A dónde van los desaparecidos
En este 2022 se cumplen 10 años desde que las familias Pérez Rodríguez y Mendiola Acosta iniciaron la búsqueda de sus familiares desaparecidos en la carretera 85, que atraviesa el municipio de El Mante, en Tamaulipas, un territorio asolado por la violencia del crimen organizado. Sus búsquedas han dado respuestas sobre qué pasó con cientos de personas desaparecidas en esa región inhóspita.
La violencia no es la causa de muerte exclusiva de los más de 52 mil cuerpos de personas sin identificar: hay un crisol de motivos, desde enfermedades, accidentes o hasta condiciones extraordinarias. Las ropas que vestían también cuentan la historia de su ausencia. Las personas que llevaban esas blusas, esos pantalones, esas sudaderas pueden estar aún contabilizadas en la lista oficial de más de 100 mil desaparecidos en México.
En esta parroquia de San Isidro Labrador, en Acámbaro, Guanajuato, la letanía de nombres de personas desaparecidas se oye los últimos viernes de cada mes. Este ritual se realiza desde 2017, año en que comenzaron las misas callejeras por la paz en la colonia San Isidro Labrador, al sur de la ciudad. La pandemia de la COVID-19 —también el aumento de la violencia— llevó a que esas misas se instalaran en la iglesia.
A partir de diciembre de 2006, al inicio del sexenio calderonista, la desaparición de personas comenzó a ocurrir masiva y sistemáticamente como consecuencia de la estrategia de seguridad llamada “guerra contra las drogas”.
Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias. Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje. En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50 por ciento de las desapariciones.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pulverizó la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa con un video en el que muestra cómo peritos de la PGR, acompañados por elementos de la Marina y la Policía Federal, manipularon el basurero de Cocula -en presencia del Procurador Jesús Murillo Karam y de Tomás Zerón, quien fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México- la madrugada del 27 de octubre de 2014, once días antes de que informaran que en ese lugar habían sido ejecutados y calcinados los estudiantes.
Los abrazos no paran. Después de año y medio sin verse —por las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19—, buscadoras se encuentran en Cuernavaca, Morelos. Llegaron de diferentes partes del país con un objetivo: recorrer todos aquellos lugares en donde es posible encontrar un rastro, una evidencia, algo que permita encontrar a las personas que otros se han empeñado en desaparecer.
Uno de los hallazgos más preocupantes que arroja el primer diagnóstico gubernamental de los servicios forenses del país es que, hasta febrero de 2019, a nivel nacional, las instituciones forenses sólo lograron restituir el nombre a 17 de cada 100 cuerpos.
Además de crear una Comisión de la Verdad sobre la “guerra sucia”, el Gobierno federal acordó con familiares de víctimas y sobrevivientes de ese periodo impulsar un plan anti impunidad que contempla el acceso a los “archivos de la represión” y a instalaciones militares.
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aceptó, por primera vez, un caso de desaparición en México: el de Ivette Melissa Flores Román, ocurrido en 2012 en Guerrero.