Del 1 de diciembre de 2018 a junio de 2022, 12 varones y cuatro mujeres que resultaron electos por el voto popular para encabezar los cabildos de sus municipios fueron asesinados, 14 de ellos a balazos, uno a golpes y otra por calcinación.
Por Luis Carlos Sáinz
Tijuana, 11 de julio (Zeta).- Conflictos con grupos criminales y líos por el control político de los municipios, son algunas de las causas por las que alcaldes y alcaldesas han sido asesinados en México. Durante el actual sexenio, 16 presidentes municipales cayeron víctimas de homicidios dolosos y otros tantos exediles también encontraron la muerte en manos ajenas. Así lo revelan los casos registrados a lo largo y ancho del país, en tiempos pre y post electorales.
El perverso efecto de la financiación privada de las campañas políticas, tal vez por parte de miembros del crimen organizado, la infiltración de delincuentes en gobiernos locales, las inconformidades al interior de partidos políticos antes y después de los comicios, y posibles conductas delictivas o incumplimiento de promesas de algunos de los funcionarios ahora fallecidos, podrían estar detrás de la violencia que se ejerce en contra de estos.
Del 1 de diciembre de 2018 a junio de 2022, 12 varones y cuatro mujeres que resultaron electos por el voto popular para encabezar los cabildos de sus municipios fueron asesinados, 14 de ellos a balazos, uno a golpes y otra por calcinación. En siete de los casos, las personas victimadas fueron privadas de la libertad en sus domicilios o en el trayecto a algún sitio, para posteriormente ser localizadas muertas en desolados parajes u orillas de carretera.
Aunque en su mayoría estos crímenes cuentan con personas detenidas, la motivación no es revelada por las autoridades y queda en un misterio la razón por la que fueron privadas de la vida. Mientras que en 10 de los casos se ha logrado detener a 23 personas, en seis no ha caído preso ninguno de los presuntos responsables, aunque en algunos de los asuntos las fiscalías presumen que los autores materiales o intelectuales están identificados y sólo falta aprehenderlos.
Así, en una investigación de ZETA se advierte que pese a haber detenidos en nueve de los crímenes, el móvil se desconoce a la fecha. En tres de ellos se argumentaron problemas políticos en un mismo partido o de sus adversarios; en dos más trascendieron conflictos con grupos criminales sin que se informara a cabalidad el tipo de líos, sólo que las órdenes llegaron a los ejecutores que recibieron magras sumas de dinero a cambio. En uno de los homicidios se estableció como hipótesis una relación sentimental entre víctima y victimario entre una alcaldesa y un empresario que no cumplió con obras pactadas para su municipio. Y en otro hecho, problemas personales.
Entre las personas detenidas como presuntos participantes en los atentados, se encuentran adolescentes sin experiencia usados como carne de cañón, elementos policiales, otro tipo de servidores públicos municipales, compañeros de partido y hasta la esposa y familiares políticos de una de las víctimas. Se calcula la participación de entre tres y cuatro sujetos en cada uno de los eventos, por lo que más de la mitad de los planeadores, colaboradores y verdugos aún se encuentran libres.
Previo a las elecciones de 2021 y 2022, expertos en política y exfuncionarios de organismos electorales han advertido sobre la descomposición que se vive de manera previa y posterior a los procesos de votación ante el riesgo de intervención de la delincuencia organizada, sobre todo en municipios productores de drogas ilícitas o violentos con la imposición de candidatos a alcaldes para obtener cuotas de poder, imponiendo a jefes policiales, síndicos e inspectores, entre otros funcionarios.
PANORAMA 2022
De acuerdo con las estadísticas, de los 16 alcaldes y alcaldesas eliminados, cinco eran militantes de Morena, cuatro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dos del Revolucionario Institucional (PRI), dos del Verde Ecologista Mexicano (PVEM), dos de Movimiento Ciudadano (MC) y uno de extracción indígena, elegido de acuerdo a los usos y costumbres de su comunidad, en sustitución de su hermano -que era presidente municipal- pero murió de un infarto hace unos meses.
Los estados con más homicidios de ediles en funciones, son Oaxaca, donde se han registrado cuatro de los hechos; Michoacán, con tres crímenes; Veracruz, con dos. En las siguientes entidades ha ocurrido un asesinato en cada una: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Morelos. Por lo menos cuatro de esos estados se encuentran en el ranking de los seis con mayor cantidad de homicidios en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En cuanto al lugar del crimen o sitio del hallazgo, siete ocurrieron en calles y avenidas (dos de ellos afuera de la casa del personaje sacrificado), cinco en predios o solares con poca presencia de personas, dos en carretera, uno en el fondo de un barranco y otro dentro del domicilio particular del munícipe.
Después de las elecciones del 6 de junio de 2021 se han registrado cinco asesinatos de presidentes municipales, cuatro de ellos durante 2022. El primero de este año ocurrió el 11 de enero en agravio del alcalde de Xoxocotla, Morelos, Benjamín López Palacios, quien tenía apenas once días de haber asumido el cargo. Tres sujetos con armas de fuego se metieron intempestivamente a su casa y le descargaron cuatro balazos sobre la cabeza para después escapar. Benjamín era hermano de Juan López Palacios, promotor de la creación de dicho municipio, quien fue electo alcalde y murió a los pocos días de haber ganado la elección, por lo que tuvo que repetirse el proceso electoral.
