El exprocurador Jesús Murillo Karam es la máxima autoridad hasta el moment0 que ha sido presentada ante el juez y que enfrenta en la cárcel las acusaciones por la «verdad histórica» y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Sentado, con los hombros hacia delante y cabizbajo. Así escuchó el exprocurador Jesús Murillo Karam los intentos de sus defensores, primero, para que no lo vincularan a proceso y, después, para que no le impusieran prisión preventiva como medida cautelar. La derrota se dibujó en el rostro del exfuncionario en la audiencia de ayer en el Reclusorio Norte: se tapó la cara y la dejó caer sobre sus manos, las cuales mantuvo casi todo el tiempo en los bolsillos de su chamarra color beige, que portaba junto con un pantalón cargo del mismo color; el que usan los internos del penal. La defensa no logró ninguna de sus dos cometidos y el padre de la llamada «verdad histórica», a la que se aferró y defendió ayer, permanecerá en prisión por su papel frente al caso Ayotzinapa.
“Los datos de prueba son razonables. […] Sí es razonable la hipótesis de la Fiscalía”, dijo el Juez Fuerte Tapia al concluir que los indicios presentados por los fiscales y los abogados coadyuvantes fueron pertinentes, idóneos y lícitos y eran suficientes para la vinculación a proceso del exfuncionario.
El exprocurador enfrentará la investigación de su proceso penal dentro del Reclusorio Norte cuando menos tres meses, así lo dice la medida cautelar que este miércoles reafirmó el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia después de casi 12 horas de audiencia en los juzgados federales que se encuentran al lado del penal.
Inicialmente la Fiscalía había solicitado seis meses como plazo para el cierre de la investigación, pues dijo que necesitaba tiempo suficiente debido a la complejidad del caso y porque debía de allegarse de más pruebas, como solicitar la bitácora de vuelos de Murillo Karam cuando visitó el basurero de Cocula, registros telefónicos de cuando fue Procurador así como el testimonio de personas que señalaron haberlo visto en el lugar de los hechos entre otros.
La defensa argumentó que era excesivo ese tiempo, en vista de que a su representado le habían impuesto privación de la libertad como medida. La Fiscalía no debatió la solicitud de la defensa. Esa fue su única batalla ganada: el juez determinó 90 días naturales como periodo de investigación.
“El justiciable”, así se referían a él como imputado de los delitos de tortura en contra de cuatro personas y desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ambos en calidad de autor material, así como el delito contra la administración de justicia, éste último por ser el que artífice de la llamada “verdad histórica”.
El riesgo de que abandone el país y de que pueda obstaculizar el proceso quedaron sentados desde la primera audiencia y confirmados en la vinculación como la justificación para imponerle prisión.
También se dio a conocer que junto a las cinco propiedades que tiene repartidas en Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, hay una más que no estaba en el radar de la Fiscalía: un departamento ubicado en la calle Edgar Allan Poe en Polanco, una de las zonas exclusivas de la Ciudad de México.
Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, experto en medidas cautelares citado por la defensa como “prueba de descargo”, trató de disuadir al Juez diciendo que Murillo Karam era un hombre de prestigio, respetable, con arraigo familiar y que quería mucho a sus dos perritos.
Además, dijo que el exprocurador tiene gastos que oscilan entre los 80 mil a 120 mil pesos y que “vive de sus ahorros, de sus rentas e inversiones”. Y aunque esa información fue presentada por la defensa, la Fiscalía la utilizó para reafirmar las condiciones económicas y facilidades que tiene el acusado para huir del país.
El debate de la audiencia se centró, en buena parte, en dos temas: en la pertinencia de considerar las ruedas que ofreció Murillo Karam, notas de prensa donde reconoció que estaba a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa y en la temporalidad de los delitos de desaparición forzada y tortura.
La defensa de Murillo, integrada por los abogados José Javier López García, Antonio López y Alba Vázquez, trató de derrumbar las acusaciones, primero señalando que las conferencias no podían ser utilizadas como indicio, bajo el argumento de que tenía derecho a la no autoincriminación, y segundo, al indicar que el delito de tortura y desaparición forzada habían prescrito.
La parte acusadora, integrada por las fiscales Lidia Bustamante Vargas y Daniela Aguirre, asesoradas por los abogados coadyuvantes, Daniela Aguirre, representante de las víctimas de tortura, y Santiago Aguirre, representante de los padres de los 43, refutó y derrumbó con argumentos sólidos los dichos por los abogados defensores.
El Juez les dio la razón a los fiscales: “Hay indicios que corroboran estos hechos».
Al lado, en una sala contigua, se encontraba la madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acompañada por el abogado de las familias, Vidulfo Rosales. Al final, la mujer confrontó al exfuncionario.
“Necesito exigir a Murillo que se haga justicia. Queremos la verdad y saber dónde están nuestros hijos. ¿A dónde los dejó?”, expresó la madre al final de la audiencia confrontando a Murillo Karam, quien en la sesión de ayer defendió su «verdad histórica».
«Desde hace siete, ocho años han buscado alternativas, han inventado muchas y todas se caen. Hubo restos encontrados, sí, en la Barranca (de la Carnicería) y en el camino. Podemos aceptar algunos errores, pudo haber fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero no la han podido tirar”, expresó a mitad de la audiencia, tiempo en el que ya tenía su mascarilla en la barbilla.
La defensa ha alegado que el exprocurador padece enfermedades crónico degenerativas y por ello pidió que llevara su proceso en libertad, sólo entregando el pasaporte y con una firma periódica, lo cual fue rechazado.
La «verdad histórica» fue uno de los ejes torales de la Fiscalía, pues eso permitió que Murillo Karam, aunque no haya participado de manera directa en la desaparición de los estudiantes, sí contribuyó a la misma al crear “dolosamente” una versión falsa para cerrar el caso, lo que provocó el ocultamiento del paradero de los jóvenes, porque el desvió de la investigación no permitió otras líneas alternas que permitieran conocer la verdad y dar con el paradero de los estudiantes.
Al salir de los juzgados, José Javier López García, abogado del exprocurador y que también ha representado a Juan Collado, dijo en entrevista que van a analizar “a la luz de la calma” si interponen un recurso de amparo.
Los abogados defensores no se veían contentos con la determinación del Juzgador, pues incluso uno de ellos, Antonio López, fue apercibido por el juez y regañado por la forma en la que expuso su argumentación en la que insistía que Murillo Karam, presuntamente no debía ser juzgado por el delito de desaparición forzada con la nueva Ley General de Desaparición Forzada, pues los hechos que le atribuían se cometieron entre octubre de 2014 a enero de 2015, antes de la expedición de dicha legislación, que fue en 2017, y eso violentaba el principio de retroactividad, que dice que no puede aplicarse en perjuicio de un gobernado.
Ya en la noche de los juzgados una vez concluida la audiencia y con Murillo Karam en prisión preventiva, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, pidió que se procese a los demás funcionarios involucrados.
“Vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, hasta encontrarlos, hasta saber la verdad y que se castigue a los responsables”.
