A propósito de la detención de Rafael Caro Quintero y de la publicación de mi más reciente libro Cien años de espías y drogas: la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México (DEBATE: 2022) no han sido pocas las personas que se han acercado a preguntarme sobre la relación entre Manuel Bartlett Díaz, Caro Quintero y el agente de la DEA Enrique Camarena.

La pregunta es casi siempre la misma: ¿Es verdad que Manuel Bartlett, por aquel entonces, Secretario de Gobernación, participó directa o indirectamente en el asesinato de Enrique Camarena?  Aquí mi respuesta.[1]

Anticipo el final de la columna: se trata de un mito bien explotado por los enemigos del actual director de la Comisión Federal de Electricidad. Es parte de una narrativa, convenientemente mal estructurada y difusa — si bien bastante eficaz— que salta cada vez que el nombre de Manuel Bartlett regresa a escena por un motivo y otro. En fin, puros chismes.

Empecemos por el principio y por lo que es de conocimiento común: el 7 de febrero de 1985 el agente de la DEA, Enrique Camarena, fue secuestrado en Guadalajara, Jalisco. Lo torturaron durante 36 horas hasta que murió por un golpe en el cráneo; antes le rompieron todas las costillas. El cuerpo fue encontrado tres semanas después en Michoacán.

¿Quién ordenó el secuestro de Camarena? Lo más probable, sin embargo, es que Rafael Caro Quintero, molesto por una serie de operativos antinarcóticos coordinados por la DEA en México, decidiera secuestrar al agente para detener la fuente de los pitazos de los que abrevaba la DEA para ejecutar sus operaciones.

Así las cosas, ¿de dónde viene la idea de que Manuel Bartlett ordenó el secuestro y asesinato de Camarena? Ni más ni menos que del intento por parte de la DEA de convertir el caso Camarena en una acusación contra todo el entramado político de México de aquel momento.

Para la investigación del Caso Camarena, la famosa Operación Leyenda, la DEA reclutó a decenas de informantes a los que se les ofreció inmunidad, dinero y una nueva vida en Estados Unidos. Los informantes —casi todos delincuentes— se convirtieron en testigos protegidos y declararon exactamente lo que la Fiscalía en Estados Unidos quería escuchar. Sus declaraciones llegaron al absurdo.

Uno de los «testigos», un tal René López Romero, consiguió que, a cambio de declarar contra Bartlett y otros políticos (incluido el exsecretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui), la Fiscalía estadounidense dejara de perseguirlo por su participación en el asesinato de cuatro testigos de Jehová en 1985. Por esto, además, durante años se le pagaron tres mil dólares mensuales (tengo en mis manos la relación de pagos). Según dijo López Romero, parte de la plana mayor del Gobierno feral había asistido a varias reuniones a Guadalajara en el otoño de 1984 para entrevistarse con Caro Quintero y sus compinches. Aunque confesó no haber participado en las reuniones, mágicamente, cual Funes El Memorioso, pudo escuchar y repetir cada frase de lo supuestamente dicho en aquellas reuniones por Manuel Bartlett.

Otro “testigo”, Jorge Godoy López, quien había sido a la par policía judicial y guardaespaldas de Caro Quintero, dijo haber servido “café, carne asada y cocaína” a Bartlett en las reuniones que supuestamente mantuvo con los narcotraficantes sinaloenses. Godoy López llegó a afirmar que el mismísimo Secretario de Gobernación había estado presente en la casa de mientras Camarena era torturado el 7 de febrero de 1985. Según esta versión, Bartlett consumía bazuco —es decir, fumaba cocaína— al tiempo que disfrutaba del sufrimiento del agente.

Godoy López tenía incentivos para “recordar” todo lo que la Fiscalía estadounidense quería que recordarse. A cambio de su declaración jurada, el Gobierno de Estados Unidos le tramitó un permiso especial de residencia, tres mil dólares mensuales durante años, así como seguro médico para él y toda su familia. En mi libro dedico un capítulo entero a mostrar estas pruebas.

Manuel Bartlett demostró, tanto como pudo, que los días en que supuestamente había estado en reuniones con Caro Quintero en Guadalajara había asistido a reuniones públicas en el entonces Distrito Federal. Ahí están las fotos y agendas que lo demuestran. También demostró que el día del secuestro de Camarena no pudo haber estado en Guadalajara, tal como afirmaron los “testigos” protegidos.

En 1997, el periódico Los Angeles Times publicó una serie de reportajes que mostraban la agenda escondida de los «testigos protegidos», la Fiscalía y la DEA contra Bartlett y otras figuras del Gobierno. Uno de los testigos, también expolicía y traficante, Héctor Cervantes, se desdijo de sus declaraciones iniciales y aceptó que había sido presionado por la Fiscalía para declarar contra políticos mexicanos. Además, se quejó de que la DEA no le había pagado 100 mil dólares prometidos a cambio de sus declaraciones. En el reportaje de Los Angeles Times se desmienten otras aseveraciones según las cuales el mismísimo José López Portillo había regalado personalmente un Mercedes blindado a Ernesto Fonseca Carrillo (¡!). El teatro de la DEA se había acabado.

Una vez descartadas las declaraciones de los “testigos protegidos” y desenmascarados los incentivos perversos que los guiaban, la evidencia contra Bartlett se desvanece. No hay ninguna otra pista verosímil que lo vincule con el secuestro de Camarena.  Seguir con ese debate no solo es absurdo e irresponsable, también es hacerle el caldo gordo a la narrativa de la DEA y a su uso histórico del chantaje como práctica política.

Yo no sé si Bartlett es culpable o inocente de otras cosas; esa es harina de otro costal. Sus actos, presentes y futuros, están ahí: en la hemeroteca y en el periódico de hoy. En esto, como en la búsqueda por la verdad, debemos regirnos por el estándar de Carl Sagan: “afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria». En el caso Camarena y Bartlett no hay evidencia extraordinaria; hay puros chismes.

[1] En junio de 2021 escribí un hilo de Twitter con la información vertida en esta columna. Incluye, además, una serie de documentos y referencias que complementan su lectura. Véase: https://twitter.com/perezricart/status/1407047306164281358

Carlos A. Pérez Ricart

https://dev.sinembargo.mx/author/ricart/

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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