López Obrador está convencido de que la corrupción ya desapareció en las altas esferas del Gobierno. “Esto ya cambió, no somos lo mismo”, afirma una y otra vez. Y sin duda, su austeridad personal y la eliminación del boato contrastan radicalmente con el dispendio y la voracidad de los gobernantes anteriores. Pero muchos mexicanos no están del todo convencidos de que sus colaboradores practiquen la nueva moralidad franciscana.

Buena parte de las redes sociales y la opinión pública consideran que la vara con la que el Presidente mide a los suyos es distinta de la que aplica en el caso de rivales y desconocidos. Ningún intento de revolución moral, como la que pretende López Obrador, tendrá éxito mientras persista la noción de que sigue vigente el viejo lema juarista: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, ley a secas”.

El Presidente ha salido en defensa de los que le son leales aún antes de que las investigaciones correspondientes permitieran desahogar la naturaleza de la anomalía, por llamarla de alguna manera. Un embajador en Argentina captado infraganti birlándose un ejemplar de una librería; la presidenta de Morena exhibida al no pagar los impuestos correspondientes; su director de la CFE cuestionado por las propiedades de sus allegados. No es el espacio para analizar cada uno de estos casos. Lo relevante es que exhibe un preocupante patrón de comportamiento de parte del Presidente que, insisto, terminará por boicotear sus esfuerzos de cambiar de paradigma el combate a la corrupción.

En el caso del embajador Ricardo Valero, AMLO argumentó que se trataba de un hombre honrado y que había que perdonar porque una golondrina no hace nido; a su juicio un acto reprobable no debía manchar una trayectoria impecable. Los impuestos no pagados por Yeidckol Polevnsky​ seguramente fueron un error de su contador, dijo, apenas se conoció el dato. Y Manuel Bartlett ya había sido eximido políticamente mucho antes de que la Secretaría de la Función Pública respaldara el dictamen anticipado en la Mañanera. No estoy asumiendo que los mencionados sean culpables de lo que se les acusa; simplemente encuentro que con su actitud el Presidente se da un disparo en propio pie. Todos ellos recibieron gracia, antes que justicia, en detrimento de ésta y sobre todo de la percepción de ésta.

Tengo a Bartlett como un profesional del poder, más interesado en ejercerlo que en hacer dinero y estoy seguro que habría sido mejor para él y para Irma Sandoval, encargada de investigarlo, que el Presidente no hubiese participado ni estuviese convertido en abogado defensor. Resultó desafortunada incluso, la gira programada del día siguiente del dictamen de la SFP, en la que el mandatario se paseó del brazo del exgobernador, porque a ojos de muchos pareció un acto de legitimación política. Probablemente López Obrador creyó que trasmitía un mensaje positivo desafiar a los críticos de Bartlett con pañuelito blanco o tuitear entusiasta su desayuno, foto incluida. Pero justamente provocó lo contrario. En el mejor de los casos, fue interpretado como un espaldarazo político que en efecto politiza aún más la decisión de la SFP; y en el peor de ellos, como una burla que las redes sociales han tratado, errónea pero muy mediáticamente, como algo similar a la imagen de Enrique Peña Nieto levantando la mano de Rosario Robles cuando estalló el escándalo de la Estafa Maestra o la investigación de Virgilio Andrade sobre la Casa Blanca de La Gaviota.

A mi juicio, el activismo presidencial en este caso no es algo que ayude al régimen, a la SFP o al propio Bartlett, porque queda la sensación de que libró la acusación por razones políticas y no por la inconsistencia de las supuestas pruebas en su contra y su pareja, una exitosa mujer empresaria, con fortuna propia.

El Presidente no parece darse cuenta del terrible efecto boicoteador que estas actitudes provocan en su mensaje de intolerancia ante la corrupción. Derivan seguramente de su pasado como opositor, cuando los tribunales le asestaron tantos golpes injustamente y le llevaban a reaccionar de manera defensiva. Su primera reacción en los escándalos de René Bejarano (el hombre de las ligas) o del tesorero de la ciudad Gustavo Ponce (quien se suicidaría poco después), fue defenderlos a raja tabla, dando por hecho de que se trataba de acusaciones maquinadas por sus enemigos. Hoy, que es el garante último de que la justicia se imparta imparcialmente, su actitud tendría que ser menos militante y politizada.

El Presidente arrancó con el pie derecho cuando su secretaria de Medio Ambiente debió renunciar tras detener un vuelo comercial de manera arbitraria. Es cierto que se trataba de una persona ajena al círculo íntimo lopezobradorista, pero fue una acción que alentó la esperanza de que la impunidad ya no protegería a los poderosos.

El estilo personal de gobernar de AMLO seguirá siendo eso, un estilo personal, hasta que no consiga que su honestidad se consolide en prácticas institucionales absolutamente implacables e intolerantes en contra de la corrupción.

López Obrador no conseguirá convencernos de que la impunidad ha terminado hasta que uno de los cercanos de la 4T caiga, si en verdad ha actuado mal y demuestre que el Presidente es capaz de cercenarse un dedo en aras de la honestidad. Pero esto no sucederá si sigue interviniendo, verbal pero políticamente, en defensa de cada uno de sus leales. Él aseguró que solo metería las manos por su hijo menor de edad, pero hasta ahora no lo ha respetado.

@jorgezepedap

Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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