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La emergencia sanitaria por COVID-19 puso en el debate público los retos y desafíos que enfrentan los Estados para garantizar el derecho de acceso a la información en coyunturas extraordinarias.
La nueva ley de la FGR busca ‘cuidar’ a la institución del escrutinio externo, reservada para los casos emblemáticos, pero no para responder a las miles de víctimas que buscan verdad y justicia.
¿Cómo llegamos aquí? Dando unos pasos para atrás, no es difícil comprender que la codificación técnica de las demandas aleja la política de su propia raíz.
La cancelación de impuestos implica que el SAT suspenda los intentos por cobrar los adeudos de empresas y personas físicas.
El inicio del siglo XXI ha sido marcado por la profusión de creación de leyes para garantizar el derecho de acceso a la información. Casi 90% de los países que cuentan con una Ley de acceso a la información a nivel mundial lo hicieron en los últimos 20 años.
El pasado viernes 26 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envío a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos como parte de sus acciones para frenar la reforma energética de Peña Nieto y así fortalecer a Pemex para que tenga mayor control sobre los precios, la distribución, las importaciones y la comercialización de los distintos combustibles que en el país se consumen.
Después de quince meses de construcción del proceso de selección y las vías por medio de las cuáles se contratará al Grupo Coordinador de personas expertas que integrarán el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) se publicó, el pasado 10 de marzo, la convocatoria para contratar a las siete personas especialistas que lo integrarán.
¿Qué tal funcionó este nuevo esquema de compras? ¿qué resultados tuvo? ¿cómo puede mejorarse?
El pasado 20 de febrero, la Auditoria Superior de la Federación ASF, publicó el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, en el cual entregó e hizo público la última parte de los resultados de la revisión de la Cuenta Pública del primer año del actual gobierno.
El impuesto predial, cobrado a la propiedad inmueble, es un pilar fundamental del sistema tributario a nivel global, que en México es administrado por los gobiernos municipales. Tiene características interesantes, debido a que es difícil ocultar la riqueza que las personas poseen en forma de casas, departamentos o edificios, además que la ley exige que la propiedad de estos inmuebles esté registrada ante las oficinas de catastro, por lo tanto, el gobierno tiene la lista de las propiedades que posee cada persona, y con base en ello cobra el impuesto.
El próximo 8 de marzo se cumplirá un año de la marcha encabezada por madres de víctimas en la que decenas de miles de mujeres nos manifestamos en las calles en contra de la violencia machista, feminicida y de género.
Como es sabido, en México existe un importante movimiento de personas que, habiendo sido atravesadas vitalmente por la violencia y la impunidad, se han organizado para convertir su experiencia en una potencia transformadora.
Cualquier cambio que se realice tendría que ser a favor de mejorar el derecho y sus mecanismos de protección, que, en consecuencia, mejoraría la garantía de otros derechos.
Desde el Observatorio Designaciones Públicas hemos insistido de manera reiterada en la relevancia de contar con perfiles idóneos al frente de las instituciones públicas.
Llama la atención el desprecio que ha demostrado el Poder Legislativo hacia la participación y aportes de las víctimas, quienes han luchado durante años para lograr algunos de los avances legislativos más importante para combatir la impunidad.
En nuestro país, el derecho a la información fue normado desde 1977 sin que se crearan en ese momento leyes secundarias.