Jorge Javier Romero Vadillo
Reglas y prácticas que persisten porque forman parte del comportamiento aprendido y asumido como apropiado. Maneras de hacer las cosas arraigadas y que responden a trayectorias de largo plazo poco susceptibles de ser cambiadas a golpe de timón.
Desde antes de comenzar su campaña formal por la presidencia, López Obrador ha afirmado una y otra vez que cancelará la «mal llamada» reforma educativa.
El martes en Cuernavaca, en el Instituto Nacional de Salud Pública, se llevó a cabo la consulta temática sobre política de drogas de los Foros de Pacificación del País y la Reconciliación que ha organizado el próximo gobierno. Si bien el reparto de ponentes fue limitado y no se trató de una consulta, sino de una serie de exposiciones a invitación expresa, el sentido general de la jornada es halagüeño, pues por primera vez han imperado las posiciones liberalizadoras, sobre todo respecto a la mariguana, no solo entre los habituales promotores de la reforma de la política de drogas –que estuvieron representados por Amaya Ordorika, del colectivo Reverdeser, por Juan Machín y por Javier Mancera de Arrigunaga, de México Unido Contra la Delincuencia– sino también por los voceros de la próxima administración, tanto el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, como también el próximo embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y el futuro subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez.
Desde la campaña electoral, el tema de la Fiscalía General de la República y su autonomía constitucional, decretada desde la reforma constitucional de enero de 2016, ha sido objeto de polémica entre las organizaciones de la sociedad civil y el ahora Presidente electo.
El futuro gobierno, en actividad frenética casi desde el día siguiente a las elecciones, ha organizado una serie de foros sobre la pacificación y la reconciliación nacional para, según dicen, diseñar una política de seguridad de abajo hacia arriba y de la mano de la gente. De primera impresión, se trata de un trasunto de la vieja práctica de los tiempos del IEPES, el antiguo instituto de estudios políticos del PRI, que organizaba pasarelas para que todo mundo hablara sin que nadie en realidad escuchara nada y después se elaboraran documentos que decían lo que de antemano iban a decir, pero que nadie leía ni seguía. Ejercicios catárticos que suelen ser meras simulaciones para pretender la inclusión de voces diversas en la elaboración de políticas cuando no simplemente servían de escenario para justificar las decisiones tomadas.
El tema de la regulación de la mariguana ha sido de nuevo puesto en el centro de la discusión pública por la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como parte del paquete de temas que se deben analizar para alcanzar la pacificación del país, atenazado por la violencia homicida desatada en torno a la guerra contra el crimen organizado. También el próximo embajador ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, ha reiterado recientemente su posición favorable a un cambio en la política de drogas que comience por eliminar la prohibición del cannabis, como una condición necesaria, si bien no suficiente, para reducir la violencia. Se trata de dos voces muy influyentes del entorno del futuro presidente y aunque es evidente que en el próximo gobierno no existe un consenso en torno al tema, sus dichos son una señal positiva en la dirección correcta.
El candidato triunfante en la elección presidencial y su equipo de trabajo han dedicado las últimas semanas a exponer un mosaico abigarrado de proyectos y propuestas para el próximo gobierno. Ha habido de todo: listados de intenciones, ocurrencias, disparates y, sí, propuestas sensatas que apuntan en la dirección correcta para enfrentar algunos de los agudos problemas que vive el país.
La paráfrasis del tópico con el que encabezo este texto se la debo a un tuit del poeta Aurelio Asiain. La reformulación de la frase manida con el sentido opuesto me parece precisa cuando de lo que se trata es de observar y cuestionar a los políticos en un régimen democrático: la duda permanente, el cuestionamiento sin condescendencia de las intenciones, los fundamentos y las concreciones de sus políticas. El ejercicio permanente de la crítica es una de las virtudes de la democracia, aunque a veces a los gobernantes y a los representantes ello les parezca un maleficio.
El diferendo entre el candidato triunfante en la elección presidencial (aún no es presidente electo, pues solo lo será cuando el Tribunal Electoral califique el proceso) y un grupo de activistas y organizaciones de la sociedad civil integrantes del colectivo #Fiscalíaquesirva, respecto al tema de la autonomía de la propia fiscalía y el nombramiento del fiscal, ha estado plagado de malos entendidos y ha derivado en descalificaciones genéricas del propósito, los intereses y los fines de la sociedad civil organizada de manera no partidista.
