La exigencia de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores para que se organice en abril de este año una consulta de Revocación de Mandato presidencial ha sido leído por los adversarios del Gobierno de la Cuarta Transformación como una agresión al Instituto Electoral Nacional (INE) e incluso como un ataque a la democracia. En esta lectura se asume que el INE, un enorme y oneroso aparato burocrático, representa la esencia del sistema de democracia liberal en el país, por lo que los cuestionamientos a la institución o sus representantes se miran incluso como avanzadas autoritarias.

La crítica o defensa del INE se ha convertido en el nuevo campo de batalla de los pro AMLO o anti AMLO que inunda y envenena el debate político en México. Más allá de estos bandos se debe mirar al INE con ojos críticos por encima de la polarización que provoca el ejercicio del Gobierno actual.

Por el lado oficial, ven al INE, especialmente a sus consejeros, como representantes actuales de la institución sometida a la mafia del poder que cometió fraude electoral contra López Obrador en las elecciones presidenciales del 2006. Con el pretexto de la austeridad republicana, se justifica modificar el organismo electoral por sus altos salarios, costos y dispendios. Un ejemplo es el debate sobre la consulta de abril. El INE dice que no tiene presupuesto suficiente para llevarla a cabo; el Gobierno de la 4T dice que dinero sobraría si este organismo se somete a la austeridad republicana.

Por su parte, los defensores del INE mitifican al organismo como la encarnación de la democracia liberal en México; creen que gracias a esta institución se terminaron los fraudes electorales y las prácticas irregulares que conculcaron la voluntad popular en México con métodos como el relleno o robo de urnas, el «Ratón Loco», el acarreo, la compra de votos o la burda alternación de actas de casilla. Los defensores del INE creen que se debe a esta institución la alternancia política y hasta la transición a la democracia y consideran a algunos de sus consejeros presidentes, casi como apóstoles de la democracia, por ejemplo José Woldenberg.

Pero lo cierto es que el Instituto Nacional Electoral (IFE) ahora INE nació bajo el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari como un intento, fracasado, para legitimar el sistema de control electoral que tenía el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En su primer diseño, el IFE era presidido por el Secretario de Gobernación en turno. La transformación del IFE en un organismo “ciudadano” y luego constitucional autónomo debe más al alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, y la crisis política nacional y del régimen priista que presidía Carlos Salinas.

Tras el alzamiento zapatista, el Gobierno desató la guerra contra el ejército campesino maya con la intención de someterlo, así fuera masacrándolo. Gracias a las movilizaciones de la sociedad civil que exigieron un alto a la guerra, Carlos Salinas se vio obligado a ofrecer diálogo y una salida negociada a las reclamos del EZLN.

En este punto, hablamos de las tres primeras semanas de enero de 1994, se detonaron dos crisis: una al interior del Gobierno salinista y del PRI con el nombramiento de Manuel Camacho Solís como encargado del diálogo con los zapatistas en Chiapas, lo que provocó que el arranque de campaña del delfín salinista, Luis Donaldo Colosio Murrieta, pasara desapercibido. Esta fue la ruptura definitiva al seno del partido gobernante, que terminó, como ya sabemos, con el asesinato de Colosio en Tijuana, el 23 de marzo del mismo año.

Pero la otra crisis, la más relevante, fue una crisis de legitimidad del régimen. Tras el alzamiento zapatista, terminó de hundirse la credibilidad del régimen, y de sus prácticas e instituciones, entre ellas las elecciones y el IFE.

A fin de conseguir un mínimo de credibilidad de la elección presidencial en curso, Carlos Salinas debió aceptar un Consejo General del IFE “ciudadano” y quitar al consejo anterior que operaba totalmente para el PRI. En ese momento el presidente del IFE era el Decretario de Gobernación, Patrocinio González Blanco Garrido, exgobernador de Chiapas de negro historial.

Salinas relevó de Gobernación a Patrocinio González y puso en su lugar a Jorge Carpizo McGregor, exrector de la UNAM y exprocurador de la república.

Es entonces que se llama a “ciudadanos” al Consejo General. Se designó a José Woldenberg, Fernando Zertuche Muñoz, Santiago Creel Miranda, Ricardo Pozas Horcasitas, Miguel Ángel Granados Chapa y a José Agustín Ortiz Pinchetti, el 3 de junio de 1994, apenas unos meses antes de la elección presidencial celebrada en agosto. En la elección arrasó el candidato del régimen, Ernesto Zedillo Ponce de León, gracias al voto corporativo de los tradicionales sectores priistas y al voto comprado mediante la estructura de los comités de Solidaridad que Salinas construyó en su sexenio.

