Ciudad de México, 24 de ene (SinEmbargo).– México logró en junio de 2011 uno de los mayores avances en la historia del país en Derechos Humanos -que le valió reconocimiento mundial- al elevar a rango constitucional todos los derechos humanos garantizados y ratificados en tratados internacionales, para que éstos quedaran al mismo nivel que la Constitución.
Tras casi año y medio de su publicación, una nueva controversia ha surgido: un legislador del PRI justifica «caos en materia judicial» para determinar que la Constitución debe prevalecer por encima de los tratados internacionales cuando exista conflicto en su aplicación. Esto, contrario a la libertad de los juzgadores para decantarse por la Constitución o algún tratado internacional procurando la protección más amplia del derecho en cuestión. Según opositores a la iniciativa, la modificación daría marcha atrás a los avances y evidenciaría la «incapacidad del Estado» para cumplir con este tema.
La reforma de 2011, con la que se reajustaron 11 artículos de la Carta Magna, establece puntos de importancia por el término pro personae y eleva a rango constitucional todos los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales que han sido ratificados por México.
La polémica surgió el 3 de enero pasado cuando el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, dio a conocer una iniciativa que pretende agregar un párrafo extra al artículo 1 constitucional y que, según panistas, perredistas y ONG’s, es incompatible con los avances logrados en 2011, pues legitimaría todos los actos gubernamentales y denota «la tradición autoritaria y conservadora del Estado mexicano».
Pese a que Arroyo Vieyra reconoció las críticas en su contra y aseguró que no seguirá promoviendo su iniciativa, ésta no ha sido retirada oficialmente como lo han pedido 75 organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y Amnistía Internacional, por lo que se corre el riesgo de que el proyecto sea retomado por otro legislador.
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 2011
El 9 de junio de 2011, casi 20 años después de que la protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional (28 de enero de 1992), se promulgó la reforma constitucional en la materia, misma que fue considerada como un hito y que mereció reconocimiento a nivel internacional.
Calificada por el ex Presidente Felipe Calderón como “la mayor ampliación de los derechos de los mexicanos que se haya visto en décadas”, la ley establece la obligación de todas las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos; además, incluye el novedoso término pro personae y eleva a rango constitucional todos los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano.
La reforma, que incluyó el ajuste a 11 artículos de la Constitución, es la más amplia que se ha presentado desde la creación de dicha ley.
Días antes, el 4 de junio de 2011, Calderón firmó el decreto de promulgación de la reforma constitucional en materia de amparo en busca de frenar la impunidad. Con este hecho se incorporó a la Constitución la figura de amparo por omisión de la autoridad, esto significa que los ciudadanos se pueden amparar cuando exista una violación que sea producto de la «pasividad» de las autoridades, es decir, por no hacer su trabajo.
Tras llevarse a cabo la promulgación, Miguel Carbonell, experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, destacó la inclusión en la reforma de la interpretación pro personae, que define como:
Un principio que supone que cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano.
Otro aporte que destacó el investigador fue el cambio del «anticuado concepto de garantías individuales” para adoptar la denominación de “derechos fundamentales”. También recalca que ahora el artículo 1 no «otorga» los derechos, simplemente los «reconoce».
La promulgación de la reforma incluso fue elogiada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien destacó que «sienta las bases en el país para una mayor promoción y protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente”.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó en marzo de 2011 que México está obligado a respetar más de 100 instrumentos internacionales como tratados y declaraciones, mismos que buscan erradicar la trata, el racismo, la esclavitud, el maltrato a la mujer, entre muchos otros.
LA INICIATIVA DE ARROYO VIEYRA
El pasado 3 de enero, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, presentó una iniciativa de ley que otorgaría a la Constitución un mayor rango legal que los tratados internacionales de derechos humanos.
Arroyo Vieyra, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó a su actual cargo en San Lázaro el 11 de diciembre de 2012 luego de que Jesús Murillo Karam dejara ese puesto para iniciar labores como titular de la Procuraduría General de la República.
El proyecto del priista se publicó en la Gaceta Parlamentaria número 3679-II el mismo día de su presentación y expone que «derivado de esta reforma, las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a adaptar sus criterios para la promoción y protección eficaz de los derechos humanos, y el poder judicial queda obligado a juzgar a la luz de todo el conjunto de normas en materia de derechos humanos, bajo los principios pro persona, e interpretación conforme».
