Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido el viernes en la Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– Fue el 7 de noviembre de 2014. Habían transcurrido más de 40 días desde que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero, en una acción concertada entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y autoridades municipales. También habían pasado 33 días desde que la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía, había atraído el caso. El entonces Procurador Jesús Murillo Karam —detenido ayer en la Ciudad de México— aseguró en esa ocasión que no se había dejado “un día sin que haya habido una acción de búsqueda sin que haya habido una acción con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del Gobierno de la República”.
Mentía, ahora se sabe. La conferencia de ese día, ya hace casi 8 años, marcó el rumbo que tomaría el discurso oficial en el sexenio de Enrique Peña Nieto sobre este caso, que ha sido reconocido por el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como “un crimen de Estado”. Esa rueda de prensa la remataría, todavía, con su famoso «ya me cansé», frase con la cual respondió a las presiones de la prensa sobre su «verdad». Murillo Karam pronunciaría semanas después, en su mensaje a medios del 27 de enero de 2015, la llamada “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas habían sido privados de su libertad para ser llevados al basurero de Cocula, donde, de acuerdo con sus palabras, fueron asesinados y sus cuerpos calcinados.
“Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan, en ese orden. Esa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, dijo Murillo Karam en esa ocasión.
Esta versión ha sido señalada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa como una «acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
“La verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder en la que participaron en su implementación: el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el Subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la AIC, Tomás Zerón (quien está en Israel en espera de ser extraditado a México por su actuar en el caso), quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno federal”, señala el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
El documento precisa que la desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano” y que no hay “indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida; por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Además refiere que las detenciones que dieron sustento a esta versión anunciada por el entonces Procurador Murillo Karam estuvieron a cargo de policías federales ministeriales, policías federales, elementos de la Semar y Sedena, “quienes permitieron o participaron en los actos de tortura para obtener las declaraciones”.
“En sus declaraciones los detenidos Agustín N, ‘El Chereje’; Jonathan N, ‘El Jonás’; Patricio N, ‘El Pato’; Miguel Ángel N ‘El Duva’ o ‘El Duvalin’, y Felipe N ‘El Cepillo o El Terco’, hacen referencia al basurero de Cocula como el lugar de ejecución de los estudiantes. En estas declaraciones, los detenidos señalan que después de la ejecución de los estudiantes, los restos y las cenizas fueron recogidas en bolsas negras de basura y aventadas al río San Juan”, se lee en el informe.
Ayer, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, le concedió una orden de arresto contra Murillo Karam “por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa”, la cual permitió que el exprocurador fuera detenido a fuera de su domicilio en la Ciudad de México. El Subsecretario de Gobernación y presidente de esa comisión, Alejandro Encinas, ya había adelantado en 2019 que Murillo Karam era uno de los altos funcionarios que estaba en la mira de las autoridades.
“Si hubo violaciones al procedimiento, pues adelante, que se castigue a quien las haya hecho. No tengo ningún inconveniente en eso, estoy en la mejor disposición, estoy aquí a la hora que gusten, estoy a sus órdenes, a mí nadie me ha buscado, nadie me ha llamado, y estoy a sus órdenes para que esta investigación se haga correcta y debidamente“, dijo Murillo Karam el pasado 17 de septiembre 2019 a Imagen Televisión, luego de que aumentó la presión y cuestionamientos en el presente Gobierno sobre su versión con la cual la Procuraduría, entonces a su cargo, condujo el caso.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia señala en su reporte que en la “verdad histórica”, término que adoptó el Procurador Murillo Karam, “prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones, generando vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho a la verdad y la justicia”.
“[La detención] es importante porque fue el constructor de la verdad oficial, la verdad histórica, donde se aseguraba que mis compañeros, se los había llevado el narco y los habían calcinado en un basurero además de que el trato que tenía hacia las familias y los sobrevivientes, esas ganas de encontrar vínculos con la delincuencia organizada por parte de los estudiantes eran de él, entonces la emoción es mucha, pero que no sea demás, esperemos que se hagan efectivos estos señalamientos de tortura y desaparición forzada”, señaló Omar García, uno de los sobrevivientes de la Noche de Iguala, a Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.
La información de la Comisión indica que se configuran al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas: 1) Privación de la libertad, 2) Homicidio, 3) Participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado, y 4) Negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
Desde marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) exhibió en su Tercer Informe sobre el caso cómo peritos de la PGR, acompañados por elementos de la Marina y la Policía Federal, manipularon el basurero de Cocula en presencia de Murillo Karam y de Tomás Zerón, la madrugada del 27 de octubre de 2014, once días antes de la conferencia en la que el Procurador dijera que en ese lugar habían sido ejecutados y calcinados los estudiantes.
En esa ocasión el Grupo de Expertos difundió una grabación inédita en la que se aprecian al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que manipularon el basurero de Cocula, y en la que aparece el exprocurador Murilló Karam, quien arribó al lugar de las diligencias horas después de la alteración de la escena.
“De todas estas ilegalidades se tuvo conocimiento dentro de la PGR al más alto nivel en esa época. El 27 de octubre de 2014 a las 16.00 horas, Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y Tomás Zerón de Lucio, entonces Director en Jefe de la AIC, realizaron una conferencia de prensa informando que habían detenido a 4 integrantes del grupo Guerreros Unidos y que eran las primeras detenciones que realizaban de quienes habían confesado que participaron en la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos, incluyendo la historia del basurero de Cocula y el Río San Juan. En ese momento, los detenidos ni siquiera habían sido puestos a disposición de la PGR, ni habían declarado, por lo que estaban informando sobre hechos que, al menos en el expediente, aún no habían ocurrido”, dice el informe del GIEI.
Un día después de esta acción “de la que no existe registro alguno” en la investigación del caso, se llevó a cabo otra diligencia —de la cual sí se tiene constancia—, el 28 de octubre, la cual fue instruida por Murillo Karam y operada por Tomás Zerón de Lucio, quien fue visto “junto a uno de los detenidos que tenía evidentes signos de tortura, y posteriormente algunos peritos de medicina legal, en una diligencia que no constaba en ninguna actuación en el expediente”, señala el informe del Grupo de Expertos.
En ese sentido, el reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia señala que con “las investigaciones del caso Ayotzinapa, se generó una narrativa a conveniencia fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas —los estudiantes— fueron revictimizadas y estigmatizadas”.
“La verdad histórica privilegió la lógica jurídica con un enfoque penal por encima de la salvaguarda de los derechos humanos y derechos al acceso a la verdad. Así se construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia a fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos, orientando la investigación al tema de secuestro y crimen organizado de autoridades y grupos delictivos locales”, se puntualiza en el informe de la Comisión