Gracias este IFE “ciudadano”, la elección no fue impugnada, y a partir de ese cambio nació un prestigio del IFE como órgano independiente del poder. Pero no es así. Todos los consejos electoral han jugado como comparsas de legitimación de elecciones que están lejos de ser limpias e imparciales. Basta recordar que ningún consejero llega al cargo sin el padrinazgo de algún partido político, cuando no el mismo Presidente de la república. La supuesta independencia del IFE-INE tiene demasiadas cargas de compromisos políticos.

Y la mayoría de quienes han sido consejeros están lejos de haber ganado credenciales democráticas en luchas en las calles contra el autoritarismo, la antidemocracia, el corporativismo, el caciquismo. Nunca han repartido un volante o hecho una pinta, o marchado para ganar el régimen de votaciones que muchos llaman democracia.

Los consejeros del IFE-INE son burócratas consentidos con sueldos estratosféricos, con prestaciones que los convierten en un élite burocrática acostumbrados a sostener “reuniones de trabajo” en los restaurantes más caros y pasar el RFC oficial que les paga sus cuentas. Defender a esta burocracia elitista y privilegiada está lejos de constituir una defensa de la democracia, que por lo demás estamos lejos de tener en México.

Los defensores del INE justifican un abultado y oneroso aparato burocrático bajo el simplista argumento de que la “democracia cuesta” y que el alto costo del organismo se debe a que la “oposición” al PRI y al PAN, exigió varios candados para por fin tener elecciones limpias en el país. Es un argumento insostenible, porque a pesar del alto costo del organismo electoral no se puede afirmar que ya no se han alterado o robado los votos de los ciudadanos que confían en el sistema electoral.

Y en todo caso, ¿qué tiene qué ver impedir que se roben los votos con los altos sueldos de la alta burocracia electoral? Lorenzo Córdova, actual presidente del INE ganará este año tres millones 151 mil 060 pesos en sueldos y salarios, y además se embolsará 85 mil 965 pesos por concepto de seguridad social, 107 mil 116 pesos por seguro a las personas, 477 mil 621 por fondos y seguros de ahorro para el retiro y más de medio millón de pesos (551 mil 711) por “medidas de protección al salario”. ¿Qué significa este concepto? ¿Un salario extra? En todo caso, es un bono del que suelen beneficiarse en alta burocracia pública o corporativa.

En total Lorenzo Córdova se llevará cuatro millones 374 mil 021 pesos al año, es decir 364 mil 501 pesos al mes. ¿Es necesario que el presidente del INE gane 4.3 millones de pesos al año para hacer el trabajo de contar bien los votos? A un trabajador de salario mínimo le llevaría 70 años ganar lo que Lorenzo Córdova obtendrá en 2022.

Se justifica un INE oneroso cuando hay gastos totalmente superfluos y onerosos en las altas instancias del aparato electoral. De acuerdo al presupuesto del INE, este año la presidencia del INE (es decir la oficina de Lorenzo Córdova) tiene asignados 240 mil pesos para alimentos; 390 mil pesos para combustibles, lubricantes y aditivos; millón y medio de pesos para servicios generales; 309 mil pesos para servicios oficiales; 549 mil pesos para servicios de traslados y viáticos; y 3.4 millones de pesos para “pago de estímulo a servidores públicos”. Es decir, aparte de su alto sueldo, Lorenzo Córdova tiene asignado prepuesto para comer en la oficina o en restaurantes, para moverse en auto oficial, para boletos de avión o de otro tipo, para servicios oficiales (probablemente ropa y calzado) y todavía una partida de “estimulo a servidor público”.

Todo este conjunto de sueldos, salarios, prestaciones y prebendas describen más bien a un burócrata acostumbrado a ganar mucho y tener buena vida a costa del erario, más que el perfil de un defensor o apóstol de la democracia.

Estamos lejos de tener en México una democracia auténtica, horizontal y no sometida a los poderes fácticos ni destinada a la reproducción de un sistema desigual e injusto.

Pero incluso la democracia liberal al servicio del actual sistema político y económico no es obra de los altos burócratas que viven del aparato electoral. Si ha habido cambios en el organismo electoral, es gracias a las luchas por democracia sindical que emprendieron Valentín Campa y Demetrio Vallejo, a los campesinos anónimos que lucharon contra los caciques del mundo rural mexicano, a las luchas estudiantiles de 1968 y de todo el país, a la insurgencia sindical de los 70, y a episodios sociales como el alzamiento zapatista de enero de 1994 que ha hecho más por “ciudadanizar” el IFE-INE que ninguno de los consejeros que cómodamente viven del erario.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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