Ciudad de México, 7 de ene (SinEmbargo).– La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) llamó a la Secretaría de Gobernación (Segob), quien asume las tareas de la Secretaría de Seguridad Pública federal, a conducir “investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los miles de asesinatos y desapariciones que tuvieron lugar en los últimos años”.
“Debe ser una prioridad”, dijo la organización en un comunicado, “no solo para garantizar acceso a la justicia para las familias de las víctimas, sino también para determinar los casos en que hubo participación o connivencia de agentes del Estado. Sin verdad, justicia y transparencia no será posible restaurar la confianza de la sociedad mexicana en la procuración de justicia y las fuerzas de seguridad”.
Así mismo, agregó, “es imprescindible que se investigue y procese a los funcionarios públicos implicados en las violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, incluyendo la posible participación de integrantes de las fuerzas de seguridad en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias”.
El titular de la Secretaría de Gobernación es Miguel Ángel Osorio Chong.
“El pasado 3 de enero de 2013 la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) dejó de existir, siendo asumidas sus competencias por la Secretaría de Gobernación, incluyendo la dirección de la Policía Federal. Durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, la SSPF adoptó un rol protagónico en la estrategia de combate al crimen organizado, estrategia que ha dejado alrededor de 60,000 personas asesinadas y miles de personas desaparecidas”, dice el comunicado de Amnistía Internacional.
“El uso de la tortura y malos tratos, así como detenciones arbitrarias ha sido rutinario por parte de de las fuerzas de seguridad durante este periodo”, agrega.
“Amnistía Internacional considera fundamental que en el marco de las actuales restructuraciones se realice una autentica transformación en el sistema de seguridad pública y que no solo termine en cambios meramente cosméticos”, pide.
“Las autoridades mexicanas deben asegurar que las nuevas estructuras de de seguridad pública serán capaces de cumplir con su deber de garantizar la seguridad, al tiempo de respetar los derechos humanos en la práctica. Para esto, no basta capacitación y equipamiento, es esencial también establecer mecanismos de supervisión, rendición de cuentas y transparencia con base en las normas internacionales de derechos humanos”.
