La noticia era un secreto a voces.

Durante meses se habló de ella en los pasillos de la Cancillería y en Palacio Nacional. Se habló mucho y se habló fuerte; tanto que el cuchicheo se escuchaba hasta Washington; sin embargo, nadie se atrevía a confirmar. Todo eran rumores. Hasta que llegó la nota de Reuters.

La semana pasada la famosa agencia de noticias publicó un artículo en el que confirmaba que el Gobierno de México había cerrado una de las unidades especializadas en temas de drogas y crimen organizado que trabajaba mano a mano con la Drug Enforcement Administration (DEA). El grupo disuelto era una de las Unidades de Investigación Sensible (SIU) que operan en el país bajo control del Gobierno mexicano, pero “de confianza del Gobierno estadounidense”. Sus miembros recibían un “suplemento salarial” por parte de la agencia estadounidense, recibieron entrenamiento en Estados Unidos y pasaban una serie controles que los acreditaba como confiables. En una frase: a pesar de pertenecer formalmente a la estructura del Gobierno mexicano, eran el proxy a través del cual la DEA operaba en México.[1]

Con dos fuentes anónimas como respaldo, la nota de Reuters, luego confirmada por el propio Presidente en una Mañanera, señalaba que la decisión había sido tomada por el Gobierno federal hace más de un año. Como era de esperarse, en medios nacionales e internacionales comenzó el drama. “Es una pésima señal para la colaboración binacional” dijeron unos; “hace añicos los puentes formados por décadas” dijeron otros. Pero ¿es así? ¿Debemos enfadarnos por el fin del juguete de la DEA en México?

Empecemos por el principio. ¿Qué son estas unidades de investigación, las famosas SIU? Su historia se remonta a 1996. Ese año el Congreso de los Estados Unidos aprobó una inversión de 18 millones de dólares para la creación del programa de Unidad de Investigaciones Sensibles. Las SIU debían cumplir dos objetivos. Por un lado, reducir las posibilidades de filtración de información sensible, una preocupación permanente para la DEA. Por otro lado, instalar en otros países a la fuerza operativa de la DEA entrenada a partir de sus prácticas, técnicas y estrategias favoritas, incluyendo un énfasis especial en el uso de las técnicas de incitación al delito y la ejecución de operaciones especializadas en la captura de capos (Kingpins).[2] En un principio, el programa SIU estuvo dirigido al entrenamiento por parte de la DEA de unidades policiacas en Bolivia, Colombia, México y Perú.  Hacia 2006 el programa se había expandido a once países de todo el mundo y había formado 26 unidades con 968 miembros. En 2019, participaban ya 1290 oficiales en quince países, diez de los cuales eran latinoamericanos. La lógica no era mala: ¿para qué tener agentes estadounidenses operando si los locales podían hacer el trabajo por ellos?

La realidad dicta que la empresa no ha sido del todo exitosa. El desarrollo global del programa SIU ha sido fuente de fuertes críticas. Estas han procedido lo mismo de instituciones del Gobierno federal de Estados Unidos que de la prensa y de la academia.  Así, por ejemplo, un informe de 2007 del Inspector General del Departamento de Justicia concluía que más allá de mostrar algunos logros puntuales, la DEA no tenía manera de registrar los éxitos globales del programa. Entre otros problemas reseñados por el informe —levemente censurado— se señalaba el pobre registro de participantes en el programa, la ausencia de métricas objetivas, el control inadecuado del equipo de las unidades SIU, prácticas irregulares vinculadas a los suplementos salariales de los participantes, falta de evidencia de entrenamiento en algunas unidades, falta de permisos para uso de armas, así como prácticas deficientes en la administración y supervisión de las propias SIU.

En México no han sido menores los escándalos relacionados con estos grupos. Tres años después de comenzar a operar en el país, en 1999, un periódico nacional divulgó una filtración en la que se exponían las operaciones de una unidad, así como su localización y actividades específicas. Un año después, en marzo del año 2000, Cuauhtémoc Herrera Suastegui, otrora director operativo de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, centro de operaciones de la primera SIU, fue asesinado; apenas unas semanas antes la DEA lo había acusado de mantener una estrecha relación de colaboración con la organización del Golfo.

Desde entonces, otros dos supervisores mexicanos de unidades SIU han sido asesinados luego de ser filtradas sus identidades. Las carpetas de investigación sugieren que figuras dentro de la corporación conspiraron en ambos homicidios. Otro caso comprometedor es el de Iván Reyes Arzate, uno de los principales contactos de la DEA en México quien en 2018 fue acusado por la Fiscalía de Chicago de filtrar información en 2016 a la organización de los Beltrán Leyva. Según el expediente judicial, un informante de aquella organización habría sido torturado como consecuencia de la filtración.

