Los negocios de comida mexicana en Estados Unidos están en la mira de las autoridades desde hace más de una década tras registrarse casos de vínculos con el narcotráfico.
Por Gardenia Mendoza
Los Ángeles, 4 de junio (LaOpinión).– Cada vez que Mauricio Ramos pasaba cerca del restaurante Los Primos en Greenville, Carolina del Sur, pensaba con orgullo en la prosperidad que da el trabajo. Ni por asomo le pasaba en la cabeza que era solamente una fachada para distribución de droga como hace poco dijo la fiscalía del estado donde él radica hace 20 años.
“Su comida era muy buena y daba gusto ir a comer con la familia”, dice en entrevista con este diario. “Poco a poco vimos que iba teniendo tráileres para vender tacos de manera informal”.
Este emigrante lamenta que estén en la mira de la Fiscalía local, que los estén investigando y que hubieran decomisado varios kilos de metanfetamina, cocaína y heroína; que haya acusaciones contra 34 personas, 124 cargos y hasta que la investigación para atraparlos tenga un nombre que estigmatiza a la comunidad mexicana: “Los Banditos”.
“Siempre nos ponen como una mafia y habría que ver hasta qué punto los cárteles de México presionan a los negocios para que colaboren”.
El Fiscal General de Carolina del Sur, Alan Wilson, anunció a mediados de mayo que el tráfico de estupefacientes contó con la aprobación, favilidad y dirección de los dueños del restaurante Los Primos, pero no se dieron más detalles.
A través de un comunicado de prensa solo se dijo que “presuntamente muchas de las drogas fueron traficadas directamente desde el restaurante, mientras que otras más habrían sido traficadas desde camiones de tacos.
“La conspiración ha representado más de mil kilogramos (más de una tonelada) de metanfetamina, 100 kilogramos de cocaína y 2 kilogramos de heroína traficadas en todo el estado de Carolina del Sur”.
De ese modo el restaurante principal en Greenville serviría como centro regional de almacenamiento y distribución de droga para los cárteles mexicanos no se ha especificado cuáles en el estado.
OTROS CASOS
Al uso de restaurantes mexicanos como bodegas se suman otros tipos de estrategias de los cárteles. Kieran Beer, analista jefe de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero explica que “los restaurantes son una forma clásica de mover dinero” por el uso de efectivo.
“Casi cualquier negocio que requiera mucho efectivo puede usarse para lavar dinero (lavanderías, concesionarios de autos usados, servicios de taxi), pero los restaurantes tienden a aparecer cada vez más frecuentemente como lavadores de dinero”.
Hace dos años, una denuncia federal dio cuenta pública del caso de una empresa de distribución de alimentos de Colorado Springs y seis restaurantes mexicanos locales vinculados al Cártel de Sinaloa, en ese tiempo aún dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán-Lorea e Ismael “El Mayo” Zambada-García.
Los agentes de investigación documentaron que José Aguilar-Martínez, dueño del restaurante El Potosino Foods, sin registro oficial, tenía “contacto significativo” con presuntos distribuidores de cocaína en la ciudad.
En la fachada, los restaurantes comprarían comida de El Potosino y aceptarían facturas por artículos que no ordenaron ni recibieron pero se pagaron con cheques.
Aguilar-Martínez, de 51 años, se encontraba ilegalmente en los EU, según la denuncia.
Las autoridades también informaron que El Potosino no era un negocio registrado, su sitio web era inactivo y que no tenían vínculos con ningún otro distribuidor mayorista de alimentos en Colorado Springs. “No se sabía nada del negocio entre los conocedores de la industria”.
A el dueño de El Potosino se le incautaron más de 1.5 millones de dólares de 15 cuentas bancarias y dos cajas de seguridad de los restaurantes Taco Star y los Albertacos así como Rodolfo’s Mexican Grill en Cheyenne, Wyoming, donde comenzó la investigación con la compra sospechosa de un vehículo.
LARGA HISTORIA
Los negocios de comida mexicana están en la mira de las autoridades desde hace más de una década. En 2007, los agentes antidroga de la DEA pusieron el foco en Montana y llevaron a la tribunal a los propietarios de cuatro restaurantes en distintas ciudades del estado: Belgrado, Butte, Helena y Great Falls.
Fueron acusados junto con 16 personas más de contrabandear metanfetamina y vender cocaína, según una declaración jurada de una orden de allanamiento presentada en el Tribunal de Distrito en Great Falls.
Los agentes federales comenzaron a investigar la cadena de restaurantes Melaque en enero de 2005 después de recibir informes de que los restaurantes empleaban a ciudadanos mexicanos que se encontraban ilegalmente en los Estados Unidos.
Siete meses después de la investigación, los agentes se enteraron que un trabajador de Melaque conducía a México dos veces al mes, recogiendo drogas y llevándolas de regreso a Montana, según los registros judiciales y que el gerente de Melaque, uno de los restaurante había estado yendo a Las Vegas y actuando como contrabandista o “coyote” para inmigrantes indocumentados.
El analista Beer destaca que entre más popular sea un restaurante puede servir como una cortina de humo ideal para el lavado de dinero. “Si voy a lavar dinero, me gustaría un negocio en el que, si pasa el FBI o el IRS, haya muchos clientes que van y vienen. De esa manera, los ingresos se justifican por la clientela”.
Los cárteles de la droga tienen especialistas en buscar esos negocios ideales. En noviembre pasado, un tribunal federal en EU acusó a 29 presuntos miembros de una organización internacional de lavado de dinero que está vinculada al Cartel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco Nueva Generación en México.
De ellos, 21 se encontraban en San Diego, Calexico y Bakersfield, California y habrían lavado más de 32 millones de dólares en ganancias de drogas de los Estados Unidos a México.
La organización de lavado de dinero obtuvo contratos con organizaciones narcotraficantes en México para recoger las ganancias de las drogas en ciudades de los Estados Unidos, incluido Baltimore; Detroit; Los Angeles; Filadelfia; Bostón; denver; chicago; Ciudad de Nueva York y muchos otros.
Para Mauricio Ramos, en Carolina del Sur la información que dan las autoridades en EU sigue siendo incompleta, insiste: “no se sabe si quienes participan en la cadena de tráfico o lavado lo hacen voluntariamente y más si son indocumentados”.
