Artículo 19 alerta sobre una iniciativa impulsada por Morena que podría poner en riesgo el derecho a la libertad de expresión para medios digitales y usuarios de redes sociales por la interpretación errónea de los derechos al olvido y la protección de datos personales.
SinEmbargo consultó al equipo de comunicación del Senador Ricardo Monreal para conocer su postura sobre las declaraciones de la organización Artículo 19. El legislador respondió que se abriría un debate con expertos para construir la legislación.
Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– La organización Artículo 19 alertó este martes que la iniciativa impulsada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con la que se reformaría la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pone en riesgo los derechos de libertad de expresión en México y abre la puerta a un nuevo modo de restricción de contenidos.
De aprobarse la medida, ampliaría el derecho de cancelación de datos personales comprendido dentro de los denominados derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos (A.R.C.O.), de manera que los medios de comunicación y usuarios de plataformas digitales serían responsabilizados por el uso de datos personales de terceros y estarían obligados a retirar contenidos con datos personales por solicitud del titular de los mismo ya fueran reportajes, o simples tuits.
Las multas que propone el legislador morenista para medios de comunicación y plataformas digitales que se nieguen a acatar esta nueva regla van de los 100 a los 320 mil días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, lo que alcanza montos de hasta 39 millones 430 mil 400 pesos, considerando el salario mínimo vigente en la capital.
LA INFORMACIÓN SERÍA ELIMINADA
Una de las problemáticas que Artículo 19 encuentra en esta iniciativa es que la malinterpreta el derecho a la protección de los datos personales, lo que permitiría que se retiraran de la Red una gran cantidad de contenidos que anteriormente eran difundidos bajo la protección del derecho a la libertad de expresión y que ya habían alcanzado la característica de dominio público.
«Una vez que la información se pone a disposición del público, la presunción es que debe permanecer accesible en el dominio público indefinidamente, y dicha presunción no extingue ninguna reclamación por violación del derecho a la privacidad o la aplicación de principios de protección de datos. La noción de que sea la persona titular de los datos la que deba mantener el control final sobre cualquier información que le haga referencia no es solo un enfoque limitado respecto a la ponderación de derechos humanos, sino que también ignora el derecho más amplio del público a recibir y compartir material que está legítimamente disponible en el dominio público», afirma la organización.
La iniciativa menciona que habría límites para que los titulares soliciten la cancelación de los datos personales, pero no especifica estos motivos, y por el contrario extiende la noción de datos personales a gustos personales o inclinaciones políticas.
Según Artículo 19, la iniciativa también sugiere que se obligue a los proveedores de las plataformas y medios de comunicación digitales a hacerse responsables del tratamiento de datos personales más allá de lo especificado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, lo que contradice los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que especifica que:
“Ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo”.
La medida permitiría que un ciudadano o un personaje conocido en la esfera política u otros ámbitos, que cuente con antecedentes penales, pueda solicitar que se eliminen de los buscadores y plataformas digitales sus nombres y contenidos multimedia.
La iniciativa también obligaría a empresas como Twitter y Facebook a retirar contenido publicado por usuarios como tuits y estados donde se mencione o se haga alusión de estos personajes, además de que los proveedores del servicio estarían forzados a ocultar los datos de interacciones en sus plataformas.
MEDIOS LOS MÁS AFECTADOS
A los medios de comunicación se les obligaría a eliminar contenidos en donde se “identifique o haga identificable a una persona”, lo que según Artículo 19, va contra los estándares de derecho interamericano que establece que “los medios informativos no son controladores de datos personales, sino fuentes públicas de información”.
En este sentido, hay ambigüedad en algunas de sus especificaciones como es el caso de la reforma al artículo 26 BIS en donde se menciona que para que proceda la cancelación de datos personales el titular podría argumentar: «que la información sea inexacta» o»que la información sea obsoleta o irrelevante».
Una de las principales polémicas que ha levantado esta iniciativa es la propuesta de promover el derecho al olvido en México, que en el documento se describe como aquel cuyo titular está facultado para “borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales”.
Artículo 19 considera que esta definición ha sido mal interpretada en la iniciativa, y existe un alto riesgo de que se emplee este derecho para restringir información relevante y atentar contra la memoria histórica en un contexto en el que por décadas ha prevalecido la impunidad y existe una lucha colectiva por el no olvido.
“[…] el ‘derecho al olvido’ no debería implementarse en México, debido a que el acceso a la información y el combate a la impunidad -sobre hechos graves de violaciones a derechos humanos y de corrupción- es una lucha contra el olvido y apuesta por la recuperación de la memoria histórica que el Estado mexicano ha querido enterrar. Más que olvidar, nuestra sociedad necesita saber, reconocer y recordar”, expresó Artículo 19 en su comunicado.
INICIATIVA SE ABRIRÁ A DEBATE
SinEmbargo consultó al equipo de comunicación del Senador Ricardo Monreal para conocer su postura sobre las declaraciones de la organización Artículo 19. El legislador respondió que se abriría un debate con expertos para construir la legislación:
«Entiendo y comparto la preocupación de Artículo 19 en el sentido de que la reforma que involucra el derecho al olvido digital, denominado en la iniciativa como Datos Personales Digitalizados, pudiera generar una equivocada percepción de que se intenta restringir la libertad de expresión.
«Es por ello que considero sano y necesario abrir un debate con los expertos a fin de construir una legislación que por un lado, permita establecer y regular el derecho al olvido sin que se restrinjan otros derechos».
Monreal Ávila aseguró que la iniciativa tiene como principal objetivo poner a discusión la necesidad de regular en la materia, denominada como Derechos Personales Digitalizados. «Estoy seguro de que la aportación de los expertos en la materia, permitirá enriquecerla y mejorarla para beneficio de todos».
En entrevista con este medio, Martha Tudón, coordinadora de Derechos Digitales de Artículo 19 argumentó que en caso de que la iniciativa busque hacer frente al bullying, como señala Ricardo Monreal, una extensión de los derechos de cancelación de datos personas sería la medida menos apropiada para combatirlo, ya que no sería proporcional al problema; además de que recordó que una reforma no puede ser impulsada con un objetivo específico por lo que estaría muy lejos de ser la solución para hacer frente al acoso en la Red.
Por otro lado, la aplicación de esta extensión a la Ley Federal pone en alto riesgo a los medios de comunicación de ser sujetos de restricción de información útil.
De acuerdo Tudón aun sin la reforma de Monreal, ya existe un antecedente de que los medios de comunicación enfrentan de manera constante a personajes o grupos de poder involucrados en prácticas de corrupción, que tratan de retirar contenidos periodísticos que les resultan incómodos, práctica que podría ampararse en esta reforma con la que podrían exigir que se retiren sus nombres simplemente por ser los titulares de los derechos de datos personales.
