Por Mario Sánchez*

En 1979 se inauguró la Central Termoeléctrica “Punta Prieta” en la ciudad de La Paz, capital de Baja California Sur, un proyecto de generación de energía mediante la quema de combustóleo, para abastecer a una población de alrededor de 130 mil personas. Hoy, 41 años después, la misma planta, el mismo tipo de combustible y el mismo sistema de producción, siguen utilizándose para abastecer una población cinco veces más grande que la de aquel entonces.

Sobre la ciudad capital, emisiones de gases tóxicos y de efecto invernadero, producto de la quema de combustibles fósiles, forman nubes grises evidenciando uno de los problemas relacionados con la manera en la que se produce la energía. Es contaminante y, además, es cara e insuficiente. En 2014 el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) establecía que los costos anuales de las externalidades generadas por dos de las termoeléctricas en la ciudad de La Paz eran entre 70 y 126 millones de pesos al año. Las externalidades son actividades que afectan a otros sin que aquellos que las ocasionaron paguen por ellas o sean compensadas. Un ejemplo claro son las emisiones contaminantes, cuyos costos en salud y pérdidas en días productivos se trasladan directamente a las y los ciudadanos.

El monitoreo de la calidad del aire es una acción cuya responsabilidad recae también en el Estado. No obstante, este tema pareciera tener poca relevancia para el Gobierno de Baja California Sur, ya que destinó menos del 1 por ciento de su presupuesto anual en 2019 para la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargada de velar por el cumplimiento de su Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), donde se estima que el problema de contaminación acarrea costos por mortalidad evitable que rebasan los mil 668 millones de pesos.

Por su parte, los planes federales para abastecer la creciente demanda de energía en el estado implican ampliar las unidades de generación de energía mediante la quema de diesel y gas natural, a pesar de que, según el Atlas nacional de Zonas con alto potencial de Energías Limpias, Baja California Sur cuenta con capacidad solar y eólica.

Las acciones aisladas implementadas en Baja California Sur más que una solución parecieran una negación del problema. Construir más plantas generadoras de electricidad en el mismo lugar y con la misma tecnología de hace decenas de años no ha resuelto el problema de fondo y no lo hará en este momento. Lo que sí ocasionará a corto y mediano plazo será incrementar los impactos al ambiente, a la salud de los habitantes del lugar e incluso  los costos locales de generación de energía.

México aún se encuentra lejos  de reducir las emisiones y cumplir con los compromisos internacionales en materia de cambio climático. El uso de energías renovables, más que una alternativa, se vuelve la opción más viable y ambientalmente amigable para hacer frente a la demanda energética con soluciones sustentables que mejoren la calidad del aire y de vida de la población.

* Mario A. Sánchez Castro es Director de Oficina Regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) 

Greenpeace

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