Ciudad de México, 20 de nov (sinembargo.mx) – El domingo 8 de mayo de 2011, después de que miles de mexicanos caminaron con él desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo capitalino, Javier Sicilia se encontraba en un momento clave.
La Marcha Nacional por la Paz venía de más lejos: desde la Glorieta de la Paloma de la Paz, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El hijo del poeta y periodista, Juan Francisco, había sido encontrado muerto apenas el lunes 28 de marzo junto con otras seis personas. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos informó que su cuerpo fue hallado atado de pies y manos con claros signos de tortura.
Sicilia subió al estrado. Y desde allí, en un discurso encendido, exigió al Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa detener la ola de violencia y despedir al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
“No más muertes, no más odio, debemos caminar por las calles con dignidad”, expresó. Miles de aplausos, de expresiones de apoyo. “No están solos”, se gritaba. “Ya basta”.
Pero ni Sicilia ni nadie imaginó, en ese momento, que Calderón no escucharía el clamor. Nadie creyó que la exigencia fuera pasada por alto.
El puño de hierro de Calderón, García Luna, se quedó. Nada nuevo: ningún miembro del gabinete del panista fue tan cuestionado durante el sexenio como él. Ninguno unió tantas voces en contra: de organizaciones internacionales y nacionales, de miembros de la sociedad civil, de la misma iglesia y –se dice– hasta de las mismas Fuerzas Armadas. Y ninguno ejerció el poder como él.
Sicilia no midió sus fuerzas, se dijo. Porque ni las denuncias de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de desvío de recursos; ni los constantes operativos convertidos en montajes mediáticos o las quejas de violaciones a los derechos humanos pesaron, nunca, en el ánimo del Presidente Calderón.
García Luna demostró ser más poderoso que hasta los secretarios de Gobernación.
EL POLICÍA TODOPODEROSO
Nacido en 1968, Genaro García Luna estudió ingeniería mecánica pero dejó de lado esta profesión para incursionar en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, desde 1989. El puesto con el que empezó a cobrar notoriedad le fue designado en 2001 durante el sexenio de Vicente Fox: el de Director General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, corporación transformada en la Agencia Federal de Investigación, ahora extinta.
El 1 de diciembre de 2006, el entonces nuevo Jefe del Ejecutivo federal lo nombró Secretario de Seguridad Pública Federal. Desde ese momento y hasta ahora demostró ser hombre de todas las confianzas del mandatario.
No está claro quién es el autor de la estrategia calderonista contra las drogas –lanzada en 2006–, pero se dice que él fue el hombre que la ideó. Ninguno de los analistas del fenómeno del narcotráfico o de los especialistas en seguridad conocen a alguien, a uno que haya sido consultado por el Presidente entrante sobre los posibles efectos de lanzar una guerra. Se dice que el proyecto fue de García Luna. Y que Calderón, cuyo triunfo electoral era cuestionado por la mitad de la población, la compró para buscar un golpe de efecto en la población.
Se calcula que unos 100 mil mexicanos murieron por esa decisión. Miles más están desaparecidos y un número incalculable de ciudadanos tuvieron que desplazarse para escapar de una violencia atroz nunca vista desde la Revolución de 1910.
Y desde entonces, García Luna está en el mismo puesto. A pesar de las denuncias: Desde el montaje del Caso Cassez en diciembre de 2005, el súper rescate de tres periodistas que en realidad escaparon por sus propios medios, sus supuestas lujosas propiedades, hasta su presunta venganza en contra del ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva –hoy Policía Federal– Javier Herrera Valles; su presunta protección a Joaquín “El Chapo” Guzmán y la más reciente, el polémico caso Tres Marías.
EL GRAN MONTAJE DEL CASO CASSEZ
El 9 de diciembre de 2005, en medio de un gran despliegue mediático de Televisa y TV Azteca, se transmitió “en vivo” la captura de la francesa Florence Cassez y su pareja sentimental Israel Vallarta, presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca.
