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Contrario a lo argumentado por el legislativo, existe evidencia de que la prisión preventiva oficiosa no es el camino para disminuir la comisión de delitos, disminuir la impunidad o combatir la corrupción. El fondo del problema vas más allá de mantener a más presos en la cárcel, sino que los asuntos que se judicialicen se investiguen de manera adecuada y se garanticen los derechos de las partes, es decir, que se cuente con un sistema de procuración de justicia eficiente.
Hace unos días, se hicieron públicas una serie de denuncias de violencia de género a través del #MeToo mexicano, que van desde formas difusas o “escurridizas” de violencia, hasta conductas que se encuentran tipificadas como delito.
La corrupción en la gestión de recursos públicos reduce la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Los refugios para mujeres víctimas de violencia son el segundo nivel en el modelo de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, establecido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por Edmundo del Pozo* En tributo a Samir El lamentable asesinato del defensor Samir Flores, unos de los principales líderes de la resistencia contra la termoeléctrica de Huexca, Morelos, se suma a lista de trece defensores y periodistas que ha sido ejecutados antes de cumplirse los 100 días de la actual administración. El hecho, aunque […]
Y en el combate a la corrupción, tales características cobran mayor importancia pues significa que ministros, magistrados y jueces pueden fincar responsabilidad y sancionar a servidores públicos por la comisión de actos de corrupción, sin injerencia de ningún tipo y protegiendo las garantías de los derechos humanos. Pero en el caso mexicano, los procesos de selección de los operadores de justicia mexicanos, especialmente de la más alta jerarquía, han sido cuestionados.
Además, los EISAs deben ser realizados de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones relacionadas con los proyectos de desarrollo o inversión; la Corte IDH ha sido muy enfática en determinar que el Estado debe garantizar que no se otorgará ningún permiso sin que se haya realizado de manera previa un EISA. La Comisión Interamericana por su parte ha expresado su preocupación debido a que ha identificado que en ocasiones tales estudios se realizan con posterioridad al otorgamiento de la concesión o aprobación de los planes de desarrollo (como es el caso de las concesiones entregadas a Almaden).
Urge hacer cambios a la ley minera en México, pero quien decida hacerlos debe saber que se enfrentará a grupos y redes de poder tremendos.
Este es uno de los 72 refugios de este país. No son fácil de localizar porque no se anuncian en ningún lado pues son espacios de seguridad para mujeres que huyen de situaciones de violencia extrema. Para las mujeres que están en esta situación, llegar aquí es casi cuestión de suerte.
El pasado 14 de septiembre fue el “Segundo diálogo por la paz, la justicia y la verdad”, un espacio que permitió el encuentro entre el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y diversos colectivos de familiares de víctimas de la violencia en México, quienes lo recibieron en medio de consignas y exclamaciones de dolor dejando claro el mensaje “ni perdón, ni olvido, mientras no haya justicia”, pues esta tiene que ser el camino si se quiere una verdadera transformación en este país.
El primer registro de una desaparición forzada en México data de 1969, en el contexto de la llamada Guerra Sucia, que para las víctimas ha sido un eufemismo para no hablar de terrorismo de Estado.
En este sexenio se ha recortado el presupuesto a dependencias y programas de carácter social como Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Desarrollo Social; mientras que se han registrado enormes incrementos de la Oficina de Presidencia, del opaco Ramo 23, o del gasto en comunicación social y publicidad oficial.
El sexenio aún no empieza siquiera y probablemente en el transcurso de la próxima administración se plantearán otras condonaciones.
Esta situación hubiera sido muy diferente, si la actual administración hubiera implementado otra política migratoria, y en particular no hubiera perseguido y criminalizado a la migración irregular como respuesta a presiones diplomáticas desde Estados Unidos.
Las imágenes y audios de niñas y niños detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos, en centros improvisados y separados de sus madres y padres, han conmovido a todo el mundo. Esto ha ocurrido por las medidas llamadas “cero tolerancia” que fueron anunciadas el 7 de abril pasado, y establecen que todas las personas que cruzan la frontera de Estados Unidos sin permiso, serán procesadas penalmente. Esto ha llevado a que autoridades migratorias de Estados Unidos separen las familias, deteniendo los niños en condiciones deplorables para después ser entregados a familias de acogida o refugios. Se estima que esto ya ha afectado a casi dos mil niños en seis semanas, la gran mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Otra similitud con el anuncio del Programa Frontera Sur es justamente el discurso superficial de preocupación por los derechos humanos, que seguramente se quedará sólo en eso, un discurso. Fue ampliamente documentado cómo el Programa Frontera Sur generó un aumento de detenciones de migrantes y de violaciones a sus derechos humanos. Esta política continúa hoy, además no han cesado los delitos cometidos contra migrantes, hechos que se caracterizan por una impunidad casi absoluta.