Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).– El nuevo Ombudsman de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, tiene apenas 12 días en su cargo, pero acumula decenas de cuestionamientos sobre su trayectoria profesional, además de acusaciones de ser un personaje colocado «a modo» al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para dar «tranquilidad» al Gobernador priista Roberto Borge Angulo.
“Lamentablemente Quintana Roo se maneja como una situación feudal donde quien gobierna es el Virrey”, denunciaron los defensores de derechos humanos, Rosa María Vázquez y Roberto Guzmán.
Para los activistas, la llegada del nuevo titular de la CEDH se da en un momento de descontento “terrible” entre los ciudadanos, por la iniciativa contra protestas sociales del Diputado priista Juan Carrillo Soberanis y el amotinamiento en el Penal de Chetumal del fin de semana pasado.
Sin embargo criticaron que no haya habido una reacción sobre estos hechos por parte del Ombudsman en el entidad.
En el caso del motín, el nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que hasta que hubiera quejas se investigaría la eventual violación de derechos humanos y en el caso de la iniciativa que pretende criminalizar la protesta no se ha pronunciado, aseguró Roberto Guzmán, directivo de la Red Positiva.
“Todo está perfectamente si nos vamos a esperar quejas, los derechos humanos son más que quejas, en el caso de la ley contra las protestas, puede hacer acción de inconstitucionalidad”, explicó.
Los activistas explicaron a SinEmbargo que el ex Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo carece de experiencia en derechos humanos.
“El hoy ungido es una persona que jamás ha trabajado con organizaciones, pero se dieron a la tarea la Procuraduría del estado, el Instituto de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Social, la del Gobierno del estado de hacer campaña proselitista a favor de este muchacho sin un perfil de defensoría de derechos humanos», expuso la presidenta de la Red Equidad de Derechos Humanos.
“Cómo puede dormir como funcionario y despertar como encargado de derechos humanos de dependencias tan señaladas como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaria de Gobierno, donde era empleado de segundo nivel, y no por eso se le demerita, pero él no tiene conocimientos o alguna defensa de derecho humanos conocida”, afirmó Márquez.
OMBUDSMAN SIN PERFIL
Harley Sosa Guillén es licenciado en Derecho por la Universidad de Campeche [de donde es originario] y cuenta con tres diplomados: uno en amparo, otro en Derecho Procesal Constitucional y uno más en Derechos Humanos.
En una entrevista publicada el 31 de marzo en el diario Quequi, el Ombudsman dijo que defenderá a todos, no sólo a delincuentes.“Se trata de ciudadanizar la Comisión de los Derechos Humanos; que no sea una instancia que solo se encargue de proteger delincuentes; quiero quitar esa imagen de la Comisión”, expuso.
Pero en Quintana Roo, no es la primera vez que hay un Ombudsman sin un perfil adecuado. El anterior, Enrique Mora, sólo se concentró en la zona sur del estado, buscó a algunas organizaciones y así estuvo en los cuatro años. Pero dejó abandonado a Isla Mujeres, ejemplificó Guzmán.
En la designación de Mora no participó la sociedad civil, pero en la de Sosa Guillén sí, aunque todo fue una farsa, afirmó Márquez.
“Se hizo parafernalia del muchacho apoyado por organizaciones, el Congreso recibió documentación y los diputados designaron a ese muchacho. Faltaron al derecho constitucional de poder presentarnos, no tuvimos derecho de audiencia. Simplemente para comparar logros, el Congreso admitió a cuatro personas [postulantes] de la Procuraduría”.
De acuerdo con Roberto Guzmán, el Ombdusman Sosa Guillén presumió haber llegado con el apoyo de 41 organizaciones civiles, pero sólo cinco eran serias. En otros casos no se sabe si tienen un representante legal que firmó, o algunas son de otros estados. Él detectó dos de Chihuahua.
Por ello, el activista le pidió al Congreso que le entregara una copia de las firmas de los representantes legales de las organizaciones, pero no se la han dado, por lo que no descartó que algunas cobren su apoyo en épocas electorales.
En el Congreso estatal salió aprobado porque se le trató como candidato y fue el que más apoyos reunió, pero los aspirantes, entre quienes estaban Guzmán y la propia Márquez, más que mostrar apoyos debían comprobar conocimientos.
“Era parafernalia y nos vieron la cara a la ciudadanía y en particular a los defensores de derechos humanos”, dijo la presidenta de la Red Equidad de Derechos Humanos.
El 20 de marzo fue aprobado en el Congreso estatal y en lugar de atender a las organizaciones comenzó a hacer una gira por el estado para legitimarse, se quejaron los activistas.
“Nosotras como parte del Comité de Familiares y Mujeres en Reclusión extendimos un oficio al nuevo presidente preguntándole de una recomendación de un evento contra mujeres en reclusión. En lugar de atendernos se dio a la tarea comenzó tour de visita a dependencias federales, buscando legitimarse”, dijo Guzmán.
Guzmán también lo invitó y Sosa guillén le ha dicho dos veces que pasará a visitarlo; es el mismo número que lo ha dejado plantado, se quejó.
DH EN CRISIS
Tanto Márquez como Guzmán calificaron la situación de derechos humanos en su estado de manera negativa.
“La procuración de justicia es lenta, se registran detenciones arbitrarias, sobre lo que pasó en el penal dijo que iba a averiguar, no es posible que llegue a eso”, puso como ejemplo Guzmán.
Márquez comentó que los reclusorios han sido calificados con 4.6 de una calificación posible de 10, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “Si las personas en custodia del Estado así están, imagine como estamos los de afuera”, dijo.
Otro problema que exponen es el de la prisión preventiva, que en el estado tiene una alta incidencia. Denunciaron que «al que detienen –no importa si es por un delito menor– los encarcelan y luego de meses o años que resulta que no fueron, los liberan».
Los activistas explicaron que recientemente el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio un reporte ante el Senado de la República y explicó que el proceso de las cárceles de Quintana Roo está abandonado, pero aseguraron es incorrecto y sigue una alta tasa de población en prisión preventiva.
