Ciudad de México, 14 de enero. (SinEmbargo).- Han pasado cuatro meses desde que las inundaciones provocadas por la tormenta tropical «Manuel» en Guerrero dejaran más de 150 muertos, además de pérdidas millonarias para pobladores y empresas, y ninguna autoridad ha presentado el informe para deslindar responsabilidades.
Se trata de una orden hecha por el Presidente Enrique Peña Nieto dos semanas después de la tragedia. El 28 de septiembre del año pasado, el mandatario le pidió al propio Gobernador Ángel Aguirre Rivero realizar una serie de investigaciones para deslindar responsabilidades a nivel local. A nivel federal se lo pidió a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El informe estaba programado para presentarse un mes después, y debía incluir también la colaboración de la Conagua.
“La verdad es que no ha habido nada. ¿Qué te puedo decir?, que como siempre, en estos casos el gobierno trata de que el tiempo haga que se olviden las cosas y es una muy mala receta. Estamos muy preocupados”, lamentó el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial del Senado, el panista Francisco Búrquez.
Hasta ayer no se ha presentado el informe que supuestamente arrojará nombres de funcionarios locales, estatales y federales que autorizaron permisos o actuaron en complicidad para construir en zonas donde no estaba permitido. Según lo que se ha adelantado, el informe incluirá nombres de inmobiliarias que también incurrieron en ilícitos.
“Hay privados, hay gobiernos y hay muchos líderes que han hecho esto por décadas, es su modus vivendi lucrar con la necesidad de personas, de la gente que no puede acceder al mercado de la vivienda formal y la que termina acudiendo al mercado negro, que puede ser, después de la droga, el segundo mercado más grande de este país”.
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- Comunidad de La Pintada en Atoyac de Álvarez. Foto: Cuartoscuro
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- A un año de «Manuel», los afectados siguen viviendo en albergues. Foto: Cuartoscuro
NEGLIGENCIA Y ABSURDO DESARROLLO
Era mediados de septiembre cuando se registró un fenómeno poco común: coincidieron dos fenómenos meteorológicos en México: la tormenta tropical “Manuel” que llegó por el Pacífico y el huracán “Ingrid” por el Atlántico.
Lo que fue más común fue la reacción de las autoridades. A pesar de los registros del Sistema Metorológico Nacional (SMN) y sus avisos de que se intensificaría la lluvia en zonas como Guerrero, las autoridades de Protección Civil federal y estatal no dieron aviso a la población de las precipitaciones que se avecinaban.
El resultado fue que mientras el resto de México celebraba las fiestas patrias, compatriotas de 521 municipios de más de 25 entidades resultaron afectados, y en 309 ayuntamientos se declararon en emergencia. Entre los principales afectados estaban los guerrerenses quienes vieron cómo se desbordaban los ríos, se inundaban sus frágiles casas, cómo la autopista se agrietaba y cómo se quedaban sin comunicación alguna.
Las inundaciones también dejaron al desnudo la corrupción y negligencia en la planeación del desarrollo urbano y en la construcción de conjuntos habitacionales y carreteras.
PURAS LARGAS
Desde el 23 de octubre el titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que el informe sería presentado “próximamente”, y en una visita que realizó a Acapulco ese día dijo que ya estaba concluido.
La promesa de que el informe ya estaba concluido volvió a darla la semana pasada. Ramírez Marín acompañó al Presidente Peña Nieto a la región de La Montaña, en Guerrero. Igual que en octubre, aseguró que el informe ya estaba terminado y que la Secretaría hacía consultas con otras autoridades, incluida la Procuraduría General de la República (PGR).
El informe contendrá las causas por las que ocurrió la contingencia, las acciones para evitar que se repita, e incluye la comisión de responsabilidades.
Entre las autoridades que fueron consultadas está la del gobierno de Guerrero. El Gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero, afirmó también la semana pasada que el informe será presentado de manera conjunta. Admitió que van demorados.
“Será de gran valía porque si no, una vez más se va a cuestionar y con toda razón que sólo en el momento de más crisis hicimos un anuncio y no lo cumplimos”, dijo.
Los responsables del informe son la Sedatu, la Conagua y el gobierno local, dice el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial del Senado.
“Estamos esperando esos reportes y en primera instancia está el gobierno local que tiene a su mando la administración del uso de la tierra y eso sabemos que es responsabilidad de políticos y los políticos se protegen”, expresa.
La demora del informe lo tiene preocupado, comparte el legislador
“Nos tiene preocupados, en febrero la Comisión de Desarrollo Urbano retomara las cosas de qué es lo que puede acabar con esta problemática histórica de México de componendas, corrupción y que dejen de hacerse de la vista gorda y se acabe la impunidad”.
De acuerdo con el panista, al igual que Acapulco, otras 20 ciudades son vulnerables a los desastres causados por el desorden urbano, la mala planeación, la corrupción e impunidad que permite los mencionados factores y los fenómenos meteorológicos.
“Este año ya se formaron 200 mil asentamientos nuevos irregulares y no pasa nada, esa es la semilla para las nuevas catástrofes humanas, primero se presentan como eventos climatológicos que por la mala planeación y la mala actuación de gobierno terminan en catástrofes naturales”, explicó
¿A qué atribuye la demora para presentar el informe?, se le pregunta.
«Quienes integran la clase política buscan protegerse unos a otros y que haya impunidad es la regla en este país. Necesitamos que el mundo de la política, diputados, senadores o cualquier nivel de gobierno asumamos las consecuencias de nuestro actuar. A eso le atribuyo lo que está pasando», concluye.
