Y es que el caso de supuesta corrupción, conocido como «trama eólica», involucraría a figuras de la política local española y a empresarios.
Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- Un Juzgado de Valladolid, España, encargado de la investigación de la llamada «trama eólica» ordenó el pasado 10 de mayo la incautación de bienes, con valor de 130 millones de euros, contra tres ejecutivos de la compañía eléctrica Iberdrola, de acuerdo con el periódico español El Confidencial.
De acuerdo con el diario, José Ignacio Sánchez Galán, presidente de la empresa e imputado por el caso Villarejo, no mencionó el viernes pasado en la junta de dueños de la compañía el reciente dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ordena desmantelar la mayor planta fotovoltaica de España y Europa, ni el reciente auto del Juez de la conocida como “trama eólica”, que ha solicitado el embargo de las cuentas de tres directivos del grupo por 130 millones de euros.
“Según han confirmado fuentes jurídicas, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid cursó el pasado 10 de mayo el decreto de embargo de cuentas y del IRPF contra Pedro Barriuso, el que fuera máximo responsable de la división de Renovables de Iberdrola; contra Rafael Icaza de la Sota, director de control; y contra Ricardo Bravo, ejecutivo de Ibercyl, la filial de Castilla y León del grupo con sede en Bilbao, a través de la cual y según la Fiscalía se organizó una trama de corrupción para la concesión irregular de autorizaciones de parques eólicos en la comunidad autónoma entre 2003 y 2011”, detalló el periódico.
Además, expuso que durante octubre de 2021, la Fiscalía Anticorrupción formuló un escrito de acusación y pidió penas de cárcel de entre cuatro y 42 años para cinco exaltos cargos de la Junta y 11 empresarios, entre los que estaban los tres de Iberdrola. Para ellos, el fiscal solicitó seis años de prisión.
“En noviembre, Javier de Blas, el Magistrado que ha investigado la causa, dictó la apertura del juicio oral e impuso fianzas millonarias, tanto a la Junta de Castilla y León como a Iberdrola y a todos los señalados por haberse beneficiado presuntamente de concesiones ilegales tras pagar mordidas de 80 millones, según mantiene la acusación y ha sido publicado en medios locales”, agregó El Confidencial.
También, destacó que los directivos de Iberdrola recurrieron las fianzas con recursos de reposición. Pero, según han confirmado al medio ibérico desde el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, estos recursos fueron desestimados y el pasado 10 de mayo se decretó el embargo contra Barriuso, Icaza y Bravo.
“Según fuentes próximas a Iberdrola, Icaza, el único de los tres directivos que continúa en la compañía, ha pedido ayuda económica al grupo, al no disponer de patrimonio con el que poder hacer frente a los 130 millones que le reclama el juzgado de forma solidaria con Barriuso y Bravo. La eléctrica, que no ha respondido a la petición de información de este medio, tiene que hacerse cargo de una multa de 11.25 millones, tal y como recoge en su informe anual, junto con la Junta de Castilla y León, que tiene que depositar 24 millones”, explicó el reportaje exclusivo.
Y es que el caso de supuesta corrupción, conocido como «trama eólica», involucraría a figuras de la política local española, como un Viceconsejero de Economía en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y a los hermanos Alberto y Francisco Esgueva, dueños de una compañía denominada San Cayetano Wind.
Ellos, indicó El Confidencial, son con quienes Iberdrola firmó varios acuerdos para promover, construir y explotar parques eólicos en Castilla y León. «Los hermanos Esgueva recibieron por ello 31.6 millones de euros», señala el diario español.
