El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró «la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura» de interés público y seguridad nacional nacional, por lo que instruyó a las dependencias y entidades correspondientes otorgar la autorización provisional de dictámenes, permisos o licencias necesarias para llevar a cabo los mismos.
Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este lunes por la tarde de interés público y seguridad nacional «la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura», incluidos el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y otros.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), edición vespertina, el acuerdo indica que los proyectos incluidos son «de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional».
Además, el acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
«La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo», añade el segundo apartado.
También la autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva, precisa el acuerdo.
Asimismo, en el Segundo Transitorio señala que las erogaciones que se generen luego de la entrada en vigor de este acuerdo, serán cubiertas «con cargo al presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el ejercicio fiscal de que se trate», por lo que aseguró que «no se autorizarán recursos adicionales» para dicho ejercicio fiscal y los que siguen.
En su argumentación para tomar la decisión, el acuerdo precisa que «México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores» antes mencionados «que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país».
Además, indicó que los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo «son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente».
«Es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos», indica uno de los considerandos.
«Que a fin de que la actual administración continúe con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social, he tenido a bien expedir el siguiente», añade.
Tras darse a conocer el acuerdo, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, entre las que destacan la del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío, quien advirtió que el decreto presidencial «es evidentemente inconstitucional».
Este decreto del Presidente es evidentemente inconstitucional. https://t.co/1o6bWjIylP
— José Ramón Cossío D. (@JRCossio) November 23, 2021
Otra usuaria de Twitter, identificada como Valeria Moy, quien se asume como economista consideró como «tremendo» en acuerdo, ya que al declararse de «interés público y seguridad nacional cualquier obra de infraestructura del Gobierno» se dejan de lado la transparencia y los datos que involucren a estos proyectos.
Apenas caigo en este acuerdo publicado hoy en el Diario Oficial. Mucho ojo, es tremendo lo que se "acuerda". En primer lugar, se declara de interés público y seguridad nacional cualquier obra de infraestructura del gobierno. (Adiós transparencia y datos) https://t.co/eBAKxyk7OQ pic.twitter.com/kiYuUFyHab
— Valeria Moy (@ValeriaMoy) November 23, 2021
La internauta también consideró que al instruir a todas las dependencias que brinden las «autorizaciones, permisos, licencias necesarias para las obras», el mandatario federal lo que busca es concentrar «todo el poder» .
En 2do lugar, se instruye a todas las dependencias e instituciones a dar todas las autorizaciones, permisos, licencias necesarias para las obras. Se solicitarán y habrá afirmativa ficta ¡¡en 5 días!! Agárrense. pic.twitter.com/neE1xuwbS2
— Valeria Moy (@ValeriaMoy) November 23, 2021
