El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una Reforma Electoral, con la que se buscará erradicar los fraudes electorales y la garantía de “elecciones justas, limpias y libres” y que implicaría un ahorro de 24 mil millones de pesos.
Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador planteó un ahorro de 24 mil millones de pesos con la Reforma Electoral que envió a la Cámara de Diputados, lo cual podría lograrse mediante la eliminación de los recursos públicos que se dan a los partidos políticos para sus actividades ordinarias y a través de la desaparición de los organismos electorales locales, una vez que los comicios se federalizarán, de acuerdo con el contenido de la iniciativa.
«En esta parte de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos, nosotros sostenemos que con éste va a tener el país un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos, son los cálculos que tenemos, derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades. También, el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias tengan, dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede», dijo esta mañana Horacio Duarte Linares, uno de los hombres que se ha involucrado en esta reforma.
El monto que se busca ahorrar es equivalente a una tercera parte del presupuesto total del Aeropuerto Felipe Ángeles que asciende a 79 mil millones de pesos y a la construcción de aproximadamente 10 hospitales como el que se perfila edificar en Tula, Hidalgo, cuya inversión, según han dicho las autoridades del IMSS, asciende 2 mil 53 millones de pesos.
El eje principal de la propuesta de Reforma del Presidente es sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC) y reducir de 11 a 7 el número de los consejeros que serán electos por voto popular al igual que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual absorbería las funciones de los tribunales electorales.
Pero la iniciativa presidencial también plantea una reforma en los recursos que reciben los partidos. En el texto se menciona que “el Estado mexicano destina cada año alrededor más de 11 mil millones de pesos en subsidios públicos destinados a las actividades ordinarias de los partidos políticos”, como es su plantilla laboral y sus bienes muebles e inmuebles, “es decir, a la manutención de aparatos burocráticos”.
Por ello propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y plantea que cubran dichos gastos mediante el financiamiento de sus simpatizantes y militantes, el cual deberá apegarse a lo que estipula le ley.
“El objetivo es reducir el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante esas aportaciones, legalmente vigiladas. El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral”.
El texto señala que aunque se mantendrá la fórmula actual de la distribución del financiamiento público a los partidos políticos, estos recursos serán entregados únicamente durante tiempos de campaña. “Esto representa una disminución de más del 66 por ciento del financiamiento público respecto de lo que actualmente se gasta. Lo anterior obedece a la necesidad de que nuestro régimen de partidos no genere costos injustificados ni incongruentes”.
En cuanto a la obtención de recursos privados, se estipula que tanto para las actividades ordinarias de los partidos como para sufragar sus gastos de campaña se tienen que identificar y reportar la fuente de todo recurso obtenido, sin exceder los topes señalados en la legislación.
Los recursos provistos no serán deducibles de impuestos y se prohibirá que una misma persona física done en un año calendario a más de un partido o candidatura independiente.
DESAPARICIÓN DE OPLES
La iniciativa señala que el INEC —el órgano que sustituiría al INE con la Reforma— sería la única autoridad administrativa electoral del país por lo que sus funciones absorberían las de los Órganos Públicos Locales (OPLES), “es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal”.
El texto argumenta que el INE ha ido ejerciendo cada vez más su facultad de atracción sobre las funciones de los OPLES, “al grado de realizar o verificar prácticamente todas las actividades significativas que corresponden formalmente a dichos órganos, salvo la investigación y sustanciación de quejas; el registro de candidatos, cómputos y declaración de validez”. En ese sentido, asegura que “contar con una autoridad administrativa única abonará a dar mayor certeza y a armonizar los procesos electorales y de participación ciudadana”.
En ese sentido, destaca que además de lo asignado al INE, “cada año se gastan más de 13 mil millones de pesos para sostener a los OPL(ES)”, una cifra que junto a los 11 mil millones que contempla el financiamiento de las actividades ordinarias a partidos representaría el ahorro de 24 mil millones de pesos planteado por el Gobierno.
Como parte de los cambios en este sentido se propone eliminar los distritos electorales y junto con éstos la estructura electoral distrital ya que se explica que el nuevo Instituto Electoral se conformará de órganos temporales y auxiliares, “en especial en los periodos electorales, que concentren las funciones que han sido fragmentadas en innumerables unidades administrativas, a efecto de contar con la estructura indispensable para garantizar las funciones asignadas en la legislación”.
“En conclusión, al hacer del INEC una instancia única y verdaderamente nacional con funciones claramente delineadas, se fortalece nuestro sistema democrático, lo que brinda a la ciudadanía y los partidos políticos mayor certeza jurídica, claridad en los procesos y eficiencia en el desarrollo de funciones. Lo anterior unifica la toma de decisiones en distintos procesos relacionados y garantiza su correcto desarrollo, además se dejarían de erogar cuantiosos recursos que actualmente se gastan en las estructuras de los órganos electorales”, se lee en el documento.
