En una columna reciente el Consejero del INE, Ciro Murayama, escribió que la jornada electoral del 10 de abril pasado fue una en la que más violaciones al juego democrático ocurrieron en las últimas décadas. Su recuento debería preocuparnos, pues ahí se señalan diversas infracciones a las leyes electorales, perpetradas por una de las partes: desde el incumplimiento del Congreso a aprobar la Ley de Revocación dentro del tiempo designado para ello a la asfixia presupuestal al INE; desde la amenaza con llevar a la cárcel a miembros del INE hasta la presentación de firmas falsas; del intento de cambiar las reglas en el último momento hasta el uso indebido de recursos propagandísticos. Y no estamos mencionando todas las anomalías.

Para tener una idea más clara de lo sucedido, a esta lista habría también que agregar lo que observadores internacionales consignan. Uno de los organismos que estuvo atento a lo que se suscitó, antes y durante la jornada electoral, fue la Organización de Estados Americanos, la cual cuenta con una gran experiencia en vigilar y evaluar procesos electorales en el hemisferio occidental. En el informe Preliminar de la Misión de Visitantes Extranjeros en México publicada el 12 de abril de 2022, los redactores reiteran su preocupación por las continuas campañas de desprestigio y ataques institucionales contra el árbitro electoral, pues no sólo aumentan la polarización existente en el país, sino que también menoscaban la democracia.  También observan que instancias de distintos niveles de Gobierno, incluidas las de la mayor jerarquía en el país, violaron normas que prohíben propaganda gubernamental personalizada, así como el uso de recursos públicos.

De la misma manera, consideran que el primer ejercicio de Revocación de Mandato en México entraña la necesidad de un ejercicio de reflexión y la conveniencia de  revisar detenidamente la ley vigente.

Aunque los redactores del reporte proponen que es necesario replantear el modelo de comunicación para futuros ejercicios de Revocación de Mandato, tampoco soslayan decir que las normas electorales vigentes deben ser respetadas sin excepciones y que las autoridades electorales deben velar por su estricto cumplimiento.

Sobre la falta de recursos suficientes con que trabajó el INE, los redactores estiman que, con la finalidad de que las autoridades puedan cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva, es necesario que se les garantice el presupuesto y que este sea entregado oportunamente.

Sin duda, estas consideraciones por parte de la organización de concertación política más relevante del hemisferio occidental deben ser evaluadas y discutidas en nuestro país. Esto es así porque los observadores electorales calificados del exterior, al no tener interés en la disputa doméstica, ofrecen una visión más imparcial de los acontecimientos. En este contexto, las descalificaciones por parte del Presidente López Obrador a organizaciones internacionales como la ONU y la misma OEA no abonan a que nuestros procesos electorales funcionen cada vez mejor.

En el caso del ejercicio de Revocación de Mandato es claro que tanto la visión exterior como la interior coinciden en señalar que el oficialismo realizó actos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá examinar cuidadosamente, pues, prima facie, parecen existir evidencias de violaciones sistemáticas al marco jurídico.

Es preocupante que nuestro país esté dejando de ser a nivel mundial un ejemplo como organizador de elecciones limpias, imparciales y justas. Esperemos que se tomen muy en serio las observaciones y recomendaciones que nos ha hecho la OEA. Nada menos que nuestra democracia está en juego.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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