Tokio, 27 jun (EFE).- Las autoridades de la provincia de Fukuhisma (noreste), epicentro de la crisis nuclear en Japón, comenzaron hoy a realizar controles para medir la radiación a la que se han visto expuestos sus cerca de 2 millones de sus habitantes.
Los chequeos médicos se centran en analizar la cantidad de material radiactivo interno que puedan presentar los residentes, lo que se controlará a través de análisis de orina y de contadores de radiactividad corporal.
Los primeros exámenes médicos se realizaron hoy en el Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas de Chiba (centro) con un grupo de diez habitantes procedentes de la ciudad de Namie, que se encuentra en el radio de exclusión de 20 kilómetros en torno a la central de Fukushima Daiichi, informó la agencia local Kyodo.
Las autoridades de Fukushima acordaron llevar a cabo este tipo de pruebas ante la preocupación por el nivel de exposición a la radiación en la zona, y sus resultados a largo plazo se utilizarán para analizar cómo afectan al cuerpo humano las pequeñas dosis de exposición radiactiva durante tiempo prolongado.
El plan prevé que en primera instancia se realicen controles a 2 mil 800 residentes considerados «prioritarios» por su proximidad a la central nuclear en los primeros días tras el accidente, antes de iniciar en agosto los chequeos a gran escala al resto de los habitantes de la provincia.
La semana pasada, las autoridades de Fukushima también decidieron, como medida de precaución y ante el creciente alarmismo, repartir dosímetros a cerca de 280.000 niños, uno de los grupos de población considerados de riesgo, frente a los cerca de 35.000 que se habían previsto distribuir en un inicio.
El Gobierno tiene previsto crear un fondo de 100.000 millones de yenes (873 millones de euros) para financiar los exámenes médicos y controles de radiación a los habitantes de Fukushima durante los próximos 30 años.
La crisis nuclear en la central de Fukushima Daiichi ha obligado a desalojar decenas de pueblos a hasta 50 kilómetros de la central, mientras que se ha creado una zona de exclusión en un radio de 20 kilómetros de la misma.
La Agencia de Seguridad Nuclear japonesa recomienda desalojar áreas con un nivel de radiación anual acumulada superior a 20 milisievert, muy por encima del máximo de 1 milisievert anual que sugiere la Comisión Internacional de Protección Radiológica.
