Guadalupe Correa-Cabrera
«Dado que el tema migratorio tiene una cobertura reciente extensísima (y con mucha razón), vale la pena un enfoque distinto en la frontera».
Es una condición muy curiosa cuando te sientes parte de ambas patrias. Cuando estuve investigando en el sur de Texas sobre crimen organizado y narcotráfico siempre vi a Estados Unidos como un refugio. Lo veía como un lugar donde no había peligro, donde había esperanza. Pero no necesariamente es así ahora. Estados Unidos ha cambiado bastante; hay cada vez menos esperanza y menos oportunidades. En México continúa la violencia, pero igual me encanta ir allá; ahora para sentir esperanza. Es algo loco, pero es así.
En Tamaulipas nadie quiere hablar sobre lo que fueron Los Zetas, sobre el Cartel del Golfo y menos sobre 1994. Recordemos que el desaparecido Diputado Manuel Muñoz Rocha (protagonista en ese año) era tamaulipeco. Al otro lado de la frontera, en Brownsville y McAllen, Texas, la gente habla un poco más. Pero ya se están muriendo todos. Por ejemplo, ya se murió (no lo mataron), Roberto Yzagirre, quien fuera el abogado de Guillermo González Calderoni y Osiel Cárdenas Guillén.
Desde que Nixon declara en 1971 su “guerra contra las drogas”, Estados Unidos ejerce una enorme presión e influencia sobre otros países del hemisferio Americano, que abona a la prohibición de los estupefacientes en esta región y a la criminalización de su oferta y trasiego.
La estricta (y muy entendible) regulación en el tema del intercambio de órganos a nivel internacional refuerza el mercado negro que se manifiesta de varias maneras.
Este sábado presentaremos una nueva investigación titulada “La Verdad Sobre ‘La Caravana’: Un Análisis de Redes del Pseudo-activismo Estadounidense y la Geopolítica de la Seguridad Interior”.
No puedo olvidar las escenas del 25 de noviembre del año pasado en la garita de San Ysidro, cuando un grupo de migrantes y refugiados—que incluía mujeres y niños pequeños—intentaron cruzar, desesperados, la frontera hacia Estados Unidos. Ahí los detuvo el gas lacrimógeno arrojado por agentes fronterizos estadounidenses quienes actuaron para contener lo que Trump denominó una “invasión”.
Resulta difícil comprender por qué ahora, para muchos en la Unión Americana, importa tantísimo el tema de la crisis de seguridad en el Triángulo Norte, la separación de familias centroamericanas y una crisis humanitaria que lleva a miles de personas a dejar sus hogares y todas sus pertenencias en sus lugares de origen. Considerando que la tragedia que rodea al fenómeno lleva ya muchos años, y recordando las múltiples violaciones a los derechos de los migrantes desde mucho antes, así como los miles y miles de muertos y desaparecidos en su paso por México para alcanzar el sueño americano, nos parece sorprendente que sea sólo hasta ahora que poderosos grupos de interés estadounidenses hagan del fenómeno su bandera y se manifiesten ferozmente de un lado o del otro en el espectro ideológico y político.
El actual debate político en los Estados Unidos, que gira alrededor de este muro innecesario y costosísimo, parece una locura y cambia radicalmente nuestra visión de lo que quizás aún sea la nación más poderosa del mundo.
La polémica decisión de Andrés Manuel López Obrador de recortar—o mejor dicho, reorientar—los recursos que el Gobierno Federal otorga a las llamadas organizaciones de la sociedad civil (OSCs).
Estas revelaciones son escandalosas, en efecto, y marcan una grandísima distancia con respecto de lo que había sido hasta hace muy poco la relación entre el sector público mexicano y las empresas transnacionales en el sector de la energía. Estamos hablando ahora sí de una “gran transformación” (esperemos). Ha sido ampliamente cubierto el papel de servidores públicos de altísimo nivel al servicio de las transnacionales—para las cuales ahora trabajan o han llegado a trabajar, asesorar y/o representar.
Con esta acción se desconoce la autoridad de Nicolás Maduro y se pone a prueba una vez más la estabilidad del régimen bolivariano y del país en general.
En las últimas décadas, los traficantes de personas, conocidos en un inicio como “polleros” (en alusión al pastor de un rebaño incontrolable, o también denominados “coyotes”), han sido considerados como un mal necesario por parte de las organizaciones defensoras de migrantes.
Al comienzo de 2019, recordamos un viaje a Nigeria en octubre del año pasado.
Tamaulipas ha sido uno de los estados que más ha sufrido por la violencia relacionada con el crimen organizado y por la llamada guerra contra las drogas o la militarización de la estrategia de seguridad en México.
En tiempos de caravanas migrantes y en particular de aquella de dimensiones sin precedente que quedó recientemente estacionada y sin esperanza en la ciudad de Tijuana, es necesario reflexionar sobre sus causas y consecuencias. Sobre este fenómeno y a propósito del acuerdo de “Tercer País Seguro” que propone a México el gobierno estadounidense—o el denominado “Plan Marshall” para el desarrollo del sur de México y Centroamérica que intenta negociar la nueva administración que inició labores el 1º de diciembre con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia mexicana, me parece preciso continuar comentando un tema importante que se menciona poco en los medios de comunicación o por los analistas del fenómeno migratorio. Me refiero en particular a las causas y los actores que explican una gran movilización social—que, en este caso, tiene gran impacto en políticas nacionales, procesos político-electorales y temas de política exterior en nuestro hemisferio.