Jorge Javier Romero Vadillo
Con una Procuraduría dependiente del Presidente de la República cualquier acción contra un político acababa por ser sospechosa de faccionalismo.
Cuando en la década de 1970 se generalizó en las universidades publicas el marxismo como corriente hegemónica, estas sufrieron un empobrecimiento notable en su capacidad analítica y en la calidad de su enseñanza.
El costo para la democracia de las veleidades de los magistrados puede ser ingente.
La primera consulta nacional organizada formalmente de acuerdo con la Constitución acabó convertida en uno más de los ejercicios de simulación participativa a los que López Obrador ha recurrido a lo largo de su carrera.
Ya desde la década de 1960 fue cada vez más común el rechazo de las mujeres a la asignación de identidad definida por el matrimonio.
El mito de los logros educativos y sanitarios del régimen cubano sigue siendo el clamor engañabobos de quienes quieren seguir creyendo para no perder la ilusión.
Los mecanismos de democracia directa, como el referéndum o la consulta popular son controversiales. Pueden ser muy útiles para ampliar la participación ciudadana en las decisiones relevantes para una sociedad y también para ampliar la legitimidad de los ordenamientos jurídicos.
Por más que sea de celebrar, la declaratoria de la Corte no despenaliza la mariguana, pues no toca al Código Penal Federal, que en su artículo 198 seguirá criminalizando a usuarios y productores mientras el Congreso no haga su tarea y regule sensatamente el cannabis.
Nada garantiza que las diputaciones obtenidas por el PRD se sostengan en la empresa de contención del autoritarismo supuestamente sostenida por la coalición opositora.
El cuento de la oposición se ha construido sobre comparaciones equívocas.
El éxito real de la coalición electoral de PAN, PRI y PRD hubiera estado en lograr que Juntos Haremos Historia perdiera la mitad más uno de los escaños de la Cámara o si hubiera conseguido que los partidos que apoyan a López Obrador obtuvieran un porcentaje de votos sustancialmente menor al conseguido en 2018.
En varios comentarios señalé que una alianza entre los derrotados de 2018 sería incapaz de movilizar el voto de los desencantados con el actual Gobierno.
También ha violado sistemáticamente la Constitución el Gobierno en cuanto a la integración y desarrollo de la Guardia Nacional, establecido en el artículo 21 de la ley suprema como un cuerpo civil de seguridad.
Hasta ahora, el proceso ha sido un ejemplo excepcional en América Latina del poder de la democracia para resolver el conflicto social. Se trata de una auténtica transición, aplazada durante tres décadas, para eliminar las secuelas del trauma dictatorial.
La contrarreforma de la Fiscalía y la evidente politización del Fiscal electoral hace que la presentación de cargos contra dos de los candidatos a Gobernador de Nuevo León, Samuel García, de MC, quien encabeza ahora las preferencias en las encuestas, y Adrián de la Garza, del PRI y que va en segundo lugar, carezca de legitimidad alguna.
Durante el Gobierno de López Obrador en la Ciudad de México la opacidad y los contratos otorgados a dedo fueron práctica común, como lo han sido en lo que va de su Gobierno nacional.