En una parte su historia este ejército del mal fue dirigido por Fernando Gutiérrez Barrios, considerado “el policía político del régimen”.
En el Cártel de Juárez militaron Ismael Zambada, los hermanos Carrillo Fuentes, Juan José Esparragoza Moreno, «El Azul» –quizá uno de los más hábiles para negociar con grupos antagónicos –, quien supuestamente falleció hace unos cuatro años debido a un paro respiratorio causado tras un accidente automovilístico.
Y es que el discurso de Monreal –y de todos los coordinadores parlamentarios que festinaron el gran acuerdo para que por fin se apruebe el proyecto –suena muy parecido al que en 1997 fue pronunciado por Jesús Murillo Káram, entonces subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, cuando se aprobó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y se creó la Policía Federal Preventiva.
Cártel del Golfo y Zetas, ahora rivales, siguen firmes en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila; en Guerrero el poder criminal y las rutas del trasiego de drogas se las disputan “Los Rojos” y “Los Ardillos”, temibles grupos criminales que, además de gozar de impunidad, también gobiernan a través de sus aliados en varios municipios guerrerenses.
Tras ordenar la libertad bajo caución de Correa Collazo, los reflectores de la sospecha se encendieron en contra de la jueza Hernández Haro. De acuerdo con el denunciante, en el medio judicial circulan versiones en el sentido de que suele dejar en libertad a criminales previo acuerdo económico.
En Bajan California soplan vientos de cambio.
La lucha del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción será muy larga y, como ya se ve, nada fácil.
El negocio generaba ganancias millonarias: más de 300 millones diarios, según las estimaciones más conservadoras, suma que alcanzaba hasta para pagar el silencio de algunos comunicadores famosos, según consta en una lista que circuló en medios de información, obtenida a través de una solicitud de transparencia.
Autoridades mexicanas y estadunidenses integran un voluminoso expediente criminal que implica a una banda de pseudoperiodistas dedicados a la extorsión de políticos, empresarios y funcionarios públicos y que entre sus antecedentes delictivos figuran sus presuntos nexos con el cártel de Tijuana, según consta en las indagaciones.
Para enfrentar el complejo entramado criminal que atenaza al país, el gobierno federal no tiene otra alternativa más que militarizar las tareas de seguridad. De ahí la urgencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por comenzar a reclutar a jóvenes entre 18 y 30 años para que formen parte de la Guardia Nacional, proyecto que –asegura el presiente –resolverá el problema de inseguridad y violencia.
En medio de la turbulencia política que se vivió en Puebla tras judicializarse la elección de gobernador, el accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el exmandatario Rafael Moreno Valle, muy pronto se empezó a salpicar de sospechas y dudas, como es natural en un caso donde la información precisa está ausente.
La Corte de Nueva York, donde se lleva a cabo el juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se convirtió en un espacio para la catarsis de los narcotraficantes.