Las SIU han sido objeto de filtraciones que han terminado en crímenes atroces. Uno de los casos más dramáticos fue expuesto en junio de 2018 en una investigación realizada por Ginger Thompson para ProPublica y National Geographic.[3] Thompson puso al descubierto cómo la masacre perpetrada en el pueblo ganadero de Allende, Coahuila en 2011 fue consecuencia de filtraciones de inteligencia entre la DEA en Arlington y la SIU mexicana. En ese caso en particular murieron al menos 26 personas, aunque probablemente fueron más.[4] A pesar de la evidencia de que el problema real estaba en la SIU, no hubo reformas estructurales a su forma de operar en México.

Un problema mencionado por un exdirector de operaciones internacionales de la DEA y relacionados a las SIU en México, está relacionado a la imposibilidad que tiene la DEA de investigar y aprobar los perfiles de burócratas de primer rango que, en última instancia, controlan las unidades SIU. Si estos funcionarios están coludidos con el crimen organizado, señala el otrora director, el trabajo de las SIU no tiene sentido; todo lo contrario, puede tener efectos tremendamente negativos en contextos de corrupción institucionalizada.[5]

Otro problema más general de las SIU es que, aunque el comandante de la unidad sea mexicano, el que sus complementos salariales provengan de la DEA pone en duda el orden jerárquico de sus objetivos. La prioridad pasa a ser, en el mejor de los casos, la eliminación del Kingpin; sin embargo, la perpetración de otros delitos, así como las dinámicas violentas que puedan generarse tenderán a pasar a segundo plano. La policía, entonces, se ocupa de las prioridades de la DEA, no de las metas en materia de seguridad del Estado.

Con relación a lo anterior, es importante subrayar el problema que supone el aislamiento y hermetismo de estas unidades. Las SIU están separadas del resto de las corporaciones policiales, a las que se les relaciona (errónea o acertadamente) con corrupción e ineficiencia. De ahí que a las SIU se les considere como una élite privilegiada, con relaciones, sueldos y jerarquías distintas. Más allá de los celos burocráticos que esta situación inevitablemente provoca, las posibilidades de cooperación con el resto de las corporaciones se esfuman. ¿El resultado natural? Fricciones y disputas con oficiales de otras unidades que no disfrutan del apoyo económico de la DEA. Por lo demás, una vez que termina el financiamiento de las SIU, no solo se pierden las capacidades institucionales formadas, sino que los agentes quedan completamente aislados. En algunos casos, una vez retirados de sus propias instituciones, mandos medios y superiores mexicanos terminan por trabajar como operadores formales de la DEA.

A raíz de todos los problemas mencionados, pero sobre todo de la evidencia acumulada en las investigaciones periodísticas de Ginger Thompson alrededor de lo sucedido en Allende, así como de tres eventos de violencia en Honduras en 2012 en los que agentes de la DEA se vieron involucrados, en 2018 varios congresistas demócratas exigieron al Departamento de Justicia tomar medidas urgentes alrededor del programa SIU, al que calificaron como “área de alto riesgo”. En septiembre de ese año, el Inspector General del Departamento de Justicia anunció el inicio de una investigación sobre el programa, así como de sus regulaciones internas.

No, no hay razones para el dramatismo. La decisión del Gobierno mexicano de disolver la unidad especializada en antinarcóticos está fundada en experiencias locales, regionales y globales. La cooperación con Estados Unidos merece y debe seguir otros derroteros.

Insisto: Las métricas del éxito de la DEA son las cuentas del fracaso de México. Lo que la DEA asume como logros ineludibles de la estrategia antinarcóticos —la fragmentación de las grandes organizaciones de la droga en entes más pequeños y aparentemente más controlables— no ha sido sino el detonador de las mayores oleadas de violencia criminal en todo el continente. El fin de la operación en México de una de las SIU de la DEA no es un drama ni mucho menos. Al contrario: ojalá sea el inicio a una nueva forma de abordar el problema de las drogas en México. Ojalá.

[1] Al respecto véase: Carlos A. Pérez Ricart, «¿Qué hace la DEA en México?», Nexos, 26 de octubre de 2021, https://seguridad.nexos.com.mx/?p=2325.

[2] Carlos A. Pérez Ricart, «La Kingpin Strategy: ¿qué es y cómo llegó a México?», Nexos, 21 de octubre de 2019, https://seguridad.nexos.com.mx/?p=1646.

[3] Ginger Thompson, «How the U.S. triggered a massacre in Mexico», ProPublica, 12 de junio de 2017, https://www.propublica.org/article/allende-zetas-cartel-massacre-and-the-us-dea.

[4] Sergio Aguayo Quezada, «En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las victimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)», 2016.

[5] Keegan Hamilton, «Exclusive: DEA took years to fix secret program linked to a massacre in Mexico», Vice News, 5 de marzo de 2018.

Carlos A. Pérez Ricart

https://dev.sinembargo.mx/author/ricart/

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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