Los pobladores aledaños al derrame de tóxicos de una mina de Grupo México en ríos de Sonora tienen plomo, cadmio y arsénico en sus cuerpos, y el daño económico asciende a 10 mil millones de pesos, muestran resultados del Gobierno federal que sepultan la versión de la empresa avalada durante el peñismo.
Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– A ocho años del derrame de tóxicos de una minera de Grupo México sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, un informe con datos de autoridades federales contradice la «versión construida» por la empresa del magnate Germán Larrea, avalada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, al confirmar la presencia de metales pesados en aire, agua y personas, así como un daño económico cinco veces mayor al aceptado.
La reacción gubernamental inmediata fue atender quemaduras y problemas gastrointestinales, pero se ignoró la exposición crónica a sustancias químicas tóxicas que se acumulan en el riñón, sangre o cerebro. Ahora, revelan datos de las secretarias de Salud y Medio Ambiente, los locatarios de la cuenca tienen plomo, cadmio y arsénico lo que les ha ocasionado alergias en la piel y cáncer, por lo que exigen una reparación a largo plazo y transexenal.
«Los habitantes del río ya sabíamos que estaba contaminado, sólo faltaban los análisis para tener las pruebas en la mano», dijo José Manuel López, un agricultor de Baviácora, uno de los ocho municipios afectados aquel 6 agosto de 2014 con el derrame de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre de la minera Buenavista del Cobre.
Molesto por las cosechas muertas ese año y que cada vez producen menos por falta de agua no contaminada, comentó a SinEmbargo que la cuenca del Río Sonora quedó vetada para concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero esa minera, como muestra el registro de la dependencia, ha obtenido dos asignaciones en 2018 y 2020 para la extracción de 8 millones 300 mil m3/año de agua (263 litros por segundo). «Sabemos que el agua que usa la minería no se puede volver a usar porque queda totalmente contaminada», recriminó.
Afectada su salud, actividad agrícola y medio ambiente, los comuneros exigen que Grupo México no quede en impunidad como hasta ahora. La Semarnat calculó que los daños ascienden a 10 mil 209 millones de pesos, cinco veces más que los 2 mil millones de pesos del Fideicomiso Sonora cerrado en 2017 y sólo gastado a la mitad. Pero «se regula solo y hace lo que quiere», como dijo José Manuel.
Ayer viernes, acompañados por la organización PODER, los miembros del colectivo de la cuenca del Río Sonora acudieron a las oficinas de Grupo México en Polanco, al poniente de la Ciudad de México, para dejarles el informe que sepulta su versión.
La habitante de Baviácora Martha Patricia Velarde compartió que esta semana que vinieron a la Ciudad de México se reunieron con integrantes de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), quienes les aseguraron que ni ellos como autoridad han podido dialogar con la empresa de Larrea, el segundo empresario más rico del país.
«Las autoridades del departamento jurídico de Semarnat nos comentaban que en dos ocasiones han citado a Grupo México para poder tener una plática al respecto y ellos solamente se han negado a asistir», aseveró sobre la tercera productora de cobre más grande del mundo. «No hay poder humano que pueda someter a esta empresa».
«NOS TRUNCARON LA VIDA»
Desde septiembre de 2021 se ha realizado una serie de mesas de diálogo, monitoreos de agua y aire (2021), y muestras de laboratorio (2022) con autoridades de Semarnat, Secretaría de Salud y del Trabajo para llegar a una reparación integral. Los habitantes reconocen que es el primer año en que ven «avances palpables»: información oficial que da cuenta de la verdadera magnitud del peor desastre ambiental en la historia de una minera en México.
