Aunque se expidió una Ley que prohíbe la contratación de servicios de consultoría que sean equivalentes a las funciones de los servidores públicos en la administración pública federal, la práctica persiste incluso en las oficinas cercanas a la del Presidente de la República.
Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- Con sueldos de hasta 73 mil pesos mensuales, el Gobierno federal tiene contratados a consultores en las áreas medulares como la Consejería Jurídica de la Presidencia, que contó en 2021 con 104 consultores jurídicos y de apoyo, de acuerdo con el Directorio ubicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Estas contrataciones se contraponen con lo que el Gobierno y el Presidente Andrés Manuel López Obrador han ordenado, contenido en el compromiso 53, de los 100 que hizo en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018.
Esta promesa contempla lo siguiente:
“No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis, recomendaciones, informes y otros documentos que puedan elaborarse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos”.
Este compromiso se marcó como cumplido el 19 de noviembre de 2019 cuando se publicó la Ley Federal de Austeridad Republicana que en su artículo 12, fracción V, prohíbe la contratación de servicios de consultoría que sean equivalentes a las funciones de los servidores públicos y sean indispensables.
Además, el tema aparece en el Plan 50 de Austeridad; el punto 48 señala:
“No se autorizará la contratación de despachos, consultores externos para elaborar proyectos de los servidores públicos”.
El caso que sobresale es la contratación de consultores en la Consejería Jurídica, que es la dependencia de la Administración Pública Federal que tiene como objetivo revisar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del Presidente de la República, así como los proyectos de iniciativas de Ley que el titular del Ejecutivo presenta al Congreso de la Unión, cuidando que, en su contenido y forma, estén apegados a la Constitución y las Leyes.
Eso se contrapone con el compromiso inicial de que esas figuras no serían las encargadas de elaborar proyectos de ley. De acuerdo con el directorio de la Consejería, hay consultores de apoyo, de defensa legal y jurídicos de tres niveles (A, B2, B3 y General A).
El sueldo de un Consultor Jurídico nivel A es de 102 mil pesos mensuales brutos; es decir 71 mil 032 pesos netos.
Pero en la práctica, 2021 fue el año en que más consultores hubo en la administración pública federal.
De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se registró a 2 mil 168 personas trabajando como consultores. La mayoría en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con mil 454; le sigue la Consejería Jurídica con 104; Nacional Financiera, con 89; la Fiscalía General de la República FGR), con 84, y la Secretaría de Economía, con 68.
La Subdirección General de Comunicación del Infonavit envió una carta a SinEmbargo para explicar que dentro de su estructura organizativa existe un puesto denominado “consultor”, el cual realiza tareas especializadas inherentes a los objetivos del Instituto, cuya misión es ofrecer soluciones financieras para que las y los trabajadores derechohabientes accedan a una vivienda adecuada.
En la misiva se agrega que se trata de personal de planta, contratado directamente por Infonavit, que realiza sus funciones dentro de las instalaciones del Instituto y se encuentra obligado a todo lo que dispone el Contrato Colectivo de Trabajo.
TAMBIÉN CONTRATAN CONSULTORAS
Pero no sólo se ha contratado a personal sino también se celebraron contratos con consultoras privadas.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) tiene contratos por 9 millones 856 mil 339 pesos para inspecciones detalladas; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), un contrato por 5 millones 410 mil pesos para la implementación y seguimiento de un cambio de suelo, y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM) pagó 10 millones 795 mil 666 pesos por investigaciones de mercado.
En el caso de los despachos, hay 54 contratos públicos de diferentes instancias.
Los contratos son en su mayoría adjudicaciones directas o restringidas a tres participantes y la dependencia que más ha contratado es el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército).
Los más costosos son por 2 millones 239 mil 628 pesos por “Servicios de despachos de abogados externos para la recuperación judicial de cartera vencida y gestión de litigios” celebrado en 2019; otro por 5 millones 802 mil 900 mil pesos para el mismo objetivo en 2021.
El caso que resalta de la contratación de despachos es un contrato del Infonavit por 26 millones 680 mil pesos entregado a Coninter y Asociados SC por Adjudicación Directa el 8 de julio del 2021 con el objetivo de que dicho el despacho jurídico realizara “todas las acciones legales necesarias para defender en una estrategia integral y unificada, los intereses del Instituto en todas sus etapas procesales en la atención y seguimiento de las carpetas de investigación” ubicadas en la Fiscalía General de Nayarit.
El Instituto confirmó a este medio el contrato con Coninter y Asociados SC y dijo que se dio “conforme a la normatividad vigente aplicable”. De acuerdo con el contrato, que es público, éste tiene una vigencia de julio de 2021 a julio de 2024.
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CARTA ACLARATORIA DEL INFONAVIT A SINEMBARGO
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MENSAJE ACLARATORIO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA A SINEMBARGO
Ciudad de México, 11 de abril de 2022.
Alejandro Páez Varela,
Director General de SinEmbargo.mx
Con relación a las afirmaciones que hace la periodista Daniela Barragán en un reportaje publicado en SinEmbargo.mx y en su canal de YouTube el pasado 5 de abril en el sentido de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) tiene contratados a consultores y despachos externos, debo señalar que son erróneas e imprecisas.
La información compartida por la reportera parte de una apreciación equivocada de los hechos. La CJEF no tiene contratado a ningún consultor o despacho externos que brinden servicios de asesoría para el desarrollo de sus actividades encomendadas.
Que haya puestos denominados “Consultor jurídico” no significa que sean externos o que pertenezcan a algún despacho particular. Cada una de las personas que presta sus servicios en esta consejería cuenta con un nombramiento que lo acredita como servidor público adscrito a la misma, cuyos códigos de puestos, niveles, denominaciones y funciones asignadas se encuentran debidamente registradas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), y pueden ser consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia (https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio).
Atentamente
María Estela Ríos González,
Consejera Jurídica.
