Greenpeace
En México y en otras partes del mundo estamos siendo testigos y sufriendo las afectaciones por grandes volúmenes de lluvia que causan daños materiales y humanos.
Después de casi cuatro años del inicio de la ola de prohibiciones, ¿en dónde estamos?, ¿cuál es el estado actual de estas medidas?, ¿cuáles son algunos de sus avances y retos?
Hace dos meses, menos en algunas partes del país, de lo que se hablaba era de la sequía y puede resultar sorprendente como ahora la conversación es de las inundaciones.
En tiempos de una pandemia a la que no se le ve fin, tras meses de distanciamiento social, en muchos casos de encierro, sin posibilidades de salir de nuestras casas con libertad y seguridad, el cambio de los colores en el semáforo epidemiológico hasta llegar al verde se espera entre otras cosas, para poder volver a salir y disfrutar.
Un estudio de Greenpeace México (2020) encontró que de los residuos plásticos hallados en las costas de ocho áreas naturales protegidas mexicanas (superficie, columna de agua y fondo marino), el 8 por ciento corresponde a bolsas.
Un Tratado Global por los Océanos que sea sólido y cuente con un compromiso internacional vinculante es esencial para poner fin a estas problemáticas y ejercer un mayor control sobre las industrias que están detrás.
De manera abreviada, nos podrían comunicar que al usar millones de vehículos; que al abastecernos de energía eléctrica producida con combustibles fósiles; que al tirar millones de toneladas de residuos; que al deforestar inmensas áreas naturales para criar ganado, entre otros factores, estamos contribuyendo a generar un exceso de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que aumentan la temperatura ambiente, alteran el ciclo del agua, y en última instancia, propician que llueva menos y haya menor disponibilidad.
Es importante exigir a las autoridades locales, así como a los candidatos y candidatas electos, construir ciudades más verdes para disfrutar de todos los beneficios que nos brindan y estar al frente de la lucha contra el cambio climático.
A pesar de que cuatro granjas están clausuradas, los pobladores de Maxcanú reportan que en la granja clausurada en este lugar se ha retirado el sello de clausura colocado por la Profepa y continúan sus actividades de manera normal, lo cual es un delito.
La batalla entre la urbanización y mantener suelo de conservación, indispensable para la calidad de vida de la misma población urbana, con la emergencia climática ya es un asunto de sobrevivencia.
Todos recordamos a un maestro o maestra que nos condujo por el camino de la curiosidad y las ganas de aprender más, de comprender más, de saber más.
Ante ello, niñas y niños mayas de esa comunidad, con el acompañamiento de la organización “Indignación A.C.” presentaron ante un Juez un amparo para detener la operación de esa planta de cerdos para proteger sus derechos humanos a la salud, al medio ambiente sano, así como a su libre determinación.
Las ciudades son los mayores centros de actividad económica y de consumo.
Hoy 26 de abril, el juez decidirá si rectifica su fallo o lo ratifica en cuyo caso se estaría poniendo en riesgo la soberanía alimentaria.
¿Por qué no estamos conformes con este dictamen? Porque está hecho a la medida del sector industrial, culpando a la ciudadanía del problema y desprotegiendo al planeta y a la gente. Afirmamos esto por lo siguiente:
Se debe buscar transitar hacia un nuevo modelo agroalimentario que sea ecológico; en el que se persiga la soberanía alimentaria, el cuidado del ambiente y el respeto a los derechos humanos.