México vive tiempos de barbarie. Cada día desaparecen cerca de 22 personas, de las cuales siete son mujeres. Mujeres que desparecen por esperar un taxi en la carretera, por ir a una fiesta, por ir a un bar o por simplemente estar en la calle. Y la respuesta del Estado ante esta barbarie es indignante e irritante. Minimiza la crisis, la subestima y hace lo que han venido haciendo desde hace años: administrarla sin enfrentarla, sin detenerla.

El Comité Contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas acaba de presentar un informe demoledor al respecto: hay una crisis por desapariciones en México que es propiciada por la impunidad en el castigo a los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad.

La impunidad para quienes se dedican a desaparecer, sean policías o sicarios, es casi absoluta. En su informe el CED subrayó este punto: “El Comité encontró que la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional”.

El CED había solicitado desde 2013 al Estado mexicano llevar a cabo una visita a México para elaborar un informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en el país. Pero el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto rechazó esta petición. Estamos hablando antes de que ocurriera el caso emblemático de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Finalmente, el 30 de agosto de 2021, tras ocho años de negociaciones, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador autorizó la visita del CED al país. Del 15 al 26 de noviembre de 2021, cuatro integrantes de este organismo, Juan Pablo Albán Alencastro, Juan José López, Horacio Ravenna, Carmen Rosa Villa Quintana (presidenta), llevaron a cabo la visita.

La delegación visitó 13 estados: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz; y sostuvo reuniones con más de 85 instituciones de los poderes públicos y autónomos, tanto federales como estatales.

El centro de la visita del CED fueron las reuniones con decenas de colectivos de familiares y centenares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de 31 de estados. En los días de su recorrido por México, los integrantes de este comité acompañaron exhumaciones en fosas clandestinas y jornadas de búsqueda en Coahuila, estado de México y Morelos. Conocieron en directo los dolores y los esfuerzos de cientos de familias que buscan a sus desaparecidos en el país.

Anunciaron la presentación del informe para la primera semana de abril, pero por peticiones extraoficiales de la Cancillería de México decidieron posponerlo para el 12 de abril, es decir, un par de días después de la consulta sobre revocación de mandato. El Gobierno anticipaba que el resultado del informe del CED no era buena imagen para el país ni para el Gobierno en turno.

El análisis del CED sostiene que “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos” y añade que “los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.

Esta crisis por desapariciones ha crecido de manera preocupante en los años recientes: hubo 8,000 casos nuevos cada año en los últimos cinco años según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Es decir, 40 mil de los casi 100 mil desaparecidos reconocidos oficialmente, han ocurrido en el pasado lustro.

Los integrantes del CED subrayan que “las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, y destacaron que “víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”. El CED mostró especial preocupación por la desaparición de defensores del territorio y de periodistas.

Un aspecto destacado en el informe es la crisis forense del país que tiene más de 52 mil cuerpos sin identificar y que es provocada por las altas cifras de asesinatos y fosas clandestinas que deja la guerra informal que vivimos en México.

Y a pesar de reconocer algunas avances normativos, el CED recomendó realizar cambios en el sistema estatal de búsqueda y generar “Condiciones mínimas para una Política Nacional de Prevención y erradicación de las desapariciones forzadas eficaz y efectiva”. Para ello propone al menos cuatro puntos:  1) reconocer y tomar en consideración los criterios de responsabilidad de los servidores públicos y erradicar las causas estructurales de la impunidad; 2) abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública; 3) visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones en México; y 4) implementar debidamente el marco normativo, jurisprudencial e institucional en todo el país.

Al detallar sus recomendaciones, el CED propone al Estado mexicano diez prioridades qué atender para una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas: 1) fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación; 2) garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones; 3) remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada; 4) atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio; 5) facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data; 6) atender la crisis forense; 7) facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial; 8) reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección; 9) proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones; y 10) atender las deficiencias de los registros como estrategia de prevención y erradicación de las desapariciones.

Como puede admitirse, las recomendaciones son sensatas, necesarias, y atendibles para encarar la grave crisis por desapariciones que vive México.

Pero en lugar de reconocer el informe y las recomendaciones del CED, el Presidente López Obrador descalificó grosera e incorrectamente a esta agencia de la ONU. Si bien el mismo día que se emitió el informe las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado anticipando que aceptaban las recomendaciones, al día siguiente el Presidente en su mañanera, descalificó a los comisionados del CED. “Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí”, aseveró. Ellos, añadió “no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con el apego a la verdad (…) antes se usaba al Ejército “para reprimir o rematar heridos, como se hacía en la época de (Felipe) Calderón, o para desaparecer personas. Ya no es ese el tiempo”.

López Obrador está empeñado en una narrativa tan absurda como insostenible. Está convencido que su trayectoria incorruptible, y su congruencia ética derraman sobre toda la administración que encabeza y que eso basta para salvar a su Gobierno de las atrocidades que siguen ocurriendo, como las desapariciones forzadas que siguen cometiendo fuerzas armadas federales.

Por eso su respuesta al CED fue una descalificación innecesaria que termina por minimizar y subestimar la grave crisis por desapariciones que tenemos en el país. El Gobierno federal, y todos los gobiernos estatales, deben atender las recomendaciones de la ONU totalmente pertinentes como combatir la impunidad e impulsar una sólida política de prevención de las desapariciones forzadas. Es tiempo de detener la barbarie.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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