Además, los medios también pudieron dar cuenta de la presunta liberación de Ezequiel Yadir Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo de 10 años por parte de elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo titular en ese entonces era Genaro García Luna.
Meses más tarde, el 5 de febrero de 2006, Cassez denunció la edición de su detención en el programa “Punto de Partida” con Denise Maerker. Ante esto, García Luna reconoció que la escena fue recreada y se disculpó argumentando que se trató de «una reconstrucción solicitada por los medios de comunicación” y que esto no se tendría en cuenta durante el juicio de la francesa.
Tras la declaración del funcionario, la televisora de San Ángel despidió a Pablo Reinah, reportero que cubrió esa mañana el operativo, luego de que fue acusado junto con otros empleados de la empresa de planear con las autoridades la simulación; sin embargo, el comunicador emitió una carta en la que aseguraba que nunca se enteró que se trataba de una recreación y que fue “sorprendido por las autoridades de la AFI, que ahora pretenden hacernos creer que un reportero puede ordenarles cómo y cuándo hacer su trabajo”. Por su parte, García Luna siguió «intocable», ahora como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, bajo nombramiento de Felipe Calderón.
Por su parte, el Poder Judicial encontró motivos para sentenciar a Cassez a 60 años de cárcel en México.
Éste no sería el último montaje en el que se vería involucrado García Luna.
«UN SÚPER RESCATE»
En otro cuestionado operativo, el 31 de julio de 2010, Genaro García Luna apareció ante las cámaras de diversos medios de comunicación en el hangar de la Policía Federal, donde ofreció una rueda de prensa con motivo del supuesto rescate de tres periodistas privados de la libertad por miembros del crimen organizado.
El titular de la SSP leyó un comunicado para anunciar que luego de “un intenso trabajo de inteligencia”, la dependencia a su cargo había logrado el rescate de Alejandro Hernández Pacheco, camarógrafo de Televisa Torreón; Javier Canales, reportero de Multimedia, y de Héctor Gordoa, reportero del programa “Punto de Partida”, quienes cubrieron un motín y una protesta en un penal de Gómez Palacio, Durango.
Los reporteros habían sido secuestrados el 26 de julio y llevados a una casa de seguridad en dicho municipio.
García Luna aseguró que uno de los hombres fue liberado el 29 de julio y que “la Policía Federal realizó un esquema operativo” cerca de la casa donde estaban privados de su libertad sus dos compañeros, lo que ocasionó que “al darse cuenta de la presencia de los federales, los secuestradores huyeron, terminando así el cautiverio”.
Pero la versión del ingeniero no coincidió con la de Luis Cárdenas Palomino, su brazo derecho y jefe de la División de Seguridad Regional, quien afirmó en entrevista televisiva que los reporteros desarmaron una ventana para escapar, y fueron ellos quienes encontraron a los agentes policiacos, no al revés.
Días después, Alejandro Hernández dijo que todo había sido un “montaje” de la SSP y reveló que los engañaron para asistir a la conferencia diciéndoles que se iban a entrevistar con el propio presidente Felipe Calderón.
El «rescate» y la «presentación» de dos periodistas plagiados en Durango es un «montaje» de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y producto de una serie de chantajes
para llevarlos ante los medios de comunicación, sostuvo más tarde el abogado Carlos Spector-Calderón, representante legal de Hernández Pacheco, quien pidió asilo político en Estados Unidos.
EL FUNCIONARIO QUE LO DENUNCIÓ
En 2008, el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva -hoy Policía Federal- Javier Herrera Valles, envió una carta dirigida al presidente Felipe Calderón Hinojosa, en la que denunciaba varias irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública federal. Tras esto, fue detenido en noviembre de ese año por tráfico de drogas y delincuencia organizada. Además, se le relacionó con el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera.
Herrera Valles acusó a García Luna de cometer presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y de mantener vínculos con el narcotráfico.
