Dulce Olvera
Revelar las contrataciones públicas a empresas fantasma, vigilar el desvío de recursos públicos -incluyendo los destinados para la reconstrucción-para el clientelismo y campañas políticas, y sancionar a toda la red de complicidad, es lo que exigieron académicos y fue un tema en el que también coincidieron servidores públicos.
A un mes del sismo en el centro del país, académicos destacaron que sin tener la dimensión y diagnóstico del problema, así como el número de víctimas directas e indirectas ni el costo total, hay pronunciamientos sobre financiamiento público y privado para la reconstrucción.
¿Quién nos asegura que no se utilice con la intención de ganar votos de manera tramposa y que no haya rapiña al fin del sexenio?», cuestionaron.
Funcionarios públicos y académicos reconocieron que la corrupción e impunidad aumentan la desigualdad, afectan a los derechos humanos, a la democracia y a la relación entre el gobierno y la sociedad.
Ante la serie de acusaciones ciudadanas contra 11 funcionarios públicos, algunas con videos o fotos, la Fepade ha comenzado a investigar posibles delitos electorales. A un mes del sismo que cimbró el centro de México, no hay conclusiones.
A pesar de ser ilegal, y aunque se ha reducido 3.1 por ciento desde 2013, la informalidad entre los trabajadores mexicanos –sin seguridad social– sigue siendo «bastante alta» porque hay «una tolerancia brutal» a empresas, dice especialista en mercado laboral.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza llamó a un nuevo modelo de desarrollo económico y social que incluye desaparecer las políticas de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).
El comportamiento del peso frente al dólar ha vuelto a ser un termómetro de la tensa renegociación del TLCAN a nueve meses de las elecciones presidenciales de 2018, que pudiera perjudicar al PRI dependiendo los resultados.
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau recibió una carta de más de 180 organizaciones de América Latina y otros países que le solicitaban regular las compañías mineras canadienses en el extranjero. La ignoró.
Ante el incierto destino de los más de 206 mil millones de pesos que han sido desviados por 15 ex gobernadores, investigadores han destacado la obligación del Estado de resarcir el daño al erario público ubicando ese dinero para devolverlo en un momento en que México necesita reconstruirse.
Con los más de 206 mil millones de pesos desviado por quince ex Gobernadores podrían regalarse 103 mil viviendas, y con el costo de la corrupción se pagarían 104 mil kilómetros de carreteras, también dañadas por los sismos.
La Barranca de Tarango, la única que queda sin urbanizar al poniente de la Ciudad de México, está bajo el acecho de las desarrolladoras inmobiliarias por decreto del Gobierno de Miguel Ángel Mancera.
El blanco de los sismos de septiembre, entidades del centro y sur del país, también han sido víctimas de opacidad por parte de sus gobiernos locales.
La corrupción y la inseguridad le han costado cada año a México más de lo que el país pagará para reconstruirse tras ser sacudido por dos sismos en septiembre, de acuerdo con cifras oficiales.
La Coparmex CdMx llamó a los legisladores a emitir una Ley de «muerte política» para inhabilitar de por vida a los funcionarios públicos corruptos.
El Fondo de Desastres Naturales, una de las vías de recursos para la reconstrucción de las entidades dañadas por los sismos, ha recibido observaciones por la Auditoría Superior de la Federación en su uso contra desastres en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
El dictamen de «inhabitable» determinado por Protección Civil que señala a su hogar o a los edificios que lo rodean ha sentenciado a la calle a miles de capitalinos que acuden por un apoyo de 3 mil pesos.
Las viviendas y edificaciones derrumbadas en México por el sismo del pasado 19 de septiembre «puso en evidencia que las localidades más afectadas no cuentan con la más mínima planeación urbana ni con las normas mínimas, licencias de construcción actualizadas ni falta de gestión para evitar la auto construcción», determinaron urbanistas y arquitectos mexicanos.
Solicitaron al Gobierno instalar un comité técnico independiente que esté integrado por la iniciativa privada apoyado de la academia y organizaciones para la reconstrucción tras los sismos, así como replantear una planeación urbana con derechos humanos a nivel nacional que incluya un instituto para la vigilancia y el cumplimiento de las normas.