Colombia cambió su estado de violencia incontrolada de sicariato y coches bomba cuando su fuego empezó alcanzar a los miembros de la élite política y ésta sintió en carne propia los homicidios dolosos y las desapariciones forzadas. 

Antes de eso, no pasaba de ser la noticia de la masacre del día y motivo de reclamos de los familiares de las víctimas. Esa estampa infame rutinaria la vemos en la plaza pública, en las calles y en los accesos a las oficinas de un Fiscal, Gobernador, Alcalde y que sólo de vez, en vez, provocan una respuesta igualmente rutinaria de un funcionario público ofuscado que más que revelar el perfil de una política de Gobierno muestra el desdén y la impotencia en ellos mismos. 

Se dirá por los defensores de oficio o desde la pauta reactiva de las oficinas de los administradores de las granjas de bots que esto no es cierto. Que la violencia ha alcanzado a los políticos y que quien escribe lo ha documentado en los procesos electorales, correcto, pero no me refiero a este sector político, sino a la élite, los más altos niveles de la administración pública, los líderes partidarios, los poderes reales y fácticos, los que verdaderamente mandan en este país y que hasta ahora no han sido tocados en su entorno o no ha provocado, entre ellos, la sensación de fragilidad y la sensación de estar al alcance de cualquier sicario. 

Eso sí ocurrió en Colombia en los años noventa y llevó al Gobierno a ponerse las pilas, en la piel de quienes sufrían la violencia cotidianamente, los que ponían los muertos en las ciudades y los pueblos. Los desplazados desde las regiones rurales que buscan en el manto urbano un refugio para sobrevivir en el anonimato. Para seguir su vida en un lugar extraño, amenazante, escasamente solidario. 

Nosotros ¿hasta dónde hemos llegado con las agresiones del crimen organizado? La semana pasada las balas alcanzaron a la poderosa iglesia católica que no aparecía entre los sectores sociales más lastimados, aunque, el llamado clero regular, seguramente lo sufría, cuando caían miembros de su séquito como sucedió en Cerocahui. 

El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Madre Occidental, más específicamente en el estado de Chihuahua, provocó una reacción que llegó hasta la sede del Vaticano, donde el Papa Francisco recordó al mundo que en México diariamente mueren asesinadas decenas de personas y aquí en México, un religioso de las altas esferas fue contundente cuando señaló que “los brazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”. 

Que había que cambiar la política de seguridad pública. Quizá estos pronunciamientos contra la política de seguridad no ocurrieron en otros sectores lastimados por la falta de cohesión y organización institucional. De ahí su importancia porque la elite católica no sólo habla por ellos, sino por ese casi 80 por ciento de la población que profesa la religión católica y por todos. 

La postura del Gobierno sigue siendo la misma: abrazos no balazos, y es que está frase está en el fondo de la narrativa obradorista y montada en todo un andamiaje institucional que, creamos, busca la pacificación del país con muy pobres resultados: 120 mil homicidios dolosos, decenas de miles de “levantados” y desaparecidos, son la muestra clara del fracaso de una estrategia de seguridad pública “pacifista”, humanista y que defiende a todos, incluido, cómo no, a los propios asesinos. 

Y el reclamo de la iglesia no pareciera que vaya a provocar una corrección porque dirán algunos del primer círculo incluso el propio Presidente: La política de seguridad la dicta el Gobierno, no una corporación religiosa, por más respetable que pueda ser el caso de la orden de los jesuitas. 

Si eso ocurre es que no sienten sus personajes más convenencieros que la violencia los alcanza. Que no hay motivos para cambiar el rumbo. Y los lideres de grupos criminales saben que esa regla es la única que sigue vigente del viejo pacto que tenía como máxima no aspirar a controlar la política. Lo que está demostrado no ocurre, ellos están en la política, e influyen en las decisiones públicas en estados y municipios. 

¿Se mantendrá ese equilibrio pernicioso entre los agentes del crimen y la política o es cuestión de tiempo para que abiertamente se haga visible la rotura de ese equilibrio entre poderes reales y fácticos? 

En Colombia, sucedió con el asesinato de un candidato presidencial. Nosotros estamos en una promoción adelantada entre los aspirantes a ocupar la silla que hoy usa el Presidente López Obrador. 

En 1994, sucedió por partida doble, con Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, el dirigente nacional del PRI, y aquello llevó a reaccionar tibiamente y hasta con cierta complicidad, hasta llegar a la sensación de inseguridad, que provocó la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, pero aquello estaba perdido cuando Genaro García Luna operaba para el Cártel de Sinaloa. 

Hoy la política de “abrazos no balazos” favorece a todos los grupos criminales y tan les favorece que están muy estimulados y ahí están las imágenes o los videos humillando a los miembros de la fuerza de seguridad nacional. Persiguiéndolos avergonzados sin que reaccionen ante la afrenta por su carácter disuasivo. 

Entonces, el reclamo de la iglesia católica, como también en otro momento el del gremio del periodismo, pasarán a la protesta por una política fallida y escasa interlocución del Gobierno con el resto de la sociedad. 

Lo sorprendente es que con una política errática que alcanza directa o indirectamente a todas las familias mexicanas la popularidad del Presidente sea capaz de seguir generando triunfos a su partido. 

Incluso, muy probablemente el refrendo presidencial en 2024, si la oposición no es capaz de ofrecer un programa alternativo y unos candidatos atractivos para el electorado. 

Así, con ese apoyo electoral, probablemente seguirá la política que ha tenido un alto costo en vidas en México y eso ampliaría el drama cotidiano que vivimos. 

En definitiva, continuarla, ya sabemos a dónde lleva aun cuando voces poderosas como la de la iglesia católica y la de los periodistas, se dejen escuchar en medio de la metralla del día y el Gobierno persista en la negación de lo que ya ha costado más de 100 mil vidas.

Mejor todavía, aprender, de los gobernantes colombianos que nunca pasó por su cabeza una estrategia de abrazos no balazos y hoy no viven la violencia de los años duros de esa mezcla insensata de narcos, narcopolíticos, guerrillas y paramilitares.

Al tiempo. 

Ernesto Hernández Norzagaray

https://dev.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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