El 23 de diciembre de 2011 fue sentenciado por el Juzgado Segundo de Distrito en Tepic, Nayarit a 10 años 3 días de prisión y 251 días multa, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos por la comisión del delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, en la modalidad de colaboración en el fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza. Sus allegados, familiares y amigos consideraron que las acusaciones en su contra formaban parte de un venganza por la misiva enviada al Jefe del Ejecutivo.
Su hermano, David Herrera Valles, denunció a Proceso que agentes federales ingresaron a la prisión federal de Tepic y lo torturaron.
El 7 de septiembre de 2012 recuperó su libertad.
PRESUNTOS VÍNCULOS CON EL NARCO
En octubre de 2011, en el marco de la Glosa del V Informe del Gobierno, el titular de la SSP fue cuestionado por los diputados por el gran presupuesto y los pocos resultados en materia de seguridad.
Durante el encuentro, fue acusado por el entonces legislador del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña de tener vínculos con el narco y le dijo que esperaba que estuviera en la cárcel.
Pero no sólo García Luna ha sido señalado por sus supuestos vínculos con el narco. En 2007, Francisco Javier Garza Palacios, entonces coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), amigo y cercano colaborador del secretario, fue «sacado» de Sonora por exigencia del entonces gobernador Eduardo Bours, informó Reporte Índigo.
Se le acusó de permitir el paso de una caravana de 12 vehículos en los que viajaban sicarios del Cártel de Sinaloa, los cuales mataron a 22 policías municipales en Cananea.
En mayo y junio de 2008 fueron ejecutados Roberto Velasco, entonces director de Crimen Organizado, y Aristeo Gómez, quien se desempeñaba como director de la Jefatura del Estado Mayor de la PFP. Extraoficialmente, publicó Reporte índigo, fuentes señalan que los dos tenían vínculos con el narcotráfico.
También ese año, Mario Velarde, ex secretario particular de García Luna durante su trabajo al frente de la AFI y colaborador muy cercano en la SSP, fue acusado en 2008 de trabajar para el Cártel de Sinaloa.
Asimismo, el 6 de septiembre 2008 se detuvo a Lorena González Hernández, presunta integrante de la banda de secuestradores “La Flor”, responsable del plagio de Fernando Martí. Ella, de acuerdo con El Universal, era un elemento activo de la Policía Federal Preventiva (PFP) y antes colaboró en la AFI.
El 15 de mayo de 2009 fue aprehendido Luis Ángel Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del estado de Morelos, acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con Arturo Beltrán Leyva.
Por otro lado, el 29 de octubre de 2010 la SSP federal informó de la detención de Francisco Javier Gómez Meza, quien fungía como director del Penal Federal de Alta Seguridad de Puente Grande, Jalisco. Cuatro días más tarde se le dictó auto de formal prisión por presuntos vínculos con el crimen organizado, a él también se le relacionó con los Beltrán Leyva.
LO EXHIBEN EN NARCOMANTA
El 25 de octubre de 2008, el periódico El Debate publicó que la ciudad Los Mochis, Sinaloa, amaneció con una narcomanta dirigida a Felipe Calderón.
El mensaje fue instalado en un espectacular móvil en la esquina de la calle Álvaro Obregón y el bulevar Río de Las Cañas. Estaba escrito en una manta de 3 metros de ancho por 2 de alto con palabras negras y otras de color rojo. En ella se denunciaba al titular de Seguridad Pública Federal de proteger al Cártel de Sinaloa:
Con todo respeto a su investidura Sr. Presidente le pedimos que abra los ojos y se dé cuenta la clase de personas que tiene en la PFP nosotros sabemos que usted no tiene conocimiento de los arreglos que tiene Genaro García Luna desde el sexenio de Fox con el Cártel de Sinaloa que protege al Mayo Zambada, a Los Valencia, Nacho Coronel y Chapo Guzmán. Le pedimos como ciudadanos que ponga atención a las siguientes personas que nosotros estamos al 100 % seguros que protegen al narco, Luis Cárdenas Palomino, Edgar Enrique Vallado del Villar, Gerardo Garay Cadena y pedimos que pongan a personas que combatan al narco de forma neutral y no incline la balanza a un solo lado le pedimos que investigue con sus aparatos de inteligencia que el Ejército Mexicano y la PGR que son dependencias neutrales y UD. tiene conocimiento que la PFP no participó con la detención del Rey Zambada x si hubieran tenido conocimiento ubiera habido fuga de información, prueba de ello son las armas decomisadas a el Rey Zambada el 30 de abril x PFP pedimos que analice las casas. Gracias”.
