Dolia Estévez
Pido prestada la frase a Jorge Zepeda Patterson: “esta es mi última columna del sexenio”. El próximo viernes, cuando volvamos a encontrarnos en este espacio, la llamada “Cuarta Transformación” tendrá una semana de vida. El gran reto que enfrentará Andrés Manuel López Obrador en esos primeros días será, sin duda, la crisis en la frontera con Estados Unidos. Su bautizo de fuego.
Hasta ahora, el gran ausente en la sala donde el capo es juzgado en Brooklyn, Nueva York, ha sido un cuerpo de evidencias probatorias.
Los explosivos alegatos del abogado de Joaquín El Chapo Guzmán de que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón recibieron millonarios sobornos de una facción del Cartel de Sinaloa, avivaron la sed de justicia contra los autores de la estrategia fallida que sigue acumulando muertos y victimas. Nunca antes se les había señalado ante una corte de Estados Unidos. Con todo, es poco probable que Peña Nieto y Calderón, quienes niegan las imputaciones, sean citados a testificar en el juicio contra El Chapo que abrió esta semana. Y aún menos probable que el litigio resulte en acusaciones penales en su contra. No obstante, sus presuntos vínculos con el narcotráfico han quedado registrados en los anales del juicio y en los motores de búsqueda del mundo entero.
Desde los primeros días de su mandato, Trump legitimó el tema de los militares como opción al incorporarlo a la narrativa bilateral.
El General Michael V. Hayden, ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EU, dice en una entrevista exclusiva con SinEmbargo –la primera que da a un medio de comunicación mexicano– que el espionaje estadounidense ha operado en México y seguirá haciéndolo, a todos niveles –incluidos los más altos líderes políticos– porque el vecino del sur es importante para los intereses estadounidenses.
De acuerdo con datos proporcionados por la Embajada de México en Washington, la primera solicitud de extradición contra el fugitivo ex gobernador de Chihuahua Cesar Duarte Jáquez, fue entregada al Departamento de Estado el 31 de enero pasado. La última petición, recibida por la Embajada el 21 de septiembre, se presentó al Departamento de Estado el 4 de octubre. Entre enero y octubre de este año, se han hecho 12 solicitudes sucesivas contra Duarte, según la Embajada de México.
Se anuncian tiempos de austeridad. De recortes salariales y gasto austero. Casi todo parece estar en la mira. Avión presidencial, nuevo aeropuerto y mucho más. Hay un área, sin embargo, que ha quedado fuera del debate: las propiedades millonarias del gobierno de México en el extranjero. Residencias y palacetes de la diplomacia mexicana incompatibles con un país de millones de pobres que ni a choza de cartón llegan.
La famosa frase del representante diplomático del presidente que ordenó la invasión de Veracruz, no por socorrida y añeja pierde actualización. A lo largo de un siglo las universidades de élite de Estados Unidos han sido incubadoras de líderes políticos mexicanos. Cuatro de los últimos seis mandatarios—Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón–ostentan títulos de Harvard y Yale. Con José Meade hubieran sido cinco.
México perdió su virginidad energética en 2013, cuando el Senado mexicano aprobó la iniciativa de Enrique Peña Nieto para abrir la industria de hidrocarburos al capital privado nacional y extranjero. Los peñistas argumentaron que no era una forma de “privatización” de los recursos petroleros sino un modelo de “utilidad compartida”.
Casi tres décadas tardó Ernesto Zedillo en reconocer públicamente que siguió una política sobre drogas equivocada. Ante ex estadistas extranjeros reunidos en la Ciudad de México, lamentó el resultado que ha dejado la represión y criminalización, y su secuela de “terrible violaciones de derechos humanos”. Apostó por la regulación de los estupefacientes en lugar de la prohibición (SinEmbargo 24/09/2018).
Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto se han reunido, a solas y con sus respectivos gabinetes, cuando menos tres veces.
Con mínimo o nulo cumplimiento de la Convención de la OECD sobre cohecho, delito que implica la entrega de sobornos para corromper a cambio de favores, México se consolidó como país líder en ese crimen bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto. De acuerde con el informe “Exportación de la Corrupción”, dado a conocer por Transparencia Internacional, de 44 países analizados, sólo 22 aprovechan la convención para investigar casos de corrupción internacional. México dista mucho de ser uno de ellos. Entre 2014 y 2017, abrió sólo tres investigaciones sobre cohecho, pero ninguna resultó en sanciones.
En respuesta a una solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó acceso a notas diplomáticas y comunicación oficial con el Gobierno de Estados Unidos que podrían esclarecer de una vez por todas la situación jurídica y migratoria en ese país de Manuel Bartlett Díaz; la clasificó como “CONFIDENCIAL”.
La negación de Enrique Peña Nieta llega al extremo de afirmar, como lo hizo en videos y en su cuenta de Twitter con motivo del Sexto Informe, que la invitación que Luis Videgaray le hizo en agosto de 2016 a Donald Trump permitió que México pudiera entenderse con el ahora presidente de Estados Unidos. “¿La visita de Trump a México? Un encuentro apresurado que a la postre dejó algo positivo: dejó abierta la puerta para tener un diálogo abierto con el Gobierno de Estados Unidos. Ahí están hoy los resultados. Se trata de que con el #TLCAN ganemos todos”, lanzó en Twitter el 28 de agosto.
México se fue de bruces lanzando las campanas al vuelo para celebrar la última victoria virtual del maestro de la manipulación. Me refiero al tentativo entendimiento comercial bilateral preliminar, valga la redundancia, que Donald Trump y Enrique Peña Nieto anunciaron jubilosos en la Oficina Oval. En el reality show del lunes, en el que el actor central fue Trump, y Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo y Jesús Seade (negociador de Andrés Manuel López Obrador), actores de reparto, el mandatario estadounidense declaró muerto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Tal como lee. Mató al TLCAN porque se le dio la gana.