El 14 de junio reciente fueron detenidos dos presuntos partícipes en los hechos, cuyo móvil podría implicar a funcionarios del mismo Gobierno municipal.
El 7 de febrero, en Contepec, Michoacán, fue asesinado el Alcalde Enrique Velásquez Orozco, emanado del PRI, cuyo cuerpo se localizó con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en un predio de la localidad de El Jacal, en el mismo municipio. Sus familiares aseguraron a las autoridades que desapareció desde dos días antes, pues no sabían nada de su paradero, pero no reportaron el hecho oficialmente ante el temor de que estuviese privado de la libertad y corriera peligro su integridad. No se tienen avances de las investigaciones.
Poco más de un mes después, el 10 de marzo, fue acribillado a balazos el presidente municipal de Aguililla, Michoacán. Después de una reunión, se trasladaría hacia su oficina a bordo de una camioneta color blanco, a unas cuantas cuadras del Palacio, cuando un comando armado disparó sus fusiles contra la humanidad del edil. Simultáneamente fue privado de la libertad su asesor, el exregidor René Cervantes Gaytán, encontrado muerto al día siguiente en una zona rural. Dos semanas más tarde, la Fiscalía identificó y elaboró un retrato hablado del presunto autor del crimen, Ricardo Carrillo Mendoza “El Alacrán”, contra quien se libró orden de aprehensión.
El más reciente de los magnicidios locales tuvo lugar el 8 de junio en Teopisca, Chiapas, donde el Alcalde Rubén de Jesús Valdez Díaz fue asesinado a balazos a manos de varios empistolados en los momentos en que salía de su casa. Al paso de los días, la Fiscalía chiapaneca informó de la detención de tres de los presuntos autores materiales del crimen. Hasta el momento no se ha revelado el móvil ni la identidad del autor intelectual.
OTROS HECHOS
Durante el año en curso, y apenas unos días antes de la ejecución de Valdez Díaz, el 3 de junio se registró un ataque armado en contra de Ángel Estrada Rubio, Presidente Municipal de Tlalnepantla, Morelos, quien resultó lesionado de bala en el Barrio de San Pedro. Los sicarios huyeron a bordo de una motocicleta tras el fallido intento de matar al edil, quien llegó al cargo de 2021 como candidato del partido Redes Sociales Progresistas (RSP). Después del hecho, Estrada compartió un mensaje en el que expresó “Dios es mi pastor y nada me faltará”.
Quienes sí murieron fueron tres exalcaldes y el hijo de un munícipe en funciones, todos en agresiones a balazos, ocurriendo dos de los hechos en Jalisco y otros dos en Michoacán, ambas entidades asediadas por la violencia que ejerce la lucha entre las organizaciones criminales Cárteles Unidos (Los Viagra, Los Caballeros Templarios y autodefensas) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También fue ejecutado un ex candidato a la presidencia municipal de Yanga, Veracruz.
La tarde del 3 de enero fue asesinado a balazos en el ingreso de su domicilio el exalcalde de Tomatlán, Jalisco, Jorge Luis Tello García. Tres sujetos armados irrumpieron para disparar en contra del político, localizándose varios casquillos calibre 9 milímetros.
Trece días después, fue atacado a balazos Raúl Castillo Cruz, exdirigente del PAN y excandidato a la alcaldía de Yanga, cuando se encontraba en un autolavado de su propiedad.
Nuevamente en Jalisco, el 7 de marzo, en una ranchería de El Chante, municipio de Autlán de Navarro, empistolados mataron a tiros al líder cañero de la región Costa Sur, ex diputado local priista y expresidente municipal de Unión de Tula, Jesús Zúñiga Mendoza.
El 30 del mismo mes, pereció baleado Salvador Acosta Guerrero, exprimer Edil de Villagrán, Guanajuato, municipio donde emergió el autodenominado Cártel Santa Rosa de Lima hace unos tres años. Su cadáver se localizó en el interior de un inmueble de su propiedad, donde eran guardados camiones de transporte.
El 6 de junio, en la misma comarca de Villagrán fue asesinado Florencio Lara, hijo del Alcalde reelecto por el partido Nueva Alianza, Juan Lara, sobre Bulevar Luis Donaldo Colosio, a las afueras de un negocio de pollos asados. El joven circulaba en un auto plateado con su pareja, Mildred Alvarado, hija de la excandidata del PRI a la Presidencia Municipal de Villagrán, Dora San Elías. Sujetos a bordo de motocicletas le dispararon de forma certera. La mujer resultó herida.
Cabe mencionar que en poco más de 15 años, han sido asesinados por lo menos 86 presidentes municipales en México. Según fuentes periodísticas, 31 ediles murieron dolosamente durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa; en tanto, 39 más fueron privados de la existencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A los que se suman los 16 del actual mandato federal de Andrés Manuel López Obrador.