¿Qué quedará del sistema de partidos surgido a partir del pacto de 1996, momento de nacimiento del régimen periclitado? ¿Habrán sido estas unas elecciones cataclísmicas –de esas que, según José María Maravall, sacuden al sistema de partidos, pero cuya fuerza es insuficiente para modificar la estructura o las prácticas de un régimen– o estamos realmente ante unas elecciones críticas, que trastocarán permanentemente el mapa partidista y sentarán las bases de un nuevo arreglo político?
Nunca, desde la primera vez que ejercí mi derecho al voto, he votado por un candidato ganador en una elección de mayoría. Ni presidencial, ni de gobierno local ni legislativa; mis votos han contribuido únicamente a llevar a las cámaras a legisladores por el principio de representación proporcional y me temo que en esta ocasión ocurrirá lo mismo. En algunas ocasiones he votado con entusiasmo por candidatos de partidos a los que apoyaba con mi militancia activa; en otras, en cambio, mi voto ha sido resignado. En esta ocasión votaré con desazón, en claro contraste con el gran entusiasmo que mueve a muchos amigos con los que suelo coincidir en temas políticos, económicos y sociales, pero con los que en esta ocasión soy incapaz de compartir el optimismo.
El salvador de la patria ha repetido hasta el hartazgo que el gran problema del país es la corrupción y que él es la solución. La cantinela de su discurso, donde él aparece como el demiurgo capaz de transformar la realidad y lograr la armonía tan solo con su voluntad, acaba por simplificar hasta la caricatura uno de los grandes problemas del Estado mexicano, arraigado profundamente en el arreglo institucional del país y que requiere mucho más que la magia derivada del ejemplo de un presidente honrado para menguar, no ya para desaparecer.
Por fin, una vez pasado el tercer debate entre los candidatos presidenciales, la campaña electoral ha entrado en su último tramo. Solo faltan los cierres y a estas alturas ya todo parece estar definido: la incertidumbre se concentra en algunas de las elecciones para gobernador, mientras que, de acuerdo con la totalidad de las encuestas, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es inminente e irreversible.
Berlín. La crisis económica desatada hace una década condujo a la Unión Europea a la mayor crisis política desde su nacimiento, con el tratado de Maastricht de 1992. La caída de los niveles de vida, la percepción de carencia de futuro por parte de los jóvenes, buena parte de ellos sin empleo, y la presión migratoria de los expulsados por la guerra o la pobreza de los países del otro lado del Mediterráneo, ha provocado el surgimiento de nuevas expresiones políticas que, con base en discursos demagógicos, tratan de captar el descontento social y el desencanto respecto a los partidos tradicionales, de corte programático y con definiciones ideológicas ubicadas en en el eje izquierda–derecha tal como se le entendió durante más de un siglo.
El corporativismo –producto del pacto político del gobierno de Lázaro Cárdenas con las organizaciones sindicales, concretado formalmente con la transformación del Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana–, fue una de las columnas estructurales del régimen de la época clásica del PRI. El pacto original entre el movimiento obrero y el general radical suponía que el Estado asumía la protección de los trabajadores frente al capital, de manera que estos tuvieran una mayor fortaleza para negociar sus condiciones salariales y laborales. Es razonable suponer que sus artífices: el propio general Cárdenas y el dirigente sindical de formación intelectual, Vicente Lombardo Toledano, concibieron aquel acuerdo con el objetivo de beneficiar a los obreros frente a unos empresarios abusivos. Sin embargo, en su devenir, el acuerdo resultó más bien lo opuesto: un mecanismo de control de las demandas de los trabajadores al servicio de los empresarios desarrollistas a partir del pacto de 1946, con el que se dejó atrás la retórica socialista del PRM para dar paso al pragmático Partido Revolucionario Institucional.
López Obrador es un candidato que no vende un programa coherente, ni una agenda acabada, sino un nuevo arbitraje personal de la cosa pública basado en su honradez y su austeridad. Sus defensores dicen que se trata de plantear un nuevo acuerdo social, antioligárquico, con base en el discurso redentorista del caudillo, pero la coalición que ha formado tiene demasiados conservadores dentro como para pensar que está ya dicho que el hombre providencial va a jugar con los intelectuales a los que ha atraído y va a gobernar de acuerdo con sus preceptos. Por supuesto que él no fue al debate a buscar el voto de los analistas, sino de la gente con la que conecta y su forma de hacerlo fue la de la parodia cómica en la que es especialista.