Jorge Javier Romero Vadillo
Son nuevos estos tiempos. En la época clásica del régimen del PRI hubiese sido impensable que una iniciativa presidencial anunciada en cadena nacional desde Palacio Nacional fuera frenada por los senadores de su propio partido –en aquellos tiempos, todos– so pena de que ninguno de ellos volviera a ocupar puesto público alguno. Era la era del juego de las sillas musicales, donde a los díscolos se les impedía participar en la siguiente ronda.
De las elecciones del domingo pasado quedan muchas cosas por decir y analizar.
El Senador Salvador López Brito ha salido, como se esperaba, con su domingo siete.
La discusión política nacional ha estado enfocada, desde hace ya un buen tiempo, en la omnipresencia de la corrupción en la función pública nacional.
La historiografía y la ciencia política mexicanas nos deben estudios serios, a profundidad, sobre el ejército mexicano.
La centralidad que ha adquirido la discusión sobre la regulación de la mariguana en el debate político nacional ha significado, sin lugar a dudas, un paso muy importante hacia el desmantelamiento de la política fallida del prohibicionismo como mecanismo central para enfrentar el problema público del consumo de sustancias sicoactivas.
En medio de los jaloneos del final del período ordinario de sesiones del Congreso, la iniciativa presidencial de liberalización limitada de la mariguana quedó atorada, junto con las leyes secundarias para regular el sistema nacional anticorrupción.
Lo que ocurrió en Brasil fue la ruptura de la coalición en la que había sustentado su presidencia Dilma Rousseff. Se trataba de una coalición inestable, lubricada con el reparto de parcelas de rentas. Un equilibrio precario forjado desde los tiempos de Lula, que requería para su funcionamiento de una tolerancia amplia con la corrupción, el reparto de comisiones y el pago directo de sobornos políticos, como los que provocaron el primero de los escándalos en los que se ha visto involucrado el partido mayoritario y que condujo a la caída del principal operador político de Lula, Dirceu.
El discurso presidencial careció de autocrítica alguna. En un tono más propio de un informe a la nación que de un posicionamiento internacional, Peña dedicó varios minutos al elogio de la política de su gobierno en el combate a las drogas de una manera que no resiste una evaluación rigurosa, sobre todo a la luz de la evidencia de las actuaciones de las fuerzas armadas y las policías civiles en la guerra contra el narcotráfico, con violaciones generalizadas a los derechos humanos documentadas, con una violencia que no cede y se recrudece por oleadas en diferentes ciudades y regiones del país y con magros resultados en la limitación del flujo de sustancias tanto en nuestro país como hacia el vecino del norte.
No atino a entender la racionalidad detrás de la decisión de cancelar la asistencia presidencial a la sesión de las Naciones Unidas promovida por México, junto con Guatemala y Colombia. Nadie esperaba que Peña fuera a la UNGASS a presentarse como paladín del antiprohibicionismo, pero el documento que se discutirá y casi seguro se aprobará ahí recoge puntos importantes defendidos por la diplomacia mexicana,
La prohibición absoluta de la mariguana ha sido especialmente absurda, por su baja peligrosidad relativa respecto a otras sustancias, incluido el alcohol; por ello, su regulación puede ser el primer paso para modificar la manera en la que los Estados han abordado tradicionalmente el tema de las sustancias psicoactivas y sus potenciales riesgos sanitarios y sociales.
El Gobierno mexicano no se siente cómodo con el escrutinio internacional sobre el respeto a los derechos humanos en el país. Después del horror de Iguala, pareció que Peña Nieto estaba dispuesto a abrir la puerta para que se aireara lo ocurrido y se propició la llegada del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con la intención de recuperar algo de la legitimidad perdida por la tragedia.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México ha hecho uno de los peores ridículos de gestión, para nada exenta de episodios bochornosos y meteduras de pata, propias de un improvisado que no tiene más brújula política que la vanidad y la ambición personal.
La conjetura más sustentada sugiere que en las personas con propensión a la enfermedad, la mariguana puede ser un detonante de los síntomas, pero no su causa. Sin embargo, el debate sobre la necesaria regulación de la cannabis provocado por el fallo de la Suprema Corte de noviembre pasado sí le ha desatado un episodio de esquizofrenia al Gobierno federal.
En la clausura del tercero de los foros del debate sobre la mariguana a los que convocó el gobierno, Osorio Chong hizo una nueva declaración promisoria de un cambio en la política de drogas: afirmó que en la mal llamada guerra contra las drogas se partió de un diagnóstico equivocado. El dardo del secretario de Gobernación iba dirigido contra el gobierno de Felipe Calderón, quien no tardó en reaccionar con su domingo siete.
El PRI ha sido tradicionalmente una maquinaria distribuidora de empleo público, con su consecuente pedazo de arbitrariedad a la hora de administrar el presupuesto. Después de décadas, la arbitrariedad se ha reducido en los escalones más bajos de la pirámide, pero sigue siendo enorme en los más altos.