Las luchas del Codedi, integrado por aproximadamente 5 mil personas de distintas partes de Oaxaca, entidad gobernada por el priista Alejandro Murat Hinojosa, se han enfocado en tres principales ejes: la defensa del territorio, de los bienes naturales y de los derechos humanos de las comunidades indígenas, frente a proyectos extractivistas.
El pasado 17 de julio, el defensor Abraham Hernández González de 42 años, quien además de desempeñarse en el campo y la lucha social, trabajó en un pequeño hotel en la costa del Pacífico, cerca de San Pedro Pochutla, fue secuestrado, torturado y posteriormente hallado con el «tiro de gracia».
La ONU y la Unión Europea exigieron a las autoridades mexicanas una investigación expedita sobre asesinato del defensor de los derechos humanos.
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- Abraham Hernández González era el coordinador regional del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi). Dedicó su vida a la siembra de maíz y a la defensa de los derechos de 49 comunidades oaxaqueñas de la Sierra Sur, Istmo, Valles Centrales y Costa del estado. Hace unos días fue secuestrado y asesinado.
Las luchas de Codedi, integradas por aproximadamente 5 000 personas de distintas partes del estado de Oaxaca, hoy gobernado por el priista Alejandro Murat Hinojosa, se han enfocado en tres principales ejes: la defensa del territorio, de los bienes naturales y de los derechos humanos de las comunidades indígenas, frente a proyectos extractivistas.
Pero, el pasado 17 de julio, el defensor de 42 años, quien además de desempeñarse en el campo y la lucha social, trabajó en un pequeño hotel en la costa del Pacífico, cerca de San Pedro Pochutla, Oaxaca, fue secuestrado y posteriormente hallado con el «tiro de gracia».
Compañeros del comité cuentan que cinco hombres armados y vestidos con prendas militares llegaron a Salchi, el hotel en el que trabajaba el activista, bajaron de una camioneta y una moto y lo sustrajeron de forma violenta. Allí se encontraba su hija, quien avisó sobre lo ocurrido. Codedi dio parte a la Fiscalía y las autoridades, quienes no lograron hallarlo. Luego de esperar cinco horas, el cuerpo del defensor fue encontrado con marcas de tortura. Su hija tuvo que reconocerlo.
Adrián Zabaleta, integrante del Comité, afirma que al momento se desconoce de dónde pudo provenir el ataque; no obstante destaca que la nula actuación de las autoridades en la búsqueda de justicia.
«Responsabilizamos al Gobernador porque una autoridad que no actúa es cómplice. Hay oídos sordos ante tantas injusticias, por lo tanto él es el único responsable. Su asesinato es para meternos miedo, es el afán de querer destruir completamente a la organización porque un pueblo que no está organizado es un pueblo que no prospera», indica.
En el Informe de la Brigada Internacional de Solidaridad con Codedi se explican algunas problemáticas que las comunidades enfrentan y que los han obligado a levantar la voz:
-Despojo de miles de hectáreas de playas y selva, así como la explotación de cuerpos de agua para el uso y consumo de los grandes hoteles en Bahías de Huatulco, mientras –recrimina Zabaleta– las comunidades sufren desabasto del vital líquido.
-Arribo de grupos de talamontes ligados al crimen organizado, quienes exportan a países orientales la madera preciosa del árbol granadillo, utilizada para los acabados finos de automóviles de lujo. La situación, destaca el integrante de Codedi consultado por este medio, ha ocasionado la destrucción de los bosques de la Sierra Sur y ha puesto en riesgo la seguridad de los lugareños.
-Concesiones mineras que aún no llegan a las etapas de exploración y explotación, gracias a la oposición de las comunidades.
«Nosotros no estamos en contra del desarrollo, nunca vamos a estar en contra del desarrollo, pero creo que se tiene que hacer de manera gradual y por supuesto respetando lo que es la naturaleza […] Todo ha sido sobreexplotación de recursos naturales y tala indiscriminada, sin dar nada a los pobres», critica.
