Leopoldo Maldonado
En una reunión sostenida en diciembre de 2020, la CNDH presentó información falsa y discrepante para ARTICLE 19 (representante de las víctimas) sobre el estatus de la investigación.
Como ejemplo tenemos que basta con ir a comprar algunos materiales identificados para fabricación de bombas caseras -por ejemplo, fertilizantes- para convertir a una persona en sospechosa y hasta previsiblemente responsable de estar fraguando actos de terrorismo.
Las niñas y niños han perdido momentos únicos de sus vidas, no solamente en términos de su desarrollo intelectual, sino de convivencia social.
No podemos soslayar lo complejo que fue obtener la información oficial.
Entre noviembre de 2020 y enero de 2021, ARTICLE 19 llevó a cabo una encuesta dirigida a 67 periodistas que sufrieron ataques vinculados a las coberturas de la pandemia.
No es casual. La disputa por la narrativa, por el “sentido común” bajo el cual interpretamos la realidad, se ha disparado en Internet, particularmente en las redes sociales. Los viejos esquemas estatales de control de información han sido rebasados por las plataformas que facilitan el intercambio de opiniones, ideas e informaciones de toda índole.
Fue el preámbulo de la tragedia humanitaria que estaría por detonarse con la llamada “Guerra contra el narcotráfico” que hoy, en los hechos, no acaba.
Todo lo anterior da cuenta de la necesidad de una mirada multi-actor que se perfile en una efectiva gobernanza multisectorial de la red de redes.
Paradójicamente, a inicios del sexenio calderonista se culminó un proceso de reforma constitucional (2008) que daría a nuestro país un nuevo sistema de justicia penal de corte adversarial, acusatorio y oral.
Con ello quiero traer a colación dos temas centrales que se mueven en la agenda nacional y que forman parte medular de la estrategia de comunicación política del Gobierno: la posible desaparición del INAI y las suspensión de transmisiones de la “mañanera” durante los periodos de campañas electorales
¿A qué va todo esto? Cuando nos preguntamos si un Jefe de Estado o cualquier autoridad pública tiene derecho a la libertad de expresión, por supuesto que la respuesta inmediata es “sí”. Lo que sucede es que dicha libertad no puede ponderarse igual a la de cualquier persona común porque además esa autoridad es responsable de garantizar la libertad de expresión de otras y otros.
El problema de la desinformación merece profundos y variados esfuerzos de los sectores social, privado y público para evitar la vulneración intencionada de derechos debido a intereses políticos, económicos e ideológicos en disputa.
Pero es preocupante si se observa que en la actual administración, hasta octubre, solamente se ha ejercido una cuarta parte (25 por ciento) de los 2 mil 452 millones 509 mil 122 pesos presupuestado para el 2020 y que ese dinero restante (mil 829 millones de pesos en números redondos) pudiera utilizarse para lanzar más y mejores campañas informativas sobre las medidas sanitarias que se recomiendan a la población para hacer frente al COVID-19.
El caso es emblemático de la violencia de género contra mujeres periodistas. También es un botón de muestra de la desviación del poder punitivo del Estado contra las personas que trastocan intereses políticos y económicos oscuros.
El INAI reporta que 59 por ciento de los solicitantes de información pública tienen licenciatura y 28.4 por ciento, posgrado.