La evolución del sistema carcelario en Sonora –desde la colonia hasta nuestros días– es en términos prácticos distorsionada. Esta deformación hace crisis con la acusación de corrupción de mandos altos, el asesinato de directivos y el hallazgo de privilegios dentro de las prisiones.
Cuando aún no había cárceles en territorio sonorense, en el siglo XVII en tiempos de las misiones jesuitas, los castigos a los infractores en las comunidades indígenas era a base de latigazos y mediante la reprobación colectiva. Durante los últimos años del virreinato, los delincuentes eran enviados a los presidios militares en donde purgaban condenas con trabajos forzados y si se trataba de indígenas que asaltaban a viajeros se recurría a una justicia expedita: eran colgados del árbol más próximo.
Numerosos documentos de la época compilados por el cronista Horacio Vázquez del Mercado dan cuenta de las pésimas condiciones en que se encontraban las prisiones, sobrepobladas y con escasos o nulos sistemas de seguridad, incluso con deficiencias en su construcción. Un reglamento emitido por el Ayuntamiento de Hermosillo en 1870, en vista de la “notable delincuencia”, consideraba la obligatoriedad de los presos a guardar silencio y a ser obedientes, y que la resistencia a las órdenes se castigaba con encierro en separos hasta de tres días, reducción de alimentos a pan y agua por el mismo tiempo o privación total de comida cuando los actos eran incorregibles.
Superados los procesos independentistas, la construcción de nación, el porfiriato y la evolución del sistema penitenciario, en pleno siglo XXI las cárceles padecen, entre múltiples problemáticas hacinamiento, corrupción, autogobiernos e ineficacia en los procedimientos judiciales. Los ajusticiamientos y fugas masivas coronan los excesos con el desmantelamiento de servibares, refrigeradores y juegos de video, al margen de “rifas” de celdas VIP con servicio de baño, aire acondicionado, muebles, cocina integral, estufa, refrigerador y acabados de madera.
Estos privilegios fueron descubiertos recientemente en los dos Ceresos de Hermosillo, Sonora, entidad que ha manifestado desórdenes con la destitución del director estatal Saúl Torres Millán, acusado de corrupción en los 15 penales del estado y por la fuga de un reo federal por la puerta principal del Centro de Readaptación 1 de la capital, además de la ejecución en enero pasado de Erasto Ortiz Valencia, a 12 días de haber asumido la dirección interina del Sistema Estatal Penitenciario. Antes y después se han consumado renuncias voluntarias y asesinatos de mandos y custodios.
Las irregularidades no son exclusivas de Sonora, y quizá los excesos son más evidentes en Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Sinaloa o Veracruz, donde la delincuencia organizada ha protagonizado tumultos con saldos mortales y evasiones masivas, en donde han quedado exhibidas drogas y armas. Sin embargo, Sonora sin estar exenta de esta realidad, enfrenta además inconsistencias en justicia penal por el caso de la Guardería ABC, que ha llegado a niveles de castigo político y reprobación ciudadana.
Si las faltas en el plano carcelario son sintomáticos de las deficiencias en todo el sistema de administración e impartición de justicia, el gobernador Guillermo Padrés Elías tiene ahí una fuerte problemática por resolver. Los fallidos intentos por enjuiciar a los responsables directos e indirectos, incluidos funcionarios, mantiene en deuda social al gobierno actual, dado el contexto electoral en que ocurrieron los hechos.
El panista Padrés Elías, catapultado por la reprobación a la gestión de Eduardo Bours Castelo y el castigo al malogrado sucesor priísta Alfonso Elías Serrano, vio ascender su candidatura de junio a julio de 2009 paralelo a la tragedia por la muerte de 49 menores que destapó irregularidades en el esquema de subrogación de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El sonorense debe sumar a sus pendientes el conflicto social por tierras y agua en la zona agrícola del Yaqui y la zona urbana de Hermosillo, la migración inhumana por el desierto de Altar, los constantes hallazgos de narcotúneles en la frontera con Estados Unidos y la estabilización de la economía local.
Bastaría con ejecutar acciones contundentes que hagan efectiva la readaptación social y justicia, acorde al discurso impulsado en esta materia. Demostrar que las palabras, estrategias y los resultados congenian con la coordinación de municipios, estado y federación.
