Ginebra, 5 Mar (Notimex).- El relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, recordó que la negación de los servicios reales, sanciones o represalias a mujeres por un aborto legal podría equivaler a tortura.
«Los Estados cuya legislación nacional autorice los abortos en diversas circunstancias deberán velar por la disponibilidad real de los servicios sin consecuencias adversas para la mujer o el profesional de la salud», subrayó Méndez.
Al presentar su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, el experto instó a todos los Estados miembros «a que velen porque las mujeres tengan acceso a la atención médica de emergencia, incluidos los cuidados posteriores al aborto, sin temor a sanciones penales o represalias».
Según el informe, los órganos internacionales y regionales de derechos humanos han empezado a reconocer que los malos tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva «pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales, provocados por motivos de género».
Según Méndez ejemplos de violaciones que pueden constituir tortura o malos tratos son «el maltrato y la humillación en entornos institucionales; las esterilizaciones involuntarias; la denegación del acceso a servicios autorizados de salud como el aborto y la atención post-aborto».
Asimismo «la mutilación genital femenina; las infracciones del secreto médico y de la confidencialidad en entornos de atención de la salud, como las denuncias de mujeres presentadas por personal médico cuando hay pruebas de la realización de abortos ilegales».
Igualmente, según el relator especial de la ONU, podría equivaler a un acto de tortura «intentar hacer confesar a una mujer como condición para que reciba un tratamiento médico que podría salvar su vida después de un aborto».
Reconoce que para muchas víctimas de violación, «el acceso a un procedimiento de aborto sin riesgo es prácticamente imposible debido a un laberinto de trabas administrativas y a la negligencia y la obstrucción oficiales».
«El Comité contra la Tortura ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos», refirió el texto.
En numerosas ocasiones, los órganos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación al denegarse o restringirse el acceso a los cuidados posteriores al aborto, «a menudo con fines inaceptables como imponer un castigo u obtener una confesión».
En su informe, el relator especial examina varias de las prácticas abusivas comúnmente registradas en entornos de atención de la salud y describe cómo se aplica en ese contexto el marco de protección contra la tortura y los malos tratos.
También considera temas como la reclusión, aislamiento e inmovilización de personas con discapacidad en instituciones psiquiátricas, el rechazo de servicios médicos a gays, lesbianas y personas transgénero.
Asimismo la denegación de servicios a pacientes con VIH y los confinamientos obligatorios de drogadictos en centros de rehabilitación bajo medidas represivas y sin terapia médica de apoyo.
«Los ejemplos examinados de tortura y malos tratos en entornos de salud probablemente representan la punta del iceberg de este problema mundial», advirtió el relator especial de la ONU.