La narcomanta fue descubierta a las 7:15 horas de ese día, según el reporte de la policía preventiva, quienes fueron los primeros en llegar. Al lugar hicieron también acto de presencia elementos del Ejército Mexicano y de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
NIEGA REUNIÓN CON BELTRÁN LEYVA
Luego de que diversos medios afirmaran que el secretario de Seguridad Pública Federal se reunió con Arturo Beltrán Leyva, en septiembre de 2010 el funcionario negó este hecho.
Al dar respuesta a los cuestionamientos de los diputados con motivo del IV informe de Gobierno, García Luna negó tajante las versiones que indicaban se había entrevistado con el capo horas antes de que fuera abatido en diciembre de 2009 durante un enfrentamiento en Cuernavaca, Morelos.
Además, el titular de la SSP aseguró a los legisladores que la Policía Federal «combate por igual a todas las organizaciones criminales» y rechazó que existiera un acuerdo del gobierno a favor de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
CUESTIONAN SU FORTUNA
En mayo de 2010 Reporte índigo reveló «la existencia de otra propiedad del Secretario de Seguridad Pública Federal ubicada en Jiutepec, Morelos, la cual tampoco corresponde a sus ingresos como servidor público».
De acuerdo con la revista, el funcionario federal posee en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes en dicho municipio, dos residencias nuevas de tipo minimalista con grandes ventanales y domos localizadas en medio de un enorme jardín con alberca.
Un año antes, la misma publicación había dado a conocer que el secretario construía una residencia valuada en 20 millones de pesos en Monte Funiar No. 21, en el exclusivo fraccionamiento Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan. Presuntamente se trataba de la segunda que tenía en esa zona, porque también era «propietario de una casa en Montaña de Omoa No. 17 con un valor de 7.5 millones de pesos».
Reporte índigo detalló:
En el 2009, de manera simultánea, el titular de la SSP federal fue propietario de inmuebles por un valor de 42.5 millones de pesos. Propiedades acumuladas en tan sólo dos años.
Ese monto en propiedades equivale a 17 años de su sueldo actual libre, es decir, después de sus declarados gastos de manutención. Pero apenas va a cumplir tres años como Secretario de Estado».
EL PADRE SOLALINDE LE PIDE EXPLICAR SECUESTRO DE MIGRANTES
El periódico El Universal informó el 12 de enero de 2011 que el sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue “Hermanos del Camino”, localizado en el municipio de Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo, Oaxaca, señaló que el secretario de Seguridad Pública Federal debía explicar por qué continuaban los secuestros de migrantes.
“El ingeniero debe de explicar por qué. Él no me puede decir que no sabe porque si no sabe merece renunciar en este momento, y si dice que sí sabe, tiene que explicar por qué no ha hecho nada, porque los secuestros han seguido, o no puede, o es incapaz”, dijo.
En entrevista con Carmen Aristegui para MVS Radio, Solalinde afirmó que la SSP es “nefasta” para los migrantes, ya que se han encargado de asaltarlos en lugar de brindarles apoyo.
Dijo que el día 23 de enero del 2010 hubo un asalto “descarado impresionante de su policía” a los migrantes; señaló que elementos de la dependencia pararon el tren en el que viajaban y los robaron a todos.
