Efrén Flores
Al cierre de 2019 México tenía una fuerza laboral de 55.7 millones de personas. La tercera parte de ellos estaba ocupada en comercio al por menor y manufactura.
De acuerdo con la CMIC, hace 10 años el gasto gubernamental en infraestructura física llegó a estar casi al 5% del PIB y hoy no llega ni al 2.5%.
Con Lozoya entre 2013 y 2016, Pemex perdió la capacidad de producir 368 mil barriles de crudo por día y 180 mil 715 barriles de petrolíferos diarios.
Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda del Gobierno de Enrique Peña Nieto, y Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, están igualmente involucrados en los desfalcos a Pemex de 2012-2016. La aprehensión de Lozoya Austin en España, el miércoles pasado, da pie para que las autoridades sigan el hilo de corrupción y defraudación fiscal en casos como los de Odebrecht y Altos Hornos de México. Sin embargo, se duda de la capacidad del Gobierno federal para lindar responsabilidades e impartir justicia.
En promedio entre 1995 y 2019, el gasto del Gobierno Federal en pensiones y jubilaciones aumentó siete puntos porcentuales por año.
La impartición de justicia en la Ciudad de México es un volado. De acuerdo con abogados y fuentes consultadas del Tribunal Superior de Justicia capitalino, además del extremo entre jueces y magistrados o “muy buenos” o “muy malos”, existen redes de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias que operan a sus anchas por la estructura “gerontocrática” –que limita la rotación de funcionarios públicos– y por la «flaqueza» del Consejo de la Judicatura local.
La Fiscalía General de la República gastó 7 millones 919 mil 906 pesos en parques de diversiones y festejos en 2019. Esa erogación –equiparable al 50 por ciento del presupuesto de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos– se dio en un contexto en que la sociedad civil acusó “avances incipientes” y planeación presupuestaria sin “claridad” para “transformar de fondo la procuración de justicia” en México.
Para Sergio Aguayo Quezada y su defensa, el Tribunal Superior de Justicia se ha convertido en una “mazmorra”, ya que la demanda en su contra por ejercer el derecho de libertad de expresión viola parámetros legales, implica dolo y corrupción de las autoridades, uso indebido de funciones judiciales y conflictos de interés.
Al menos en la Ciudad de México “se judicializan o se llevan a los tribunales los ataques a la libertad de expresión”, dijo Sergio Aguayo a SinEmbargo.
La Oficina de la Presidencia de la República ejerció 725 millones 857 mil 998 pesos entre enero y diciembre del año pasado, según cifras oficiales.
A pesar de la información registrada en el SIPOT, los documentos y contratos del gasto de la SSPC al 3T 2019 no están disponibles.
Durante los primeros nueve meses de 2019, las entidades federativas con más ingresos propios fueron Zacatecas, Baja California y la Ciudad de México.
El Cártel de Sinaloa y el CJNG tienen presencia en el 60 y 75 por ciento del territorio nacional, de acuerdo con cifras de los gobiernos de México y Estados Unidos.
A pesar de la caída del año pasado, la Secretaría de la Función Pública mantiene un grado de adjudicaciones directas por encima del 90 por ciento desde 2010.
Los gastos hasta el momento incluyen 16 mil 594 millones 270 mil 73 pesos utilizados para solventar gasto capital o de inversión en infraestructura.
Aunque la CFE casi no tuvo registro de gasto ocioso en 12 meses de 2019, hubo erogaciones que suponen áreas de oportunidad en materia de austeridad.