De acuerdo con un oficio al que Milenio tuvo acceso, el agente del Ministerio Público refirió que la información obtenida del priista era necesaria «para estar en posibilidad de contar con todos los elementos que permitan el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la indagatoria».
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República (FGR) empezó a solicitar, desde el 16 de octubre de 2020, información del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cual clasificó como «confidencial», ya que sería parte de una carpeta de investigación iniciada por denuncias de corrupción durante su administración, reveló este martes el diario Milenio.
De acuerdo con el periodista José Antonio Belmont, casi dos años después, el Ministerio Público de la Federación ya contaba con la documentación personal y pública de quien era el Presidente de la República.
El diario mexicano detalló que dentro de la información recabada se encontraban sus ingresos y salidas del país, así como su Clave Única de Registro de Población (CURP), pasaporte, identificación oficial (credencial del INE), acta de nacimiento, ubicación de sus domicilios y hasta la licencia de manejo, entre otra información que podría utilizarse para una posible imputación de algún delito y, posteriormente, incluso para un juicio.
Milenio especificó que el primer paquete de documentación fue dirigido el 16 de octubre a la Consejería Jurídica de la Presidencia, al Instituto Nacional Electoral (INR), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a la Cámara de Diputados.
El paquete contenía copias certificadas del contrato laboral de Enrique Peña Nieto, de su constancia de registro como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de 2012 y de sus gastos de campaña. También incluía su declaración como Presidente electo y el bando solemne relativo a la constancia de Presidente electo, según lo publicado por el medio.
José Antonio Belmont mencionó en su texto que seis días después, es decir, el 22 octubre, la indagatoria contra el expresidente subió de nivel debido a que la FGR pidió a la Policía Federal Ministerial designar elementos para que realizaran inspecciones, «en medios o plataformas a las que tenga acceso para obtener información relacionada» con su domicilio.
El agente del Ministerio Público refirió que dicha información era necesaria «para estar en posibilidad de contar con todos los elementos que permitan el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente indagatoria», de acuerdo con el oficio UIL-B-CGI-217/2020, al que Milenio tuvo acceso.
El medio agregó que Kristian Javier Jiménez Hernández, titular de la Fiscalía de la Unidad de Investigación, reiteró que la solicitud para la obtención de la documentación era de carácter confidencial, «por lo que su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la investigación».
«Sin embargo, a diferencia de la primera solicitud, ahora remitió a sanciones asentadas en el Código Penal Federal, ‘a quien incumpla con la responsabilidad en el manejo del presente (oficio) y la información que ella se derive'», indicó Belmont en su publicación.
La información del medio refiere que el 22 de octubre de 2020, el suboficial de la Policía Federal Ministerial, Carlos Daniel Águila Pineda, envió un oficio al titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, Óscar Aaron Santiago Quintos, para unirse a la actuación ministerial de ubicar el o los domicilios de Peña Nieto.
También ese mismo día, dijo, la Representación Social de la Federación pidió por primera vez al Instituto Nacional de Migración (INM) conocer el estatus migratorio del expresidente de la República.
Milenio destacó que cuenta con una copia del oficio UIL-B-CGI-219/2020, el cual está dirigido a Miguel Ángel Monterde Alarcón, entonces director Jurídico del INM, en donde el agente del Ministerio Público federal solicitó «de manera urgente», en un término de 24 horas, los registros de sus entradas y salidas «del territorio mexicano, en el periodo del 1 de diciembre de 2018 a la fecha».
En este informe, subrayó, la Fiscalía General de la República pidió especificar la fecha, aerolínea, vuelo, lugar de salida y destino de Enrique Peña Nieto.
Después, el 23 de octubre, la Representación Social de la Federación recurrió de nueva cuenta a la Policía Federal Ministerial, ahora para pedir la Clave única de Registro de Población (CURP) y acta de nacimiento del priista.
Milenio informó que la Fiscalía también pedía, en la mayoría de los casos, la misma información del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, así como de los exlegisladores del Partido Acción Nacional (PAN) Ricardo Anaya Cortés, Ernesto Javier Cordero Arroyo, y Jorge Luis Lavalle Maury, y del priista David Penchyna Grub.
Peña Nieto, quien se mudó a España, enfrenta acusaciones junto con el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por supuestos sobornos a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida Reforma Energética, y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.
Dichos señalamientos fueron afirmados por Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. A pesar de ello, Luis Videgaray niega las acusaciones.
El pasado 2 de octubre, la Fiscalía General, a cargo de Alejandro Gertz Manero, había dado a conocer que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Peña Nieto por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.
A esto se suma otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, para la cual ya se encuentran en proceso de desahogarse dictámenes fiscales y patrimoniales con las instituciones correspondientes y los peritos especializados en la materia.
