Amnistía Internacional recordó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas recomendó al Gobierno federal idear un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de las fuerzas militares que se encuentran realizando acciones de seguridad pública, pues el actual ha sido «insuficiente e inadecuado».
Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- Amnistía Internacional (AI) solicitó este miércoles un encuentro presencial con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar sobre la situación actual «de alto riesgo para el ejercicio y defensa de los derechos humanos que presenta la militarización de México«.
Mediante una carta abierta dirigida al mandatario federal, la organización internacional recordó que en su visita al país, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, recomendó, de nueva cuenta, al Gobierno federal idear un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de las fuerzas militares que se encuentran realizando acciones de seguridad pública, instando a abandonar el enfoque militarizado.
Lo anterior, debido a que, en su informe, el Comité ha sostenido que el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado mexicano ha estado enfocado en la militarización para combatir la delincuencia, lo cual ha sido «insuficiente e inadecuado».
? #CartaAbierta a @lopezobrador_ para solicitarle un encuentro presencial con representantes de OSCs en vistas a la situación actual de alto riesgo para el ejercicio y defensa de los #DDHH que presenta la militarización de #México. #SeguridadSinGuerra https://t.co/MDzFzqF77x pic.twitter.com/lolt0uclbE
— Amnistía Int. México (@AIMexico) April 27, 2022
Amnistía Internacional enfatizó que los estándares internacionales de derechos humanos y constitucionales en materia de seguridad pública, señalan que ésta debe estar en manos de civiles, y que únicamente de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, los Estados pueden recurrir a las fuerzas armadas para dicha tarea.
«De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos la naturaleza del entrenamiento de las fuerzas militares se orienta a ‘derrotar al enemigo’ y no a la protección y control de civiles. El régimen de las fuerzas militares no se concilia con las funciones de autoridades civiles, lo que pone en riesgo la vigencia de derechos humanos y es contrario a principios del Estado de Derecho como la separación de poderes, la independencia y autonomía de tribunales judiciales, y la subordinación a las autoridades civiles», añadió AI.
Por ello, Amnistía Internacional y las organizaciones, así como activistas, expertos independientes y académicos que conforman el colectivo Seguridad sin Guerra dijeron estar convencidos de que las políticas de seguridad pública deben estar a cargo de instituciones civiles y no militares.
En ese sentido, externaron su profunda preocupación por las declaraciones públicas realizadas por el Jefe del Ejecutivo federal, ya que, aseguraron, «fomentan el clima de violencia e impunidad imperante en el país, así como la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familias, organizaciones de derechos humanos y colectivos en búsqueda».
Asimismo, lamentaron la opinión del Presidente en torno a que el Comité no actúa con «apego a la verdad», así como su afirmación de que «ya no es el tiempo de antes en el que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos», pues aseguraron que las organizaciones de derechos humanos han documentado la participación de militares, incluida la Guardia Nacional, en casos de tortura, represión, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, entre otras violaciones de derechos humanos.
Al llegar a la Presidencia de México, López Obrador desplegó la Guardia Nacional, la cual a pesar de que depende orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Y al mismo tiempo, ha dado participación directa a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
No obstante, el Presidente ha negado la militarización de México bajo el argumento de que «son instituciones fundamentales para el país por su potencial para su transformación».
