Durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, que hoy comparece ante el Congreso de la Unión, sobre el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se depositaron 120 llamados de la Auditoría Superior de la Federación para investigar a funcionarios públicos señalados por firmar convenios con universidades y entes públicos sin capacidad para cumplir con lo requerido, lo que ocasionó sobrecostos o deficiencias en la implementación de programas sociales.
Ocurrió lo mismo cuando la funcionaria se mudó, junto con su equipo más cercano, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: su OIC fue requerido 51 veces a indagar una similar irregularidad durante 2016.
Durante todo ese periodo, las peticiones reiteradas, en total 171, tuvieron un mismo remitente: Mauricio Razo Sánchez, quien fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública apenas en abril de este año.
Por Daniela Barragán y Dulce Olvera
CUARTA Y ÚLTIMA PARTE DE UNA SERIE
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– Mauricio Razo Sánchez, como titular del Órgano Interno de Control, fue llamado 171 veces por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo contra servidores públicos responsables de las irregularidades señaladas en las observaciones a programas y contratos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de 2013 a 2015 y por la de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016, periodos tutelados por Rosario Robles Berlanga.
A pesar de los insistentes llamados del órgano fiscalizador en 2013, 2014 y 2015 sobre anomalías como la contratación de Sedesol con recursos públicos a instancias sin capacidad para cumplir con los servicios, que a su vez contrataban a terceros privados, Razo les dio carpetazo argumentando falta de elementos.
En agosto de 2015, cuando Robles Berlanga fue trasladada por el Presidente Enrique Peña Nieto de la Sedesol a la Sedatu, la Secretaria de Estado que este martes comparece ante el Congreso decidió continuar con Razo como cabeza del órgano encargado de quejas y sanciones.
Entonces en la Cuentas Pública 2016 se acumularon más señalamientos archivados, ahora sobre la Sedatu.
El posible daño al erario público de 2013 a 2016 se estima en 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos en ambas dependencias, de acuerdo con las mil 469 páginas de la ASF revisadas por SinEmbargo.
El funcionario público acompañó a Robles desde que inició su gestión en la Sedesol en diciembre de 2012. Ahí tuvo bajo su mando a 41 personas en oficinas como el Área de Auditoría Interna, de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de Quejas y de Responsabilidades. De las cuales se desprenden el Departamento de Seguimiento, de Inconformidades y Sanciones, de Investigaciones de Responsabilidades, tres de Quejas y Denuncias, entre otros.
Todo ese equipo tuvo la tarea de dar seguimiento a 120 llamados de la ASF a investigar a los relacionados con el posible daño a recursos públicos por 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos correspondientes a las auditorías hechas a Sedesol de 2013 a 2015.
En la Sedatu, el Órgano acumuló otros 51 promociones de responsabilidad administrativa por el posible daño por 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos en las auditorías de 2016. La ASF no ha publicado todas las auditorías de 2017.
Fue hasta abril de 2018 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a Mauricio Razo inhabilitándolo de la administración pública por dos años.
LOS LLAMADOS IGNORADOS
Mauricio Razo Sánchez, como Contralor Interno de la Sedesol y luego de la Sedatu, tuvo las facultades y tareas de recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y darles seguimiento; también debía investigar y fincar las responsabilidades e imponer las sanciones respectivas y determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, «si así conviene a la conducción o continuación de las investigaciones», de acuerdo con la normativa.
Está establecido que el Contralor debe “calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como la Tesorería de la Federación, fincando, cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas responsabilidades».
En una auditoría de 2015, se analizaron convenios de la Sedesol con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnológica del Sur del Estado de México como parte del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias que consistió en la instalación de sistemas de agua pluvial, de baño ecológico y de techos fijos para ser colocados en viviendas.
Ante lo observado, la Auditoría Superior requirió al Órgano Interno que investigara a los servidores públicos que en su gestión suscribieron los convenios sin que las universidades contaran con la capacidad técnica, material y humana para la realización de los objetos, y «declararon en falsedad» que no se requeriría de la contratación con terceros para el cumplimiento de los trabajos contratados, aunque así lo hicieron.
En el caso de los baños ecológicos, por ejemplo, el órgano autónomo pidió al área de Mauricio Razo que investigara a los servidores públicos que no vigilaron el estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y contrataron a la empresa BPG Ingeniería, en participación conjunta con la empresa Grupo Daxme y Muebles y Mudanzas, sin verificar previamente que la propuesta económica presentada discrepaba notablemente con las ofertas del mercado. Además, el costo real de los bienes, su distribución e instalación es notablemente inferior a lo pagado por la Sedesol.
Para 2016, cuando Robles y Razo ya estaban en la Sedatu, la Auditoría Superior detectó un caso parecido.
Auditó 19 convenios de Sedatu con universidades públicas y entes públicos estatales para diversos servicios, entre ellos, con las de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa u otros.
Entonces, la petición al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se repitió. La ASF pidió investigar las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, oportunidad y calidad pertinentes para los recursos públicos del Estado, toda vez que no constataron con evidencia documental fehaciente que las Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales con quienes suscribieron los convenios contaran con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con las obligaciones establecidas.
Además se comprobó que para la ejecución de los servicios, los funcionarios de la Sedatu realizaron la contratación de terceros en más de un 49 por ciento permitido por la Ley de Adquisiones, sin que los anexos técnicos y órdenes de trabajo contaran con la descripción pormenorizada, cantidad y precio unitario de cada uno de los bienes y servicios requeridos por las áreas solicitantes, para acreditar y justificar el importe convenido.
El Órgano Interno además, es apoyada por la Oficialía Mayor a cargo de Emilio Zebadúa González en ambas dependencias, de acuerdo con el Manual de Organización Específico de la Oficialía Mayor.
“[La Oficialía Mayor] coadyuva con el OIC en la atención de asuntos relacionados con las unidades de su competencia, designando y facultando al efecto a funcionarios de la propia Oficialía Mayor o de las unidades administrativas adscritas a ella para que sirvan como enlaces entre ésta y aquél», reza el manual.
Es decir, Mauricio Razo trabajó durante su estancia en ambas Secretarías de manera conjunta con Zebadúa, quien también ha conservado su puesto de Oficial Mayor en Sedesol y Sedatu.