Recordó que el 23 de julio hubo otro atraco donde amenazaron a los testigos, estando ahí la Cónsul de El Salvador y también personal de derechos humanos, además siguieron dos asaltos más con Migración con el pretexto de prestar ayuda al operativo.
SICILIA PIDE SU RENUNCIA, AMLO SE LE UNE
Frente a miles de personas reunidas en la Plaza de la Constitución en el Zócalo capitalino para protestar por la violencia en México, el 8 de mayo de 2011 el poeta Javier Sicilia pidió la renuncia del secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, para evitar más muertes.
La salida del funcionario de dicha dependencia sería una prueba de que Felipe Calderón «nos escuchó», expresó el activista.
«Yo quiero pedir, antes del leer mi discurso, la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, queremos oír un mensaje del Presidente con esa renuncia, un mensaje del Presidente de la República diciendo que sí nos oyó», solicitó el escritor.
Tres días más tarde, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador también pidió la salida del funcionario federal, pues, aseguró, «para frenar la inseguridad y la violencia es necesario limpiar de arriba hacia abajo las corporaciones policiacas del país».
SU COSTOSA SERIE EN TELEVISA
Un día después, Televisa estrenó la serie “El Equipo”, en la cual se exaltaba el papel de la Policía Federal en la lucha anticrimen del gobierno de Felipe Calderón.
El periódico La Jornada publicó que según el informe del proyecto original, en el programa se resaltaba a la PF como si fuera la única instancia involucrada en esa lucha, relegando al Ejército y la Marina a un segundo plano. Además, reseñó el rotativo el 11 de mayo, “en el primer capítulo de ‘El equipo’ se logra apreciar una producción costosa, en la que no se escatima en efectos especiales y escenas de acción, aunque esto no se corresponde con un tratamiento verosímil de la historia y donde los diálogos resultan acartonados y por algunos momentos involuntariamente humorísticos”.
Luego de la intensa polémica desatada por la serie, ésta sólo duró tres semanas, revelándose en diversos medios que el programa le costó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal 118 millones de pesos, de acuerdo con el contrato firmado entre la dependencia y Televisa.
Algunos rotativos, como El Universal, detallaron que “desde junio del 2010, el secretario Genaro García Luna ya listaba los recursos para la realización de la serie. La filmación duró aproximadamente tres meses y se realizó en las instalaciones de la dependencia”.
La serie, del productor Pedro Torres contó con la participación de Zuria Vega, Alberto Estrella, Claudia Álvarez, Alfonso Herrera, Fabián Robles y Marisol del Olmo, entre otros actores.
Días después, el 12 de mayo del año pasado, Leticia Quezada, entonces diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una denuncia contra la Secretaría de Seguridad Pública y su titular ante la Secretaría de la Función Pública, por el desvío de recursos públicos y materiales para la serie de televisión.
La legisladora entregó a nombre del grupo parlamentario del PRD la denuncia en la que acusaba al servidor público de permitir el ingreso de camarógrafos y empleados de Televisa a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
CASO AYOTZINAPA
El 12 de diciembre de 2011, durante el desalojo de normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol perdieron la vida dos estudiantes. Pronto se supo que elementos de la Policía Federal estuvieron presentes en el lugar de los hechos, también estuvo implicada la policía estatal de Guerrero.
Ya en 2012, el 5 de enero, y luego de reunirse por segunda ocasión con estudiantes normalistas, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, no descartó que se pudiera llamar a comparecer al Secretario de Seguridad Pública Federal.
Plascencia Villanuea dijo que analizaba esta posibilidad debido a la negativa de la Policía Federal para entregar información a la Comisión para esclarecer el desalojo.
El titular de la CNDH dijo que la SSP Federal argumentaba que ya había entregado todos los datos sobre estos hechos a la Procuraduría General de la República (PGR) y que, por lo tanto, pasaron a ser confidenciales.
