México, 18 Dic. (Notimex).- Senadores de la República se reunieron con representantes de organizaciones de la sociedad civil, a fin de conocer la agenda ciudadana en materia de seguridad pública, justicia penal y derechos humanos.

En el encuentro con integrantes de las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia, que presiden los senadores Omar Fayad Meneses y Roberto Gil Zuarth, los dirigentes sociales destacaron la necesidad de establecer un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales.

Asimismo consideraron necesario concretar la implementación de los juicios orales y acotar figuras como el arraigo y la prisión preventiva.

El legislador del PRI afirmó que “habrá reforma en materia de seguridad pública y de justicia”, pues es una prioridad para la LXII Legislatura y en ese sentido el Senado analizará las propuestas de las organizaciones sociales.

Fayad Meneses consideró que “es perfectamente posible un código que contenga los elementos necesarios para que las entidades federativas puedan apegarse a él”.

Se comprometió “a hacer el mejor esfuerzo por tener una visión completa” y, con la opinión de especialistas y de las instituciones responsables, se construya un sistema que evite las violaciones de los derechos humanos en el combate a la delincuencia”.

“No podemos abusar de ciertas figuras jurídicas pensando que la situación es de tal alarma que tenemos que hacer cosas que podemos lamentar, como personas, como mexicanos y como seres humanos”, enfatizó.

Por su parte, el senador Gil Zuarth expuso que la reforma al sistema de justicia penal exige “un cambio procedimental, por lo menos en la jurisdicción federal, y no la podemos detener, por lo que tenemos que seguir avanzando”.

Sin embargo, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que no por ello se requiere “retrasar los trabajos” para la conformación de un Código Federal de Procedimientos Penales, que sea marco de referencia para los ordenamientos locales similares.

Aseguró que los legisladores del PAN y PRD “estamos en la intención de hacer propio” el proyecto de la sociedad civil para que sea una iniciativa formalmente presentada para someterla a la valoración del Congreso.

Por el PRD, la senadora Dolores Padierna Luna manifestó que “no sólo basta hacer leyes”, sino también profundizar en una cultura de paz, en el respeto a los derechos humanos y en la participación de la sociedad en la toma de decisiones.

La legisladora perredista consideró que tres de los seis puntos que dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto para atender el problema de la inseguridad “son de sentido común” y se requiere también un enfoque de “seguridad humana”.

Padierna Luna dijo que los salarios bien pagados, la educación y la salud representan una estructura fundamental para la prevención de delito y “sin eso se avanzará muy poco”.A su vez la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, insistió en que uno de los temas más relevantes de la agenda es la aprobación de un código único de procedimientos penales.

La activista agregó que dicho código permitiría establecer los parámetros mínimos para combatir los homicidios, la trata de personas, el secuestro y los delitos relacionados con la delincuencia organizada.

La propuesta tiene como base la realidad social y constitucional y los tratados internacionales, para llevar a cabo los juicios orales, transparentes y expeditos, y la policía y el Ministerio Público tengan la capacidad de investigar y actuar bajo el respeto a los derechos humanos.

Para ello, dijo, se propone reducir y limitar el uso de la prisión preventiva, con excepción de los casos de delincuencia organizada, “pues estamos convencidos de que en las cárceles sólo deben estar” quienes cometan delitos graves.

Miranda de Wallace destacó la necesidad de revisar la figura del arraigo, porque “creemos que no se han establecido los parámetros” para aplicarla, así como ampliar los derechos de las víctimas y del imputado.

Otro de los temas relevantes, añadió, es la profesionalización de la policía, pero en la propuesta presidencial “no veo ninguna propuesta de qué manera inmediata ayude a combatir este problema y sabemos que el 60 por ciento de los elementos están mal pagados y no cuentan con primaria”.

Héctor Larios Santillán, de Observatorio Nacional Ciudadano, dijo que “las condiciones de seguridad y violencia que aquejan a México son retos que van más allá de la coyuntura” y exigen acciones coordinadas de cada uno de los poderes, órdenes de gobierno y de la ciudadanía.

Refirió que la agenda fue elaborada por más de 20 organizaciones civiles y contiene 54 propuestas sobre la coordinación de los organismos encargados de la seguridad pública federal, la participación ciudadana, la reforma policial, la atención a víctimas y la desaparición forzada.

Consideró indispensable avanzar en las reformas para aplicar el sistema de justicia penal y de derechos humanos, como la nueva legislación en materia de amparo, el código de procedimientos penales, así como las modificaciones al ministerio público.

En tanto, Orlando Camacho, de México SOS, resaltó que las reformas a los cuerpos policiacos, a la Procuraduría General de la República y el fortalecimiento institucional se resolverían con la implementación del nuevo sistema de justicia penal.