El daño económico por 10 mil millones de pesos estimado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC) de la Semarnat contempla los costos por compra de garrafones, pipas y plantas potabilizadoras (mil 36 mdp); pérdidas de cosechas y ganado (121 mdp); tratamientos contra cáncer y gastos de la unidad médica de muestreos (4 mil 536 mdp); así como daños en suelos y vegetación ribereña (4 mil 325 mdp). Por lo que, concluyó la dependencia federal, la multa por 23 millones de pesos y el Fideicomiso abierto por la empresa no compensan los daños acumulados a nivel económico, salud, ambiental y cultural.
«Desde el derrame el 6 de agosto de 2014 nos truncaron la vida; vivimos en una vida triste. Me duele lo que nos está pasando y me duele mucho», aseguró el campesino de Huépac, Norberto Bustamante, con la voz entrecortada a punto del llanto. «La ganadería y la agricultura se nos vino por los suelos, la producción de leche y quesos. El mercado ya no quiso los productos porque estaban contaminados; nos destruyó la economía y las tierras hasta ahorita ya no producen, ya no tenemos para comer como antes».
El agricultor José Manuel López abundó en que aquella vez perdieron todas las cosechas porque los ríos estaban contaminados y durante tres meses los dejaron sin agua de los pozos también afectados. Y, hasta la fecha, los cultivos de frijol o maíz pagan la falta de agua y el suelo muerto. «Cada vez se produce menos en el río Sonora», lamentó.
De acuerdo con las muestras de sangre y orina aplicadas por la Secretaría de Salud a 650 habitantes de la región, el 95 por ciento tiene plomo; el 79 por ciento, cadmio; y el 50 por ciento, arsénico, con el alto riesgo de desarrollar arsenicosis o neuropatía, por lo que –ante los altos costos médicos– piden una clínica de especialidades con perspectiva ecotoxicológica con énfasis en niños y adultos mayores. En Cananea, donde se ubica la minera, hay presencia predominante de aluminio y manganeso.
«Me dio coraje y tristeza saber los resultados porque ya tengo tiempo padeciendo enfermedades y no sabía que era causa de la contaminación», aseguró María Filomena Bonilla, de la zona rural de Hermosillo. Su esposo murió hace un año y considera que también enfermó por la exposición crónica a metales pesados. La presa «El Molinito» surte de agua esa zona de la capital sonorense, a la cual desembocaron los tóxicos de los ríos contaminados aquel agosto.
La presencia de metales pesados en sus cuerpos lo explica un monitoreo de Conagua en los ríos Sonora y Bacanuchi iniciado en 2021. Detectó aluminio en el pozo «Tahuichopa»; manganeso en los pozos «La Labor» y «La Aurora»; mercurio en el pozo «Baviácora»; hierro y aluminio en la presa «Molinito», es decir, agua con la que los habitantes –sin beberla– han tenido contacto durante casi una década.
Sin embargo, elementos de esa misma dependencia suelen minimizar el impacto pese a que cinco de las seis plantas potabilizadoras construidas no operan y ninguna de la cuatro plantas móviles funcionan, de acuerdo con los habitantes de la cuenca del Río Sonora, por lo que sigue vigente la demanda de que operen todas.
«Los trabajadores de la Conagua en las reuniones que hemos tenido insisten en que el agua del río Sonora ha estado limpia, comentan a la gente que la pueden beber porque no está contaminada, pero los resultados arrojan otro panorama», aseguró el campesino José Manuel, del municipio de Baviácora.
El impacto al ecosistema abarca incluso a la polinización, clave para la alimentación, y al control natural de plagas en cultivos. Información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Semarnat descubrió que en los alrededores de Cananea ha disminuido la población de chinches, avispas, moscas, mosquitos y escarabajos, por lo que recomendó barreras frente a las partículas de la presa de jales de la minera.
Hace ocho años, tras el derrame de tóxicos de la mina de cobre, muchos huyeron de sus comunidades. Don Norberto se quedó esperando que remediaran el daño al río donde solía nadar y, evocó, era feliz. Sigue esperando. «Grupo México contaminó el río en tres días, ya tenemos ocho años y no ha habido una reparación», lamentó.