En abril pasado, la CNDH alistaba una denuncia penal contra mandos de la PF por el caso y señalaba a seis jefes de alto nivel de la corporación, incluyendo al ex comisionado general Facundo Rosas, por las deficiencias en su actuación, que permitieron abuso de la fuerza, pues según los peritajes de la PGR, 22 armas disparadas el día de los hechos pertenecían a agentes federales, informó El Universal.
Además, a través de un escrito dirigido a Raúl Plascencia, el ex procurador de Guerrero, Alberto López Rosas solicitó la comparecencia ante el ombudsman de Genaro García Luna y hasta pidió su juicio político, pues dijo que nunca le pidió reprimir a los manifestantes en la Autopista del Sol.
De acuerdo con el informe final del caso Ayotzinapa, existían elementos para presentar una denuncia penal en la PGR contra los mandos de la Policía Federal que estuvieron a cargo del operativo.
Sin embargo, en medio de la polémica y con muchas dudas en el aire García Luna se fue de gira por la Unión Americana los primeros días de enero.
«SU MUNDO MARAVILLOSO»
El pasado 9 de enero, dejando de lado el caso Ayotzinapa, inició la gira de García Luna por Estados Unidos, en la que destacó que la violencia ya había comenzado a bajar en el país y en la que también presentó su libro El Nuevo Modelo de Seguridad para México.
México, dijo el secretario de Seguridad Pública federal, inició el declive de la violencia asociada por la lucha contra el crimen, tal como ocurrió en experiencias similares en Nueva York, Chicago, Medellín y Palermo.
García Luna se presentó en un foro en el Centro Woodrow Wilson, en Washington DC, para defender la guerra del gobierno federal y para presumir que si bien en México se observó un incremento de la violencia, “ya empieza un declive del índice de homicidios”. Más aún: “México tiene como ventaja que ya empieza esta curva a ceder, pero algo más importante: México tiene capacidades muy superiores en la parte institucional en tecnología, en sistemas, en procedimientos, en recursos humanos”, aseveró el funcionario.
En su discurso, el titular de la SSP aseveró que «la evaluación del combate al crimen organizado en México no puede realizarse solamente con cifras de homicidio de un año específico porque se corre el riesgo de poner la situación fuera de contexto».
VÁZQUEZ MOTA LO HABRÍA ACUSADO DE GRABARLA
El 26 de marzo pasado comenzó a circular un audio de una supuesta conversación de Josefina Vázquez Mota, entonces candidata presidencial del PAN con su coordinador de redes sociales, Agustín Torres.
La grabación se habría hecho cuando ella era todavía precandidata del PAN, y después de uno de los debates que sostuvo con Santiago Creel y con Ernesto Cordero. Ella atribuye dicha grabación, de ser cierto el audio, a la vocera federal, Alejandra Sota, y al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
La panista desconoció el audio, en la que acusó a Sota y a García Luna de grabar sus conversaciones telefónicas, en lugar de grabar al narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, prófugo de la justicia.
En entrevista con Carmen Aristegui, la candidata del blanquiazul se negó a escuchar el audio, alegando que sería entrar en terreno ilegal, y que su equipo decidiría qué hacer con eso.
El audio fue obtenido por el sitio de noticias La Silla Rota. En él se escucha a Torres preguntando a Vázquez Mota cómo le fue en el último de los debates que sostuvo con sus entonces contrincantes en la contienda interna del PAN para definir la candidatura.
En el audio se puede escuchar: “Un saludo cariñoso para Genaro García Luna, que nos graba en lugar de grabar al ‘Chapo‘. Y un saludo muy amoroso a Alejandra Sota, que filtra todas nuestras llamadas telefónicas… Pinche Sota…”
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA
Es bien sabido que la actual administración federal promueve y realiza la aplicación de exámenes de confianza -polígrafo, toxicológicas, sicológicas, patrimoniales y médicas- para así tener una «mejor policía», «más preparada» y depurar las instituciones. En base a estas pruebas se determina si un elemento es apto o no para seguir en su cargo, lo que ha generado el cese de decenas de autoridades en los últimos años.