EL NACIMIENTO DEL CODEDI
El Codedi nació aproximadamente poco antes del el año 2000, cerca el municipio de Santiago Xanica, con el objetivo de defender los usos y costumbres de las comunidades indígenas de la región que el entonces Gobernador José Murat Casab –padre del actual mandatario local– intentó arrancar mediante la imposición de presidentes municipales, narra Zabaleta.
Fue Adrián Ramírez Vázquez, líder del movimiento, quien comenzó a organizar a los pueblos cuando era un joven de apenas 20 años. Llegaron a distintas comunidades de Oaxaca con el único fin de establecer diálogo y lazos de solidaridad, sin tener conocimiento de lo que era una lucha social.
Para 2013, Codedi arrancó formalmente y se estableció el Centro de Capacitación Finca Alemania en donde se imparten talleres de diversos oficios, además de cuatro niveles de educación autónoma -preescolar, primaria, secundaria y bachillerato– enfocados a las necesidades de las comunidades y con visión crítica.
No es la primera vez que Codedi se mancha de sangre: el pasado 12 de febrero, varios integrantes fueron emboscados por un comando armado en la carretera entre la ciudad de Oaxaca y Puerto Ángel tras sostener una reunión con autoridades. En aquél ataque, Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Basilio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez murieron y el líder Abraham Ramírez Vázquez sobrevivió.
Según el Informe de la Brigada Internacional de Solidaridad con Codedi, las balas que acallaron a los defensores salieron de AR-15, un fusil de asalto de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
«Masacraron a tres de nuestros compañeros […] No es la primera agresión que hemos sufrido, estamos hartos de esto. Dicen que Huatulco es uno de los paraísos turísticos, pero desgraciadamente no es así, desgraciadamente hay muchísimo miedo entre la gente. Somos luchadores sociales. Una persona que vela por el derecho de otros está en peligro y por supuesto que tenemos miedo, pero no vamos a parar», advierte.
CONDENAN EL ASESINATO Y EXIGEN JUSTICIA
Ante la ola de violencia en la Sierra oaxaqueña, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un comunicado en el que condenó el asesinato del defensor. Además, hizo un llamado a las autoridades a realizar una indagatoria «pronta, exhaustiva y eficaz» que considere la labor de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas entre las líneas de investigación.
«La ONU-DH insta al Estado mexicano a reforzar las acciones dirigidas a la prevención de nuevas agresiones en contra de las y los integrantes del Codedi y de las demás personas defensoras de los derechos humanos», agregó el organismo internacional en su escrito.
En el mismo tenor, organizaciones de la sociedad civil y medios alternativos expresaron su solidaridad al Codedi y se pronunciaron «en contra de la represión del sistema político económico contra las y los compañeros». Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades a respetar a las comunidades y a brindar acceso a la justicia.
«La exigencia de justicia y respeto a las comunidades de la Codedi se hace hacia los gobiernos asesinos como el de Ulises Ruiz, Gabino Cué [ambos ex gobernadores] y ahora el actual Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat que ha ordenado y desatado una persecución a la resistencia de estos pueblos en ataques sistemáticos», se lee en una misiva firmada por La Voladora Radio, Radio Zapote, Laboratorio Popular de Medios Libres y otros 20 medios alternativos.
A su vez, la Delegación de la Unión Europea junto con las Embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea acreditados en México, así como las Embajadas de Suiza y de Noruega en México, condenaron el asesinato y exigieron a las autoridades mexicanas una «investigación expedita y transparente».
«La muerte del defensor demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos defensores de derechos humanos en México», expresaron en un comunicado conjunto las representaciones diplomáticas.
Y «Ante la alarmante reincidencia de agresiones contra defensores de derechos humanos y de periodistas en el país, instamos a las Autoridades mexicanas competentes a hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos y de las personas que ejercen el periodismo en México».
