La pastora Velia «N», encargada de albergue Aposento Alto, fue presentada ante un Tribunal de Control por la acusación de trata de personas de migrantes, quienes la denunciaron por maltrato, trabajos forzados y acoso.
Por Blanca Carmona
Ciudad Juárez, 29 de julio (La Verdad).– La pastora encargada del albergue Aposento Alto deberá permanecer en la cárcel, luego de quedó a disposición de un Tribunal de Control al ser denunciada por varios migrantes quienes dijeron que fueron objeto de maltrato, trabajos forzados y acoso.
Un Juez penal le impuso a la sospechosa, Velia «N», la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo máximo de un año, informó personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua.
En una audiencia privada, la pastora fue acusada de haber cometido el delito de trata de personas previsto en el Artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, específicamente en lo señalado en las fracciones IV, V y VI.
“Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de cinco a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes”, se indica en esa Ley.
La fracción IV se refiere a la explotación laboral; la V a trabajos o servicios forzados y la VI a la mendicidad forzada.
El miércoles 27 de julio, elementos de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas se presentaron en el albergue ubicado, en la calle Tomate entre Zacatecas y Tomillo de la colonia Lomas de Poleo, y cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de la pastora, dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.
También catearon el albergue, revisaron almacenes, cuartos de alojamiento, así como de la vivienda principal.
Al momento de la intervención policíaca, en el lugar se encontraban 19 personas migrantes, originarias de Guatemala. Siete mujeres, tres hombres y nueve menores de 18 años.
Los 19 fueron identificadas como posibles víctimas de delitos relacionados con la trata de personas y con apoyo del personal de la Comisión Estatal de Población (Coespo) fueron llevados a otros albergues, dijo personal de la Fiscalía.
Además, a ellos se les dio una plática informativa sobre la trata de personas, los derechos de las personas migrantes y la razón por la cual se realizaba la intervención.
De acuerdo con los datos oficiales, el Ministerio Público cuenta con las declaraciones de al menos seis personas migrantes que denuncian haber sido objeto de trabajos forzados y con esa información se integró la causa penal número 4334/2022 que derivo en el cateo y el arresto de Velia «N».
LAS ACUSACIONES DE LOS MIGRANTES
El lunes 25 de julio, La Verdad difundió sobre las acusaciones que personas migrantes hicieron hace un par de meses ante autoridades de la Fiscalía contra los encargados del lugar ubicado en la calle Tomate, en Lomas de Poleo.
Desde el 16 de mayo, también se había presentado una queja relacionada a estos señalamientos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se conoció por Nómadas sin Rumbo, una red de voluntarios que trabaja a nivel nacional con personas migrantes y refugiadas, que hizo públicas las denuncias de lo ocurrido en Aposento Alto a través de una publicación en Facebook.
En entrevista con La Verdad, algunas de las víctimas acusaron maltrato, hostilidad y manipulación en el albergue, donde además les cobraban una cuota semanal de 200 pesos por su estancia, los ponían a realizar obras de construcción de forma forzada y les vendían la comida, insumos de higiene y educativos donados por la UNICEF y ACNUR como parte de la ayuda humanitaria.
Aseguraron también que no los dejaban salir y que los obligan a firmar un acuerdo de confidencialidad para que no contaran lo que presuntamente ocurría en el refugio.
La audiencia de vinculación o no a proceso contra la pastora quedó programada para el próximo martes 2 de agosto a las 9:00 horas de la mañana, pero también se realizará a puerta cerrada.
AUDIENCIAS PRIVADAS
Israel Hernández Domínguez, vocero del TSJ, dijo que no podía permitir el acceso de reporteros a la diligencia instruida en contra de la pastora de Aposento Alto porque no había personal para habilitar la sala de prensa donde se trasmite de forma remota la audiencia.
Posteriormente, el Tribunal de Control ordenó que las siguientes audiencias sean privadas.
Todo en desacato al principio de publicidad que presuntamente rige el sistema penal acusatorio.
En marzo del 2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura del TSJ de Chihuahua acordó no permitir la entrada del público –incluidos los representantes de los medios de comunicación– a las audiencias, bajo el argumento que se buscaba evitar la propagación del virus de COVID-19.
A la fecha ese acuerdo sigue vigente.
El principio de publicidad es un derecho humano, contemplado en la Constitución Mexicana y a la vez es un mecanismo a través del cual el sistema de justicia penal rinde cuentas sobre la impartición de justicia, señaló en una entrevista anterior Marco Lara Khlar, periodista y catedrático de la UNAM especializado en Justicia Penal.