De acuerdo con Anabel Hernández en el reportaje «Los expedientes negros de García Luna» publicado el 13 de enero de este año en Reporte índigo, «en los cinco años (hasta ese entonces) que ha estado al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna sólo ha presentado una vez sus exámenes de control de confianza», lo que representaba una violación a la ley.
Lo mismo ocurre con el círculo cercano del secretario, la periodista señaló que para esa fecha, Luis Cárdenas Palomino también había hecho una sola vez las pruebas de confianza.
Además, «la Policía Federal (PF) informará a la sociedad si estos mandos policiacos pasaron o no los exámenes hasta dentro de 12 años, cuando las violaciones a la ley hayan prescrito», indicó Hernández en su texto.
En marzo de 2011, el periódico La Jornada publicó que de acuerdo a una solicitud de información hecha a la PGR, en los seis años que García Luna fue titular de la AFI, no se sometió a ningún examen de control de confianza.
Aunado a estas irregularidades, en enero pasado elementos de la antes llamada Policía Ministerial Federal y 600 ex elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación cesados el año pasado anunciaron la creación de la Red de Vigilancia Ciudadana, un organismo que tenía como fin denunciar a funcionarios de la PGR por actos de corrupción, prepotencia y por continuar ejerciendo sus funciones presuntamente sin haber aprobado los exámenes de confianza.
A pesar de las pruebas, la depuración en los órganos policiacos aún está muy lejos de cumplirse, pues sólo 20% de los policías que han reprobado los exámenes de control de confianza en el país ha sido removido de sus cargo, el resto permanece dentro de las corporaciones, reveló el pasado 6 de noviembre Óscar Vega Marín, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Durante una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación aseguró que de los 501 mil 751 policías que hay en México, actualmente han sido evaluados 333 mil.
TRES MARÍAS, UN NUEVO MONTAJE
En el más reciente escándalo en el que se involucra a García Luna, se encuentra el caso Tres Marías.
El ataque tuvo lugar la mañana del 24 de agosto en la carretera federal México-Cuernavaca en Huitzilac, Morelos, en la zona conocida como Tres Marías, cuando federales abrieron fuego contra un vehículo diplomático de Estados Unidos en el que viajaban dos estadunidenses y un elemento de la Marina. La unidad recibió 152 impactos de bala.
Luis Cárdenas Palomino dijo en conferencia de prensa el domingo 2 de septiembre que los agentes vinculados al caso estaban asignados en esa zona para investigar un secuestro ocurrido apenas horas antes del incidente (el del jefe de protocolos del Museo de antropología e Historia, salvador Vidal Flores).
“Tenemos acreditado es que lo que hacían los elementos exactamente en Tres Marías era una investigación de secuestro que se había perpetrado horas antes a que los muchachos estuvieran ahí a las 8 de la mañana”, dijo entonces.
Luego de salir a la luz toda clase de versiones, se dio a conocer que los policías iban vestidos de civil en varios automóviles particulares y al ser presentados ante el agente del Ministerio Público de la Federación “lo hicieron uniformados”, y a bordo de las patrullas.
Tras las investigaciones, el 8 de noviembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a 14 agentes de la Policía Federal y los trasladó del Distrito Federal a un penal del estado de Morelos por su presunta implicación en el caso.
La PGR indicó que los 14 agentes implicados en el ataque “simularon hechos para intentar evadir su responsabilidad”, informó Reforma y con ello comenzó a manejarse el hecho como un nuevo “montaje” de las autoridades.
La dependencia federal detuvo a Juan Manuel Pacheco Salgado, jefe de los 14 policías federales, quien ingresó el 12 de noviembre al penal de Puente Grande en Jalisco acusado de falsear declaraciones.
Siete días más tarde, la PGR confirmó la responsabilidad de los 14 policías federales acusados de disparar en contra el vehículo diplomático.
