Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– La tribu Yaqui no dará marcha atrás en su rechazo al Acueducto Independencia, la obra emblemática del Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, que violó los derechos humanos y a la Consulta de los pobladores de los ocho pueblos de la etnia, dijo Mario Luna Romero, Secretario de la Tribu Yaqui del Pueblo de Vícam.
El 21 de enero las autoridades tradicionales yaquis firmaron un convenio con instancias gubernamentales, federales y estatales, para realizar una consulta tardía sobre la obra que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) omitió consultar previamente al pueblo sobre la construcción del acueducto.
La SCJN dio tres meses de plazo, con opción a cambiar las fechas de acuerdo a los usos y costumbres de la tribu, por lo que los yaquis acordaron con el gobierno buscar una salida conjunta al problema que mantuvo durante nueves meses bloqueda la Autopista Internacional.
El viernes, inconformes y gobierno acordaron una tregua que contempla el retirarse de la ruta federal México 15, tramo Guaymas-Obregón, antes del 1 de marzo para dar paso a las celebraciones de Semana Santa, pero si en 20 días no hay una respuesta a sus demandas, volverían a bloquear la autopista.
La semana pasada los yaquis denunciaron que los acuerdos del convenio para realizar cabo la consulta, no se habían cumplido por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua de Sonora.
En representación del Gobierno de la República, Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), ratificó el viernes los acuerdos del convenio.
Y puso a disposición de la etnia las dependencias federales para las propuestas que conlleven al desarrollo de la Tribu Yaqui.
La obra, que tiene un costo de 3 mil 860 millones de pesos, inició su construcción a finales de 2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a través de 172 kilómetros de tubería de acero.
Luna Romero dijo que la actitud del Gobierno de Sonora, ha sido desde que inició el conflicto, de confrontación y división. Parte de los acuerdos contemplan que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) opera la obra de toma del acueducto mientras se resuelve el fondo del conflicto.
“El gobierno desconoce la historia de la tribu, nuestra lucha por la defensa del territorio ha sido desde siempre. Nosotros ahorita estamos unidos con los agricultores del Valle del Yaqui, porque estamos defendiendo el agua, no por otra cosa”, dijo el vocero yaqui.
Andrea Ulisse Cerami, abogado del Área de Defensa y del Área de Políticas Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), dijo en entrevista con SinEmbargo el año pasado, que el gobierno de Sonora violó derechos humanos de la etnia, incluso con ataques a los opositores del acueducto.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para otorgar la autorización a la Manifestación de Impacto Ambiental, sólo evaluó el impacto de la tubería, pero omitió los efectos sobre el agua, argumentando que es competencia de la Conagua.
El abogado de Cemda explicó que el acueducto es un proyecto que impacta en extremo y que la Ley de Aguas Nacionales prevé como última medida el extraer agua de una cuenca hídrica a otra.
Según el Cemda, el Acueducto Independencia generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, afectará los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, pondrá en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP) Bavispe-El Tigre localizada en la Cuenca del Río Yaqui y a la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseachic.
Las autoridades sonorenses violaron derechos de los agricultores y del pueblo indígena según la recomendación número 37 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida el año pasado y dirigida a la Semarnat y al Gobernador Guillermo Padrés Elías.
En esta recomendación la CNDH enfatizó la polémica sobre el mal manejo del conflicto por parte del gobierno del panista, pues generó división y ataques entre los habitantes de Ciudad Obregón y Hermosillo debido a “la falta de implementación de políticas públicas por parte de la administración, a fin de evitar un conflicto social debido a la percepción de escasez de agua, su abastecimiento inequitativo, la construcción del Acueducto Independencia y la violación de los derechos al debido proceso, a la garantía de audiencia y a la consulta del pueblo yaqui, por parte de la Semarnat”.
Andrea Cerami dijo que las etnias tienen derecho desde 1990 a ser informadas y llamadas a consulta pública desde las primeras etapas del proyecto, cuando el gobierno pretenda realizar obras públicas que afectarán a sus recursos naturales.
La etnia Yaqui es dueña del territorio que ahora defiende desde 1940, cuando el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, integró las tierras y aguas a la tribu a través de un decreto. En 1971 le fueron otorgadas legalmente 474 mil hectáreas donde ahora se asientan sus ocho pueblos: Vicam, Rahum, Torim, Huiribis, Belen, Bácum, Potam y Cócorit.
Hace unos días Tomás Rojo, otro de los voceros de la tribu, acusó al gobierno de Padrés Elías de violentar el estado de derecho de su pueblo y de tratar de engañarlos en repetidas ocasiones.
“Ellos mediante artimañas han estado convocando a los yaquis, pero ese es un elemento que alerta y debe de alertar a todos. Estamos convencidos de que este proceso de jugar vencidas con el gobierno del estado y de instancias federales no va a cejar. Nuestra lucha es por la tierra y el agua y tiene cuatro años, la carretera ya tenemos nueve meses cerrada”, dijo.
PREOCUPACIÓN POR CONSULTA
El 7 de febrero, la Misión Civil de Observación a la Consulta a la tribu Yaqui, una agrupación sin fines de lucro constituida por varias organizaciones civiles para dar seguimiento al conflicto, indicó que los convenios que se firmen entre la etnia y el gobierno, no sustituyen a una consulta.
“Son las autoridades de Semarnat quienes no han cumplido con la entrega de toda la información solicitada por la tribu Yaqui para que este proceso continúe. Nos preocupa el cumplimiento de la sentencia de la SCJN, ya que tenemos conocimiento que el día 2 de diciembre de 2013, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sonora se pronunció sobre el incumplimiento de la ejecutoria para la realización de la consulta por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental”, dijo en un comunicado de prensa.
Alicia Rubio, de la Misión Civil, dijo que la construcción de acueducto, obstaculiza el acceso de la tribu al trabajo, la salud y al agua.
“Advertimos a las autoridades que están poniendo en riesgo los derechos económicos y sociales de la tribu Yaqui. El gobierno debe de tener la voluntad de basarse en el cumplimiento de estos derechos para impulsar cualquier tipo de proyecto y no caer en su violación”, dijo.
Citlalli Hernández, también activista de la Misión Civil, reveló que el gobierno federal presentó una serie de programas de gobierno a la tribu en una de sus reuniones en Sonora.
“Y lo hace dentro del proceso de consulta. Es de llamar la atención que se esté haciendo esta oferta de recursos. Estamos preocupados por la confusión que se puede generar a partir de estas reuniones”, dijo.
Mario Luna indicó que la tribu espera que las autoridades realicen la consulta y que se apeguen al resultado, pues el 99.9% de los yaquis rechazarán el Acueducto Independencia.
“Ojalá que no sea sólo un requisito para ellos y que de verdad tomen los resultados tal cual. Nosotros no daremos marcha atrás”, dijo.
