Santo Domingo, 7 ago (EFE).- El 47 % de los pobres en República Dominicana tiene menos de 18 años, según datos ofrecidos hoy por la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en República Dominicana, María Jesús Conde, que dice que la calidad de la educación en el país sigue siendo «una asignatura pendiente».
El ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani) y Unicef presentaron hoy el «Análisis de situación de la infancia y la adolescencia en la República Dominicana 2012».
En el primer capítulo de dicho estudio se revela además que, a pesar del crecimiento económico de la última década, en 2010 el 50,6 por ciento de la niñez del país (1,7 millones) vivía con alguna «necesidad básica insatisfecha».
Estas necesidades insatisfechas eran la falta de agua potable, saneamiento básico, hacinamiento o ausencia de educación, entre otros.
A pesar de los avances, en República Dominicana, con un 98 por ciento de atención hospitalaria, es «inaceptable» el número de mujeres que muere por razones asociadas al parto, indicó Conde.
Se estima que el 80 por ciento de las muertes maternas se producen por toxemia, sepsis, hemorragias y abortos, «muertes evitables si la atención no estuviera fragmentada, si se cumplieran las normas y protocolos de atención, si no se produjeran demoras en los servicios obstétricos de emergencia, si hubiera presencia de personal especializado en las guardias hospitalarias y si estuvieran siempre disponibles los insumos y medicamentos», indicó.
En 2011, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó una tasa de mortalidad infantil de 27 por 1.000 nacidos vivos, lo que supone que 5.866 niños y niñas se murieron antes cumplir su primer año de vida y, de ese total, alrededor de 5.000 murieron durante el primer mes de vida, debido a que la mortalidad neonatal sigue siendo la más alta (23 por 1.000 nacidos vivos).
En cuanto a la eliminación de la trasmisión materno-infantil del VIH y sífilis congénita, «los retos son muy importantes al corto plazo», debido a que en el periodo 2007-2011 la transmisión vertical se ha reducido del 11 por ciento al 6 por ciento, mientras que la meta fijada para 2015 está por debajo del 2 por ciento, subrayó.
Sobre el derecho a la educación, comentó que el contexto político y social actual «es favorable», como lo muestra la asignación del 4 por ciento del PIB a la educación preuniversitaria nacional.
La población entre 0 y 5 años ha sido también priorizada por el actual Gobierno y así se evidencia con la puesta en marcha del programa Quisqueya Empieza Contigo, cuyo objetivo es atender de forma integral a aproximadamente medio millón de niños y niñas, con énfasis en la población más excluida, manifestó Conde.
Sin embargo, advirtió que la calidad de la educación «continúa siendo una asignatura pendiente», y los resultados de aprendizaje en las diferentes pruebas nacionales e internacionales muestran la «necesidad urgente de transformar el sistema educativo dominicano comenzado por la actualización del currículo y la construcción de nuevas aulas».
Otro de los desafíos, opinó, es lograr que la población entre 14 y 17 años pueda acceder, permanecer y completar sus estudios de nivel medio, ya que aproximadamente la mitad está excluida del disfrute de este derecho y la tasa neta de culminación de los que asisten es extremadamente baja, un 18,4 por ciento.
Otros datos de interés revelados por Conde reflejan que el 20,8 por ciento de la población de 0 a 5 años no tiene inscrito su nacimiento en el registro civil.
Además, el 56 por ciento del total de la población en trabajo infantil realiza actividades peligrosas y el 67,4 por ciento de los hogares utiliza el castigo físico o psicológico para disciplinar a sus hijos.
Por otro lado, el 90 de las víctimas de violencia sexual en el 2010 fueron personas menores de edad, según Conde.
Por último, el análisis reveló que en la República Dominicana no existe una cultura de participación social de los niños y niñas y que uno de los retos para el país la lucha contra la discriminación, eliminación de las barreras arquitectónicas, acceso a servicios sociales y tecnologías adecuadas que les permita una integración a la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. EFE