Asimismo, según el texto, las modificaciones que se realizan en la Constitución colocan a México «en sintonía con los sistemas jurídicos más avanzados en la protección de los derechos humanos, pues crean el llamado Parámetro de Control de la Regularidad Constitucional», no obstante, el diputado argumenta:
Como toda reforma legal y particularmente tratándose de una reforma Constitucional de estos alcances, el proceso de implementación pone a prueba la posibilidad de hacerla efectiva. En este caso, el proceso ha encontrado dificultades a raíz de una contradicción entre el primer y el segundo párrafo del artículo 1 constitucional, que debe ser resuelta por el legislador para facilitar el trabajo del juez constitucional, que goza de la facultad de interpretar la norma suprema”.
Derivado de esta premisa, Arroyo insta a precisar que en caso de presentarse contradicciones entre el texto constitucional y los tratados internacionales firmados por México, la interpretación que deberá prevalecer será la de la Carta Magna, de esta forma, en el documento el legislador se propone reformar el artículo 1 de la Constitución agregando un párrafo extra:
Debido a las criticas que recibió, Arroyo Vieyra aseguró que su intención no es dar marcha atrás en la materia y que su proyecto nació luego de que «un grupo de juzgadores» se mostró preocupado ante él debido a que los derechos humanos presentes en los tratados internacionales han sido empleados «como pretexto para lesionar otros derechos».
Para enfatizar su punto, el diputado explicó a un rotativo capitalino:
Por ejemplo, un tratado internacional dice que todo padre tiene derecho a ver a su hijo, pero, ¿qué pasa si el padre es violento? Nuestra Constitución contempla en su artículo 4 medidas de protección para los niños, con eso protegemos al menor. La Carta Magna es garantista, por eso no hay que tener temor».
Además, afirmó que no «movería un dedo para defenderla», pero tampoco la retiraría.
EL RECHAZO
Tras conocer la propuesta, legisladores de Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática rechazaron la iniciativa del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Una de las panistas que se opuso al proyecto fue la senadora Gabriela Cuevas, quien consideró que la iniciativa «sería ir para atrás», cuando México cuenta con una «gran reforma en materia de derechos humanos».
En el bando perredista el diputado Fernando Zárate aseguró que la propuesta tendría «como consecuencia que todos los actos del gobierno federal, así sean similares a Atenco o Acteal serán legales porque estarán apegados a la Constitución, aunque violen tratados internacionales”.
Pero los políticos no fueron los únicos que rechazaron un cambio a la reforma ya existente. El 10 de enero Amnistía Internacional (AI) subió a su sitio web una declaración en la que hace un llamado al diputado Francisco Arroyo para retirar oficialmente la iniciativa de reforma al artículo 1 de la Constitución, pues «pone en grave riesgo importantes avances normativos en protección a los derechos humanos que se produjeron gracias a la reforma del texto constitucional en 2011».
AI reconoció además la postura del legislador de no seguir promoviendo su proyecto.
El organismo detalló que:
La consecuencia de esta reforma sería de dejar sin efecto el principio pro persona consagrado en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Este principio garantiza la aplicación de la interpretación más favorable a la persona en caso de contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Por tanto asegura como mínimo el acceso a los derechos consagrados en los tratados internacionales ratificados por México a todas las personas y cuando la Constitución sea más favorable, la aplicación de lo que la misma establece».
Por otro lado, distintos medios informaron que representantes de por lo menos 75 organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos de 21 estados del país, agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), solicitaron el 22 de enero a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desechar la iniciativa de Arroyo Vieyra, pues consideran que es incompatible con la reforma publicada en junio de 2011.
En conferencia de prensa se mencionó que la reforma de 2011 es importante dado que eleva a rango constitucional las normas contenidas en tratados internacionales y por incluir el principio pro personae.
Algunos de los firmantes son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, Fundar, el Centro de la ONG Tlachinollan y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Además, rechazaron las declaraciones de defensa de Arroyo ya que calificaron como un «falso planteamiento» la «justificación del caos en materia judicial» y argumentaron que hay dos filtros que ayudan a reducir el riesgo de la firma de un tratado internacional incompatible con la Constitución.
También se recordó que en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que los jueces podrán aplicar las normas nacionales o internacionales analizando cada situación “caso por caso” y prefiriendo la que procure una protección más amplia del derecho en cuestión, publicó EFE.
De acuerdo con Proceso, los presentes pidieron un debate público sobre la llamada “contrarreforma” y coincidieron en que detrás de esta propuesta se halla «la tradición autoritaria y conservadora del Estado mexicano».
En tanto, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), José Rosario Marroquín, aseveró que la reforma muestra la “incapacidad del Estado para hacer efectivo su cumplimiento» en el tema de derechos humanos.
El activista destacó que de proceder el planteamiento del priista, algunos elementos «nocivos» que ahora están dentro de la Constitución como el arraigo, «no podrán ser controvertidos».
Hasta el momento la iniciativa está en vilo, a la espera de ser retomada o desechada oficialmente.
