Arnoldo Cuellar
Un descompuesto y caótico operativo de a Fiscalía del Estado respaldada por corporaciones federales desató el caos y paralizó a una vasta región entre Juventino Rosas, Celaya, Villagrán y Comonfort.
«Al paso que vamos, el Gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo terminará siendo recordado por la gran frivolidad con la que enfrentó el reto de gobernar a la entidad en uno de sus momentos más oscuros».
El cuestionario, que buceaba en la vida de los adolescentes, su comportamiento individual y social, las relaciones con sus padres, sus motivos de satisfacción y de preocupación, se aplicó a todos los chicos y chicas de 14 a a 16 años en 1992 y se repitió en 1995 y 1997.
Los escándalos asociados a la corte romerista que no cesarán en los próximos meses dejará muy comprometidos a los priistas de Guanajuato que tratan de localizar algo rescatable entre las ruinas.
Si el Gobierno quiere resignarse en su impotencia, allá ellos; pero empiezan a surgir otras voces que no creen que deban estar condenados a vivir existencias miserables de temor y encierro.
El IMPLAN, ese órgano rector que dio batallas decisivas por hacer respetar el orden en la ciudad, está hoy disminuido, con un consejo de bajo perfil y convertido en una dependencia burocrática sometida a los criterios del alcalde y sus colaboradores.
Guanajuato puede enfrentar riesgos si se reducen los recursos de la federación, pero también lo hará si no corrige muchos de los vicios acumulados por el esquema de gobernanza panista que se ha consolidado hasta casi borrar al resto de las opciones.
¿Es mucho pedirle al gobernante que presente un plan detallado antes de endeudarse? ¿Que no adquiera pasivos solo “para lo que se ofrezca”? ¿Qué si es posible se apriete un poco el cinturón y haga un Gobierno menos oneroso?
En los regímenes panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón la corrupción fue galopante: Martha Sahagún, sus hijos; Oceanografía; los negocios con las empresas de energía eléctrica; las concesiones mineras; la compra de medicamentos; la Estela de Luz y las múltiples fiestas del Bicentenario; además de Pemex y su proveeduría.
Reunir a los representantes de las distintas fuerzas partidistas para hablares de frente y con la verdad, establecer políticas de comunicación que apelen a la inteligencia y no a la propaganda simplona, tratar a los ciudadanos como adultos y no como menores de edad, serían respuestas elementales frente a la crisis.
La mitología urbana de la época hablaba de Guanajuato como un estado tranquilo porque “aquí vivían las familias” de connotados capos de otras latitudes.
El detalle no es menor, habla de toda una concepción sobre la violencia que el Gobierno ha venido contando y contándose a sí mismo, en el sentido de que las víctimas de los ataques mortales que se presentan a diario en Guanajuato son delincuentes y no ciudadanos.
La vinculación fundamental entre el Fiscal General, Carlos Zamarripa, y el Secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, ha borrado en la práctica los temas de la autonomía. Más bien podríamos estar hablando de complicidad, a la que se suma el resto del Gobierno ya como encubrimiento.
Recientemente, un periodista y un ciudadano solicitaron, cada uno por su cuenta, conocer los indicadores mediante los cuales los concesionarios del transporte urbano reportan sus resultados de operación, es decir, la posible utilidad o pérdida con la que operan.
Para empezar, la política de comunicación formal echa mano de una simulación lo que no es ningún buen inicio: aunque el estratega formal de la política de comunicación es Juan Aguilera Cid, director del canal estatal de Televisión TV 4, su operación ocurre a trasmano al haber impulsado a la comunicóloga Angélica Aguilar a la dirección de Comunicación Social.
Hoy se sabe, gracias a las investigaciones del diario Milenio, que durante las administraciones de Bárbara Botello y López Santillana, el director del Zoológico de León, Francisco Muñoz López, perpetró un desfalco a una de las instituciones más nobles y menos respaldadas en el presupuesto municipal: el Zoológico de León. En un ejercicio anual de apenas 20 millones de pesos, el daño se calcula en 6 millones de pesos.