ELECCIONES DE CONSEJEROS Y MAGISTRADOS
Como había anunciado en semanas pasadas el Presidente López Obrador su propuesta de Reforma Electoral también plantea “un esquema nuevo que involucra a los tres Poderes de la Unión, en la determinación de las personas titulares de dichos órganos”.
Es decir propone que sean las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la persona titular del Ejecutivo Federal los que presentan las candidaturas para los integrantes del INEC y el TEPJF y que “el voto popular decida la integración de la Sala Superior del TEPJF y del Consejo General del INEC”.
“Dichos cargos serán ocupados por un periodo de seis años improrrogable. La jornada electiva para definir a las personas titulares de estos órganos se celebraría el primer domingo de agosto, cada seis años, con excepción de la primera jornada electiva”, se lee en el texto.
La iniciativa explica que la Cámara de Diputados será la que emita la convocatoria para la jornada electiva de los consejeros electorales y el Senado la de magistraturas. Cada uno de los Poderes de la Unión, menciona la propuesta, “postulará a 20 personas de manera paritaria para la integración del Consejo General del INEC, y a 10, para las magistraturas. En ambos casos el INEC organizaría el proceso electivo”.
Se precisa que una vez efectuada la jornada de votación, el INEC realizará los cómputos de la elección y los comunicará a la Cámara que corresponda para que ésta realice y publique la suma y ésta a su vez la remitirá a la Suprema Corte, que tendrá la facultad de resolver las impugnaciones, calificar el proceso y declarar sus resultados.
“Para la integración del INEC, se elegirán a siete personas consejeras y presidirá el organismo aquélla que haya obtenido la mayor votación. En lo que respecta a la Sala Superior del TEPJF, se elegirán también a siete personas magistradas; la presidencia se definirá por elección de sus integrantes y se ocupará por un periodo de dos años”, refiere el documento.
LISTAS PARA ELEGIR LEGISLADORES
La propuesta de Reforma Electoral pone sobre la mesa, además, un método de elección que “busca mejorar la representación ciudadana depositada en las Cámaras del Congreso de la Unión con la reducción del número de sus integrantes y su elección mediante una sola lista por entidad federativa”.
De aprobarse, la Cámara de Diputados quedaría conformada por 300 curules, es decir, se eliminarían 200 y el Senado con 96 escaños, pasando de 128 a 96. En ambos casos se plantea que la elección de los legisladores sea a través del sistema de listas por entidad federativa, lo cual, dice, “obligaría a las personas candidatas a hacer campaña territorial”.
Para determinar el número de curules de cada entidad, se precisa que se dividirá el número total de mexicanos, fijado conforme al último censo general de población, entre las 300 diputaciones, ese resultado será el cociente de distribución, es decir la base para asignar el número de diputaciones que corresponderá a cada entidad federativa.
Sin embargo, se aclara, se mantendrá la regla histórica mexicana según la cual toda entidad federativa debe contar con al menos dos diputaciones, por lo que, de no alcanzar este número, se tendrá la prelación en el reparto de remanentes hasta obtenerlo.
De este modo, y conforme a las cifras actuales, la distribución de diputaciones a asignar para cada entidad federativa quedaría así:
El Senado a su vez se integrará por 96 senadurías —tres por cada entidad federativa— elegidas también por lista, mediante cociente natural y resto mayor.
En lo que respecta a los congresos locales, se propone establecer topes en la definición de sus integrantes para que el número de representantes en las legislaturas estatales estados no exceda las 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a 1 millón de personas, y por cada 500 mil habitantes adicionales, podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45 diputadas y diputados.
Conforme a la población que cada entidad federativa tiene actualmente, la iniciativa contrasta el número de integrantes que actualmente tiene cada Cámara con los que tendría conforme a esta propuesta:
En lo que respecta a los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se estipula que deberá prevalecer el mismo criterio poblacional en la integración de los ayuntamientos y las alcaldías de la siguiente manera:
- Una regiduría a los municipios cuya población sea menor a 60 mil habitantes.
- Hasta tres regidurías a los municipios cuya población sea superior a 60,000 y menor a 370 mil habitantes.
- Hasta cinco regidurías a los municipios cuya población sea superior a 370,000 y menor a 690 mil habitantes.
- Hasta siete regidurías a los municipios cuya población sea superior a 690 mil y menor a 1 millón 10 mil habitantes.
- Hasta nueve regidurías a los municipios cuya población sea superior a 1 millón 10 mil habitantes.
La misma regla será aplicable para la determinación del número de concejales en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, refiere el documento.
